Por Jaime Ivan Borrero Samper
La Universidad del Atlántico vive uno de los episodios más delicados de su historia reciente.
Lo que comenzó como una sospecha sobre inconsistencias en certificaciones académicas hoy se ha transformado en un terremoto institucional que ya toca a la Fiscalía General de la Nación, a medios nacionales y al corazón mismo de la credibilidad universitaria.
En las últimas horas, la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca (CUES) radicó oficialmente una denuncia penal por falsedad ideológica en documento privado, afirmando que Leyton Daniel Barrios Torres nunca ha tenido vínculo laboral, académico, jurídico ni de ningún orden con dicha institución.
La denuncia , registrada con número 2025111901511, deja constancia de algo que ya era evidente para quienes observábamos con preocupación el rumbo del proceso rectoral: un documento central para acreditar experiencia habría sido fabricado, adulterado o falsificado.
Y la universidad de Salamanca no solo lo niega oficialmente:
lo hace mediante su Consejo Superior, en acta formal, tras requerimiento del Ministerio de Educación de Colombia.
No estamos ante rumores.
Estamos ante prueba documental directa, ante denuncia penal en curso, y ante uno de los hechos más graves que puede enfrentar una institución pública de educación superior.
«SINTRADEUA: del silencio de otros al deber de decir la verdad»
Mientras algunos sectores guardaban silencio o insistían en defender lo indefendible, SINTRADEUA asumió desde el principio una postura responsable, valiente y jurídica, actuando con la serenidad y el rigor que exige un caso tan delicado.
Desde el primer requerimiento que recibió la corporación universitaria Empresarial de Salamanca, solicitado por organizaciones y voces responsables del sector, nuestro sindicato insistió en tres principios:
1. Veracidad documental.
2. Transparencia en el proceso rectoral.
3. Defensa del interés institucional por encima de cualquier interés particular.
Hoy los hechos nos dan la razón.
La denuncia de Salamanca confirma lo que advertimos:
no se puede dirigir una universidad pública sobre la base de documentos irregulares ni bajo sombras que comprometan la ética administrativa.
«La patología de la falsedad y la responsabilidad estatal»
El país entero conoce ya:
Que Salamanca niega cualquier relación laboral o docente con el designado rector.
Que el documento aportado es apócrifo.
Que el Consejo Directivo de Salamanca lo informó en acta oficial.
Que esta información llegó al Ministerio de Educación, al Consejo Superior y a la Fiscalía.
Esto configura una situación de alarma institucional.
La falsificación de documentos para acceder a cargos públicos no es una falta menor:
es una violación directa al corazón del sistema de mérito, una agresión a la confianza académica y un atentado contra la administración pública.
Y la ley es clara:
Artículo 5 de la Ley 190 de 1995:
“El servidor público que para obtener el cargo aporte documentos falsos será retirado del servicio.”
Ley 1952 de 2019:
Permite decretar suspensión provisional del servidor investigado para proteger la función pública.
No se trata de política, se trata de legalidad.
No se trata de tibieza institucional, se trata de proteger la universidad.
«El Consejo Superior está llamado a actuar YA«
Con la denuncia penal en curso, con la comunicación oficial en su poder y con el país pendiente, el Consejo Superior tiene un deber: proteger a la Universidad del Atlántico y no a un funcionario cuestionado.
No es una decisión discrecional.
No es un acto político.
No es un movimiento de conveniencia.
Es una obligación legal.
Le corresponde al Consejo Superior:
1. Iniciar de inmediato un procedimiento administrativo disciplinario.
2. Decretar la suspensión provisional del designado rector.
3. Tomar decisión de fondo que retire al funcionario del cargo, conforme a la Ley 190.
Todo lo anterior sin necesidad de consentimiento del implicado
y sin acudir a la justicia contenciosa, porque no se trata de revocatoria directa, sino de retiro por causa legal objetiva.
¿Dónde queda la comunidad universitaria?
En el centro.
Los estudiantes, docentes y trabajadores son los verdaderos afectados cuando la autoridad universitaria pierde legitimidad.
El daño institucional no se mide solo en escándalos mediáticos:
se mide en confianza, credibilidad, imagen pública y futuro académico.
SINTRADEUA no permitirá que la universidad quede atrapada por cálculos políticos ni por silencios cómplices.
Por eso actuamos.
Por eso hablamos.
Por eso seguimos exigiendo claridad.
«La verdad, tarde o temprano, siempre alcanza«
Hoy, más que nunca, la Universidad del Atlántico necesita dirección ética, liderazgo jurídico y valentía institucional.
Lo ocurrido no es un ataque contra una persona.
Es la defensa del sistema público universitario.
SINTRADEUA y quienes hemos trabajado por la transparencia mostramos hoy que la verdad resiste, la verdad se abre camino y la verdad se impone.
La universidad no puede retroceder.
La universidad no puede arrodillarse
ante la falsedad.
La universidad merece dignidad, mérito, ética y liderazgo limpio.
Y es exactamente eso lo que estamos defendiendo.
