Por Jaime Ivan Borrero Samper
No creo en la crítica fácil. Y mucho menos cuando se trata de la educación pública.
Sería irresponsable desconocer que el Gobierno nacional ha incrementado los recursos destinados a las universidades públicas en los últimos años. Las cifras oficiales muestran un esfuerzo relevante en financiación, que incluye transferencias, gratuidad y ajustes al modelo previsto en la Ley 30.
Eso hay que reconocerlo.
Pero reconocer avances no implica renunciar al análisis crítico cuando se plantean reformas que pueden incidir en la estructura misma de la carrera docente universitaria.
Me refiero a la propuesta de modificación del Decreto 1279 de 2002.
«Lo que está en discusión»
La reforma, según los documentos conocidos, introduce cambios de fondo:
-Establece topes salariales por categoría docente,
– Fija un límite máximo de puntos en la carrera profesoral,
-Incorpora una bolsa anual de puntos condicionada al presupuesto,
– Y redefine el reconocimiento de la productividad académica, que dejaría de operar bajo una lógica estrictamente automática
No se trata, entonces, de un simple ajuste técnico.
Se trata de una posible transición hacia un modelo donde el reconocimiento del mérito académico podría verse influido por variables fiscales.
«Lo que comparto»
Hay que ser rigurosos.
El sistema del 1279 presenta distorsiones.
Existen casos que deben revisarse.
Y el Estado tiene el deber constitucional de garantizar el uso eficiente de los recursos públicos.
En ese sentido, revisar, ajustar y fortalecer el sistema no solo es legítimo, sino necesario.
«La inquietud de fondo»
Mi preocupación no está en la intención de ordenar el sistema, sino en los efectos que podría generar su rediseño.
Cuando se introducen límites al crecimiento salarial, cuando el reconocimiento de puntos se vincula a una disponibilidad presupuestal anual y cuando se modifica la relación directa entre producción académica y reconocimiento económico, surge una pregunta razonable:
¿Cómo impactará esto la lógica de la carrera docente en el mediano y largo plazo?
No afirmo que el mérito desaparezca.
Pero sí considero que el modelo podría tensionar la forma en que históricamente se ha reconocido.
Y esa tensión merece ser discutida con seriedad.
«Una tensión que debe explicarse»
Aquí hay un punto que no puede pasarse por alto.
Si el Estado ha incrementado la financiación de la educación superior pública , como efectivamente lo ha hecho, resulta válido preguntarse por la coherencia del modelo en construcción.
No como una acusación, sino como una inquietud legítima:
¿Cómo se articula el aumento de recursos con un esquema que introduce límites al crecimiento salarial docente?
La respuesta no es evidente y requiere una explicación clara desde la política pública.
«El plano jurídico y político»
Esta reforma no puede analizarse de manera superficial.
Toca aspectos sensibles como: la estructura de la carrera docente, la previsibilidad del sistema y la forma en que el Estado reconoce la producción académica
No se trata de anticipar juicios de inconstitucionalidad sin un estudio completo.
Pero sí de advertir que cualquier modificación debe ser cuidadosa para no afectar la confianza en las reglas del juego.
«Mi posición»
Lo planteo con claridad:
Estoy de acuerdo con revisar el Decreto 1279.
Estoy de acuerdo con corregir abusos.
Estoy de acuerdo con fortalecer los mecanismos de control y transparencia.
Pero considero que cualquier reforma debe evitar generar incertidumbre sobre el reconocimiento del mérito académico.
La universidad pública no se fortalece negando sus problemas.
Pero tampoco se consolida si se debilitan los incentivos que sostienen la docencia, la investigación y la formación de alto nivel.
El desafío no es escoger entre sostenibilidad fiscal y mérito académico.
El verdadero desafío es lograr un equilibrio que permita ordenar el sistema sin tensionar aquello que le da sentido: el reconocimiento del conocimiento.
Ese es el debate que el país necesita dar.
Y es un debate que exige más argumentos que consignas.
