Por Jaime Ivan Borrero Samper
La Universidad del Atlántico vive hoy uno de los capítulos más oscuros de su historia reciente.
El caos institucional no nació de la noche a la mañana: fue sembrado con la irresponsabilidad de quienes, teniendo el poder de decidir conforme a la ley y los estatutos, prefirieron obedecer intereses políticos antes que defender la transparencia universitaria.
«Un Consejo Superior que desconoció la legalidad»
El pasado 27 de octubre de 2025, cinco miembros del Consejo Superior Universitario, encabezados por su presidente Eduardo Verano De la Rosa, decidieron designar como rector al señor Leyton Daniel Barrios Torres, a pesar de que no cumplía los requisitos mínimos para ejercer el cargo según el artículo 29 del Estatuto General y el Acuerdo Superior 000023 de 2025.
No fue una decisión inocente. Fue una imposición política, advertida con anticipación por la comunidad universitaria, el Ministerio de Educación Nacional y múltiples sectores que pidieron prudencia y legalidad.
La falsa motivación del Comité de Credenciales, la omisión del Consejo Superior y la premura en consumar el nombramiento a pesar de las advertencias, condujeron a lo que hoy es evidente: una Universidad sin rumbo, sin rector legítimo y sin autoridad moral para gobernarse.
«Crisis de seguridad y pérdida del control institucional«
Ayer, en medio del intento de realizar la Asamblea Multiestamentaria convocada por los estudiantes, se registraron hechos de intimidación y violencia dentro del campus universitario.
Personas ajenas a la institución, identificadas por los mismos estudiantes, ingresaron a los predios universitarios agrediendo y amenazando a quienes ejercían su derecho a la libre expresión.
Estos hechos , graves y alarmantes, demuestran que la Universidad del Atlántico ha perdido el control de su seguridad interna y que el descontento ha escalado hacia una peligrosa fractura del orden universitario.
La comunidad estudiantil, con entereza, ratificó su decisión de mantenerse en paro indefinido, denunciando la persecución y la represión que sufren por parte de la administración actual.
«La medida judicial que no resuelve el fondo del problema»
El fallo de tutela que suspendió transitoriamente la Resolución 002 del Comité Electoral no resuelve el fondo del asunto ni devuelve legitimidad al proceso rectoral.
Esa suspensión es meramente provisional, no anula la resolución ni legitima la elección.
El Comité Electoral actuó dentro de sus competencias y con base en el Estatuto Electoral, al declarar la nulidad de la elección de quien no acreditó experiencia docente ni cargos directivos en instituciones de educación superior.
Lo que existe hoy es un vacío de autoridad provocado por decisiones precipitadas, asesorías erradas y un Consejo Superior que rompió la línea institucional.
«Responsabilidad compartida»
La crisis no solo compromete al Consejo Superior y a su presidente Eduardo Verano.
También hay responsabilidad del Gobierno Nacional, del Presidente Gustavo Petro y del Ministro de Educación, quienes han guardado un silencio inexplicable frente a las pruebas, denuncias y documentos que demuestran la irregularidad en la elección.
Cada día que pasa sin una acción correctiva, la Universidad se hunde más en la ingobernabilidad, la desconfianza y el desgobierno.
«Llamado a la sensatez y la institucionalidad«
El momento exige serenidad, no imposiciones.
El Consejo Superior de la universidad del Atlántico, debe convocar de inmediato una decisión correctiva que restablezca la legitimidad del proceso rectoral y devuelva la tranquilidad al claustro académico.
El Ministerio de Educación no puede seguir observando desde la distancia mientras la Universidad del Atlántico se desmorona entre tutelas, agresiones y paros indefinidos.
La comunidad universitaria, trabajadores, docentes y estudiantes, reclama una sola cosa: respeto por la verdad, la ley y la autonomía universitaria.
“La institucionalidad no se defiende con imposiciones, sino con la verdad, el diálogo y el respeto por la legalidad.”
Hoy, más que nunca, el país necesita entender que lo que ocurre en la Universidad del Atlántico no es un conflicto interno: es un reflejo del deterioro de la gobernabilidad pública cuando el poder político se impone sobre la ley.
