Por Jaime Ivan Borrero Samper
Frente a la columna “Uniatlántico: ¿gran acuerdo o ingobernabilidad?
La Universidad del Atlántico atraviesa una crisis que exige honestidad, precisión y transparencia. Por eso sorprende que, en medio de un momento tan delicado, algunos intenten reducir el debate a una disputa política entre Gobierno Nacional y grupos locales de poder, desviando la atención del problema central: la legalidad del acto de designación del rector Leyton Barrios y la gravedad de la falsedad documental certificada por instituciones académicas.
La columna publicada recientemente en El Heraldo propone una lectura cargada de sesgos políticos, interpretaciones libres y silencios llamativos que ignoran deliberadamente los hechos más relevantes. Es necesario aclararlos para que la opinión pública conozca la verdad completa.
1. No es un debate político: es un asunto de legalidad y moralidad administrativa
La crisis institucional no se origina en supuestos intereses del Gobierno ni en pugnas por cuotas burocráticas.
La crisis nace en un hecho objetivo:
La Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca declaró oficialmente que la certificación presentada por Leyton Barrios es “COMPLETAMENTE FALSA”.
Ese no es un rumor.
No es una interpretación.
No es una hipótesis política.
Es un ACTA oficial, adoptada por la institución emisora del documento.
A esto se suma que la Corporación Universitaria Americana aclaró que el vínculo de Barrios fue civil ad honorem, sin horas de aula ni funciones docentes, contradiciendo la certificación presentada para acreditar requisitos.
Cuando un proceso rectoral se apoya en documentos falsos o inexactos, el debate deja de ser político y pasa a ser constitucional, ético y legal.
2. El artículo oculta deliberadamente la existencia de falsedad documental probada
La columna se extiende en conjeturas políticas: que si “presión del Gobierno”, que si “amigos del ministro”, que si “pugna con el grupo Char”, que si “estrategias electorales”.
Pero no menciona, ni una sola vez, el contenido del acta de Salamanca.
No menciona la aclaración de la Americana.
No menciona las advertencias del MEN.
No menciona el artículo 5 de la Ley 190 de 1995.
No menciona la jurisprudencia del Consejo de Estado.
No menciona el deber legal de denunciar.
Ese silencio no es casual: es un silencio estratégico.
Porque si se mencionan los hechos, la narrativa se derrumba.
3. La Ley 190 de 1995 no deja margen de interpretación
El columnista afirma que la intervención del MEN es exagerada o motivada políticamente.
Pero omite que la Ley 190, norma anticorrupción, es categórica:
Si un funcionario accede al cargo con documentación falsa o inexacta, se debe proceder a la revocatoria sin necesidad del consentimiento del afectado.
La jurisprudencia del Consejo de Estado lo reitera.
No es una recomendación.
No es un capricho.
Es un deber jurídico.
La vigilancia especial del MEN no es un acto político: es una obligación legal cuando hay riesgo de afectación al servicio público educativo.
4. El artículo intenta presentar a Leyton Barrios como víctima de una persecución
El texto insinúa que todo responde a “llevarse por delante” a Barrios o a una disputa entre Gobierno y Char.
Pero la realidad es otra:
Leyton Barrios enfrenta cuestionamientos documentados, probados y verificados.
No es perseguido: debe responder.
No es un mártir: es un funcionario cuya designación está comprometida por pruebas oficiales.
El país merece claridad, no narrativas sentimentalista o distractoras.
5. El Consejo Superior debe responder, no politizar
El mayor daño para la Uniatlántico no proviene de la intervención del MEN ni de las voces críticas.
El daño proviene de la falta de acciones rápidas, responsables y transparentes por parte del Consejo Superior frente a: la certificación falsa, la acreditación inexacta de experiencia docente, y el incumplimiento de requisitos.
La discusión no debe ser quién “pierde” o “gana” políticamente, sino qué exige la ley y qué demanda la moralidad administrativa.
6. La comunidad universitaria merece un análisis riguroso, no una narrativa partidista
Una universidad pública no puede ser analizada a través de pasiones electorales ni afinidades ideológicas.
Debe ser examinada desde: la legalidad del acto administrativo, la transparencia, la idoneidad del rector, y el respeto irrestricto por las normas.
Quien oculta estos elementos, o los minimiza, no aporta a la solución, sino a la confusión.
En conclusión, la verdad institucional está por encima de cualquier relato político.
La crisis de la Universidad del Atlántico no la generó el Gobierno, ni la vigilancia del MEN, ni la crítica ciudadana.
La crisis surge de un hecho simple y profundo: La institución está siendo dirigida por un rector cuya designación se apoyó en documentos declarados falsos por sus emisores.
Y frente a eso, la comunidad universitaria tiene no solo el derecho, sino el deber de exigir transparencia.
Las universidades se defienden con la verdad, con la ética y con el respeto a la ley, no con relatos que buscan distraer la atención del problema fundamental.
La Uniatlántico merece claridad.
Y la claridad empieza por reconocer los hechos, no por maquillarlos.
