LA DEFENSA DE LA UNIATLANTICO, MI UNIVERSIDAD

Por GASPAR HERNANDEZ CAAMAÑO.
Vicerrector.

Aprendí, escuchando a Fernando Savater en el Aula Máxima del Colegio Marymount de Barranquilla, que la educación del ser humano es un asunto público; que no existe educación privada. Y en tratándose de Educación Superior, universitaria, la Constitución Política de la República de Colombia la define, en su artículo 67, como «un servicio público que tiene una función social».

En ese norte político, jurídico y epistemológico entonces, cómo defender a la Universidad del Atlántico, única con financiación estatal en el Departamento?. Aislándola? O entendiendo su función social como una necesidad de todos, de autoridades públicas y de entidades privadas? La educación superior, en un Estado Social de Derecho, no es una prerrogativa solo del Estado o de la Empresa Privada o Familiar. Es una tarea de toda la sociedad.

Por eso me pregunto ¿QUIEN O QUIENES ESTÁN PENSANDO DEFENDER ESE PATRIMONIO PUBLICO QUE SE LLAMA: UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO?.

Los tres encapuchados que cada vez, sin razón suficiente, siembran de terror el campus del Kilómetro 7 de la Vía al Mar; o las buenas intenciones del Ministerio de Educación Nacional, que cumplidamente financia el 90% del presupuesto de gastos de la Universidad que fundó Julio Enrique Blanco. Quien defiende, pensándola, a la Universidad donde se forman profesionalmente 24 mil jóvenes colombianos, la mayoría del Caribe Continental?

Frente a la tarea que genera mi interrogante, es menester afirmar que la Universidad del Atlántico desde hace 5 años, desde el 2012, no tiene rector o rectora TITULAR. Y que la rectoría es, por mandato legal, «la máxima autoridad administrativa y la representación legal» de la Institución, que en este momento tiene un superávit de tesorería cercano a los $ 120 mil millones de pesos.

Me explico. Desde que se inició el periodo de Gobierno del Ex-gobernador José Antonio Segebre Berardinelli, un destacado empresario del sector inmobiliario, la rectoría de la Universidad del Atlántico fue «feriada» por diversos apetitos, bajo el argumento que la rectora titular para entonces, la ingeniera Ana Sofía Mesa de Cuervo había llegado a la edad de retiro forzoso, pues cumpliría en Septiembre del 2012, 65 años de edad. Ese fue el caballito de batalla del Señor Gobernador Segebre para poder «apoderarse» de ese cargo, cuya remuneración es más alta que el salario del Gobernador.

Y en esa campaña por «botar» a la paisa Ana Sofía, al exgobernador lo acompañaron casi todos los miembros del Consejo Superior, desde la representación estudiantil hasta la del Señor Presidente de la República, los gremios empresariales y los egresados. Por ello desde Septiembre del 2012, la rectora no pudo ejercer, decentemente, el cargo porque su dignidad de mujer y miembro de la comunidad de la tercera edad fue bombardeada por demandas de sindicalistas, investigaciones fiscales, disciplinarias y hasta penales. Y para defenderse y garantizar su derecho irrenunciable a una justa pensión de vejez, no pudo dedicarse a administrar una Universidad donde lo único importante era sacar a la Rectora. Soy testigo privilegiado de esa «masacre» institucional.

En septiembre del 2014, Jose Antonio Segebre, abusando de su precaria condición de Presidente del Consejo Superior Universitario. le «regala» la rectoria de la Universidad del Atlántico a su amigo político y asesor del Transito Departamental, al economista Rafael Castillo Pacheco. A mi, Jose Antonio me dijo en los pasillos del Centro Comercial Buenavista que «le había dado la rectoría a Rafa para que se cuadrará», pues es sabido que el ex director de tránsito estaba en una «llevadez» total después de ser sometido a una delicada intervención quirúrgica. Y en los 11 meses la rectoría no se sabía quién la ocupaba, si un encargado o un designado titular o un candidato a rector quien renuncio a su calidad de docente para posesionarse.

Hasta que llego «el show nocturno» del 14 de Agosto pasado, y en medio de Stripers, el ex gobernador aceptó la salida de su protegido.

El Ministerio de Educación, la Presidencia de la República, los gremios, la academia, los ex rectores y los egresados nombraron en calidad de encargada de la rectoría Universidad del Atlántico a la socióloga Rafaela Vos Obeso,

cuyo despacho, apenas se posesiono, fue destruido con bombas explosivas lazadas por encapuchados que en bolsas negras, lo muestran las imágenes del vídeo de los hechos, cargaron con documentos de oficinas públicas, sin que hasta el momento alguien responda por semejante atentado terrorista al Alma Mater.

Estos acontecimientos de reciente data, y que aquí no han sido contados en detalles, contienes las situaciones vividas en la búsqueda y conservación de la rectoría, luego que la Universidad fuera intervenida por el gobierno del ex presidente Uribe Vélez. Intervención que evito su inminente cierre, después del desastre financiero que provocaron los rectores de finales del siglo XX y los que por recomendación de la Universidad del Norte ocuparon la rectoría, con tal ineficacia para comprender al «potro salvaje», que para muchas es la más apetecida «gallina de los huevos de oro». Aquí me pregunto ¿cuantas instituciones de garaje  han nacido y subsistido solo porque sus «emprendedores» han tenido la dicha de manejar el presupuesto de la Universidad del Atlántico? Entonces la inestabilidad en el manejo administrativo de la Universidad en estos últimos cinco años solo tiene, para mí, un responsable: el exgobernador Segebre Berardinelli; quien no descansó hasta sacar, ilegalmente, a la ex rectora Mesa y decidir, con su voto, los dos encargados. Y obvio los demás miembros del Consejo Superior que, por culpa o dolo, han decidido en los cambios en la rectoría, mal informado algunos o desconocedores de la vida universitaria otros. De la universidad del atlántico mucho se informa en las redes sociales y hasta en los medios, pero muy pocos tienen el conocimiento, real y preciso, no solo de su vida académico, sino financiera.  

Esta última afirmación la hago con conocimiento de causa pues escuche, en vivo y en directo, el discurso de uno de los tres postulados para la rectoría que desconocía que la Universidad del Atlántico está intervenida por las normas de la Ley 550 de 1990?( título de la ley) desde el año 2006 y dicha intervención está programada hasta agosto del 2020, si logra en estos venideros años pagar las acreencias pendientes (Colpensiones una de ellas) y enfrenta, exitosamente, las cientos de demandas de ex empleados, ex trabajadores, pensionados y empleados y docentes que se tramitan en juzgados, tribunales y altas cortes de las jurisdicciones ordinaria y contencioso administrativa del  país.

Entonces cómo defender, a futuro, el servicio público de educación superior que presta, con un nivel de calidad, la Universidad del Atlántico, mi universidad (soy egresado y servidor público de la misma). Esa pregunta es una tarea, no de una persona, sino de una comunidad que, pasivamente, ve como otros, unos pocos, deciden la suerte de su fuente de educación y de empleo. Por ello comprendo el mensaje de la Ministra de Educación Nacional al pedir ayuda para que nuestra Universidad Estatal supere la crisis financiera y académica que sufre desde finales del siglo pasado.

La Ministra ha pedido ayuda, no intervención privada en el manejo, autónomo, de la Universidad. Y esa ayuda debe provenir de todos. En especial de los universitarios que somos lo que somos por el privilegio de tener la Universidad del Atlántico abierta y funcionando muy a pesar de los peculados, detrimentos patrimoniales, bombas y papas explosivas, encapuchados y desnudos que, a diario, se denuncian ante la Fiscalía, las Contralorías, la Procuraduría y los medios y redes sociales, amén de los panfletos que, también a diario, se redactan y difunden por los pasillos y tertuliaderos de la propia universidad; sin que se conozcan condenas y sanciones ejecutoriadas.

En esta intención de proponer la defensa del futuro de la Universidad del Atlántico, desde la reflexión y el juicio, no deseo referirme a la demanda de simple nulidad instaurada, por un docente y una estudiante de la Facultad de Ciencias Jurídicas, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Atlántico, donde en días de Carnaval se extravió, sospechosamente,  el original del expediente. Y por cuyo trámite procesal se ordenó, al Consejo Superior, autoridad nominadora, la suspensión de la elección de un rector titular. La omito porque esa es otra historia de una auténtica vergüenza institucional.

La Universidad necesita que la defendamos, no con ruidos (twitter etc.), sino con conocimiento de sus problemas estructurales y buscar soluciones reales y posibles como la sostenibilidad fiscal para que la acreditación institucional en excelencia académica sea, pronto y prudentemente, una realidad para beneficio de todos los habitantes del caribe colombiano. La universidad es de todos, no de los encapuchados. Y todos estamos obligados a defenderla decentemente. Como en Fuente ovejuna: TODOS EN UNA.