Preocupante nos resulta la situación que se vive al interior de la Universidad del Atlántico, donde sus autoridades nos se pronuncian en contra de denuncias realizadas por nuestra organización sindical de Acoso Psicológico, persecución laboral y violencia contra la mujer.
Hoy día al parecer el acoso es en contra de directivos sindicales, a quienes en contra de su voluntad, la rectoria de la universidad del Atlántico pretende trasladar de sus puestos de trabajo inconsultamente, violando lo estipulado en la Constitución Nacional, las leyes y en especial lo indicado en el articulo 405 del Código Sustantivo del Trabajo.
Nuevamente reiteramos a la rectora encargada nuestras denuncias y esperamos que se asesore mejor jurídicamente, pues la Universidad esta acéfala de protección jurídica.
Damos a conocer el documento que radicamos en el día de hoy en los correos institucionales de la rectora, administrativo y jefe de Talento Humano. De igual manera pusimos en conocimiento de la presidencia de la República, Ministerios de Educación y Trabajo, Gobernación del Atlántico, Consejeros y medios de comunicación los presuntos hechos de persecución contra trabajadores y directivos sindicales:
DOCTORA
RAFAELA VOS OBESO
RECTORA
UNIVERSIDAD DEL ATLANTICO
E.S.D.
Doctor
GASPAR HERNANDEZ CAAMAÑO
VICERECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Doctor
GONZALO LIZARAZO MEJIA
JEFE DE TALENTO HUMANO
REF. DERECHO DE PETICION- TRASLADOS INCONSULTOS DE UN DIRECTIVO SINDICAL.
JAIME IVAN BORRERO SAMPER, identificado con la cedula de ciudadanía numero 8.510.295 expedida en el Suan Atlantico, concurro ante usted conforme a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución Nacional y el 13 y ss del decreto 1437 de 2011, con el fin de presentar Derecho de Petición.
–El Código Sustantivo de Trabajo, en su artículo 405, define al fuero sindical como “la garantía de que gozan algunos trabajadores de no ser despedidos, ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, ni trasladados a otros establecimientos de la misma empresa o a un municipio distinto, sin justa causa, previamente calificada por el Juez del Trabajo”.
-Mediante Resolución de Rectoría número 004204, fechada 30 de diciembre de 2015, el señor ABRAHAM JAVID ADIE VILLAFAÑE, Técnico Administrativo, fue trasladado para el Departamento de Bienes y Suministros de la Universidad del Atlantico y quien además es el vicepresidente de nuestra organización Sindical.
-Mediante Comunicación fechada 04 de enero de 2016, se le informo que en cumplimiento de la precitada resolución, sería trasladado a desempeñar sus funciones como técnico administrativo nivel 3 Grado 18 del departamento de gestión de Talento Humano hacia el Departamento de Bienes y suministros, Traslado que el señor ADIE VILLAFAÑE acepto.
-Al parecer usted pretende trasladar nuevamente al compañero Vicepresidente de nuestra organización sin consultar previamente si el mismo acepta, violando sus derechos constitucionales y legales.
-Realmente es preocupante la situación que se viene dando con los trabajadores de la universidad del Atlantico por parte de la administración de la Institución educativa, pues por una parte la Jefe encargada de la oficina Jurídica, presuntamente maltrata a una compañera trabajadora, la acosa psicológicamente y la persigue laboralmente, no existiendo pronunciamiento alguno de su parte a quien en su debido momento, formalmente, le comunicamos de esta situación y ahora al parecer nos encontramos ante un nuevo caso de acoso, esta vez en contra de un Directivo sindical.
Ha reiterado la corte Constitucional en múltiples oportunidades, que la relevancia de la figura del fuero sindical está en relación de conexidad necesaria con la protección especial que la Constitución prevé para las asociaciones sindicales. Por cuanto las mencionadas organizaciones tienen a su cargo la defensa y promoción de los intereses de sus afiliados, el sistema jurídico ha diseñado las herramientas necesarias para que el ejercicio de la actividad sindical no devenga ilusoria debido a la posición dominante de los empleadores frente a los empleados. La Corte ha señalado al respecto:
“La institución del fuero sindical es una consecuencia de la protección especial que el Estado otorga a los sindicatos para que puedan cumplir libremente la función que a dichos organismos compete, cual es la defensa de los intereses de sus afiliados. Con dicho fuero, la Carta y la ley, procuran el desarrollo normal de las actividades sindicales, vale decir, que no sea ilusorio el derecho de asociación que el artículo 39 superior garantiza; por lo que esta garantía mira a los trabajadores y especialmente a los directivos sindicales, para que estos puedan ejercer libremente sus funciones, sin estar sujetos a las represalias de los empleadores. En consecuencia, la garantía foral busca impedir que, mediante el despido, el traslado o el desmejoramiento de las condiciones de trabajo, se perturbe indebidamente la acción que el legislador le asigna a los sindicatos.”[ 2]
Aunque tal institución fue consagrada legalmente en Colombia desde la década de los 40[ 3], con la Constitución de 1991, se elevó a rango superior y se amplió su margen de amparo. La Carta además, mediante la figura del bloque de constitucionalidad del artículo 93 Superior, incorporó las garantías que sobre la materia contemplan los convenios internacionales:
“Para definir el contenido y alcance de la protección constitucional que se deriva del artículo 39 de la Carta procede recordar que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana de los Derechos Humanos y el Protocolo de San Salvador, estipulan i) que toda persona tiene derecho a asociarse libremente y a constituir sindicatos en defensa de sus intereses, ii) que, para el efecto, los trabajadores deben gozar de total libertad de elección, iii) que los requisitos para fundar e ingresar a un sindicato solo pueden ser establecidos por la propia organización, iv) que la ley puede establecer restricciones al derecho de asociación sindical en interés de la seguridad nacional y en defensa del orden público, y iv) que los Estados Partes, que a su vez son miembros del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo, no pueden adoptar medidas legislativas que menoscaben la libertad sindical y el derecho a la sindicalización (La Declaración Universal de Derechos Humanos fue adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, Económicos Sociales y Culturales fueron abiertos a la firma, ratificación y adhesión por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante resolución 2200A (XXI) de 16 de diciembre de 1966, la Convención Americana de los Derechos Humanos fue adoptada por la Conferencia Especializada Interamericana sobre Derechos Humanos reunida en San José el 22 de noviembre de 1969, -Leyes 74 de 1968 y 16 de 1972 respectivamente.)
La ampliación de la figura del fuero sindical, no tuvo repercusiones tan sólo en punto de la estabilidad laboral de los beneficiados con el mismo, sino también de la categoría de trabajadores que tienen la posibilidad de asociarse en sindicatos. Al incluir el artículo 39 Superior el cuantificador universal “todos” para determinar la categoría de trabajadores pasibles de sindicalización, impuso también la carga a todos los empleadores de someter a calificación judicial la decisión de desmejorar las condiciones laborales o despedir a los miembros aforados del sindicato [4].
Esta calificación judicial [5] es una de las características definitorias de la figura del fuero sindical. En ese sentido, corresponde al operador jurídico determinar si se configuró o no la justa causa del despido, traslado o desmejora en el caso concreto [6]. Cualquier decisión de las anteriormente mencionadas que adopte el patrono, sin que medie para ello autorización del juez del trabajo, constituye vulneración de los derechos a la asociación sindical y al debido proceso, entre otros. Esta infracción de las garantías básicas puede, si se configuran las causales de procedibilidad, ser planteada al juez constitucional mediante la acción de tutela.
Ahora bien cuando el empleador despide, traslada o desmejora a un trabajador aforado, sin que medie autorización judicial, el trabajador puede acudir a la jurisdicción laboral en acción de reintegro. Corresponde al operador judicial, en esta hipótesis, determinar si el patrono estaba obligado a solicitar permiso judicial para el despido, y si el mismo cumplió con tal deber. (Corte constitucional, Sentencia T-683 de 2006).
[1] T- 873 de 2004 M. P. Marco Gerardo Monroy Cabra, entre muchas.
[2] Sentencia C-593 de 1993.
[3] Al respecto pueden consultarse el artículo 18 del Decreto Ley 2350 de 1944, y el artículo 40 de la ley 6ª de 1945.
[4] Ver sentencia SU-036 de 1999.
[5] La calificación judicial del despido, traslado o desmejora de los trabajadores aforados está a cargo de la justicia laboral ordinaria. Es decir la competencia para desatar los problemas suscitados con ocasión del fuero sindical, sin importar si se trata de empleados públicos, corresponde a la jurisdicción laboral. El artículo 2º de la ley 362 de 1997 señala que: “(…) La jurisdicción del trabajo está instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo. También conocerá de la ejecución de las obligaciones emanadas de la relación de trabajo; de los asuntos sobre fuero sindical de los trabajadores particulares y oficiales y del que corresponda a los empleados públicos”
[6] Al respecto puede consultarse la sentencia C-710 de 1996.
PETICION
Conforme a lo anteriormente expuesto, con el respeto que me caracteriza, solicito de abstenerse de realizar traslados de Trabajadores con Fuero Sindical sin el consentimiento de los mismos, pues hacerlo es solo competencia de la justicia Laboral Ordinaria.
NOTIFICACIONES
Recibo Notificaciones y Correspondencia en la Calle 72 no.68-59 bloque 19 Apta 301 en la ciudad de Barranquilla.
JAIME IVAN BORRERO SAMPER
PRESIDENTE
- Presidencia de la Republica- Ministerio De Trabajo- Ministerio de Educación- Procuraduría- Consejo Superior de la Universidad del Atlantico- Gobernación del Atlantico.
