Por Jaime Ivan Borrero Samper
La Universidad del Atlántico no fue sometida a vigilancia especial para que el poder cambiara de manos y siguiera operando de la misma manera. Fue intervenida porque la institucionalidad fue secuestrada, porque se perdió el control legal de la administración y porque la Universidad dejó de responder a sus fines misionales.
Ese es el hecho político y jurídico de fondo.
Negarlo es autoengaño.
La medida adoptada por el Ministerio de Educación Nacional, al amparo de la Ley 1740 de 2014, no es un espaldarazo político, ni una delegación de poder discrecional, ni mucho menos una patente de corso para que terceros, con agenda propia, se apropien de la Universidad.
Sin embargo, hoy es imposible guardar silencio frente a una realidad cada vez más evidente: la vigilancia especial empieza a ser rodeada, interferida y distorsionada por operadores políticos que actúan desde la sombra.
«No hay vacío de poder: hay intromisión indebida»
Aquí no hay confusión institucional.
Lo que hay es intromisión.
Se ha instalado, de manera abierta y reiterada, la actuación de personas sin ningún vínculo laboral ni contractual con la Universidad del Atlántico, ni con el Ministerio de Educación Nacional, que opinan, orientan, presionan y condicionan decisiones administrativas, amparándose en un supuesto respaldo del Gobierno Nacional.
Personas que hablan en nombre del Presidente Gustavo Petro.
Personas que invocan al Ministerio de Educación como si fueran sus delegados.
Personas que no tienen acto administrativo, ni nombramiento, ni responsabilidad jurídica, pero que pretenden ejercer poder real.
Eso no es acompañamiento institucional.
Eso es captura informal del poder.
Y cuando esa captura tiene sesgo político, cuando busca favorecer sectores con aspiraciones electorales externas a la Universidad, el problema deja de ser administrativo y se convierte en una amenaza directa a la autonomía universitaria y a la legalidad.
«El nombre del Presidente no es un salvoconducto»
Decirlo con claridad es una obligación ética y política: nadie puede usar el nombre del Presidente de la República como coartada para intervenir una universidad pública.
El Gobierno del presidente Gustavo Petro, al que muchos respaldamos políticamente, no se honra con operadores informales, ni con prácticas opacas, ni con intermediarios sin investidura. Por el contrario, se deslegitima cuando su nombre es utilizado para justificar decisiones sesgadas, presiones indebidas o reacomodos de poder.
Si alguien actúa en nombre del Presidente o del Ministerio, debe demostrarlo con actos administrativos, competencias formales y responsabilidades claras.
Todo lo demás es usurpación simbólica del poder.
«Castillo no fue designado para servir de fachada«
El rector designado por el MEN no llegó para ser una figura decorativa, ni para permitir que otros gobiernen a través suyo. Llegó, en teoría, para recuperar la institucionalidad, no para prestarse como fachada de intereses ajenos a la Universidad.
Si su administración tolera, permite o legitima la incidencia de operadores políticos externos, será responsable por acción u omisión. La vigilancia especial no exonera responsabilidades: las agrava.
«La contratación: el botín preferido de la captura«
No es casualidad que el punto más sensible sea la contratación.
Cuando aparecen decisiones contractuales desfasadas, selectivas, lentas o direccionadas; cuando se paralizan procesos misionales mientras se mueven otros con rapidez sospechosa; cuando la contratación empieza a oler más a cálculo político que a planeación institucional, la alarma debe encenderse.
La contratación pública no es una herramienta de alineamiento político, ni un premio, ni una palanca para construir lealtades. Quien la use así repite exactamente las prácticas que llevaron a esta Universidad a la crisis.
«Esta vez sí habrá oposición»
Que no haya dudas.
Esto no es una diferencia de opinión, ni una crítica coyuntural, ni un malestar pasajero.
Esto es oposición institucional consciente y decidida.
Oposición a la captura del poder.
Oposición a la informalidad con sesgo político.
Oposición a la utilización de la Universidad como plataforma de proyección externa.
La Universidad del Atlántico no se recupera cambiando de nombres, sino cambiando de prácticas. Y quien crea que puede administrar la vigilancia especial como un botín transitorio, encontrará resistencia.
Aquí no se gobierna con rumores, ni con “mensajes del Presidente”, ni con supuestas líneas del Ministerio transmitidas por terceros.
Aquí se gobierna con ley, con actos administrativos y con responsabilidad pública.
Todo lo demás es ilegítimo.
Y frente a eso, no habrá silencio, ni prudencia cómoda, ni acompañamiento acrítico.
Habrá oposición.
