Por Jaime Ivan Borrero Samper
La Universidad del Atlántico vuelve a ser noticia por un asunto que debería estar resuelto desde el primer día de la vigilancia especial: la frontera entre lo institucional y lo politiquero, entre lo legal y lo informal, entre el gobierno universitario y el gobierno en la sombra.
En declaraciones públicas, el rector temporal ha afirmado que la contratación se realiza con “criterios técnicos”, que hay “total transparencia” y que la institución está “contra el tiempo” por efectos de la parálisis reciente y la ley de garantías. También ha explicado que, por el tamaño de la Universidad y su planta administrativa, la contratación mediante OPS resulta necesaria para garantizar el funcionamiento institucional.
Hasta ahí, hay una verdad evidente: una universidad no se paraliza y la necesidad de servicios puede existir.
Pero esa explicación no toca el núcleo del debate. Y evitarlo es el verdadero problema.
«El punto no es OPS: el punto es politización, opacidad y decisión sin competencia»
SINTRADEUA no ha sostenido, ni sostendrá, que la Universidad no pueda acudir a órdenes de prestación de servicios cuando exista necesidad real y soporte legal. Lo que se ha advertido, de manera pública y mediante documento formal radicado ante las autoridades competentes, es otra cosa: que decisiones administrativas y contractuales no pueden estar permeadas por intereses electorales; que nadie puede intervenir en nombramientos, contratación o acceso a información institucional sin competencia jurídica formal; y que la vigilancia especial no puede convertirse en una excusa para legitimar decisiones por fuera de la legalidad.
Ese es el debate que importa. Ese es el debate que no se responde con eslóganes.
“Transparencia” no es decirlo: es demostrarlo
Cuando una administración afirma que actúa con transparencia, lo mínimo exigible es que existan y se hagan verificables, entre otros, los siguientes elementos:
-criterios públicos de selección y necesidad del servicio;
-trazabilidad de quién solicita, quién evalúa, quién aprueba y quién firma;
-soporte de perfiles y experiencia;
-control sobre conflictos de interés;
y, especialmente, claridad sobre quién tiene la competencia y si existe o no intervención de terceros sin vínculo formal.
Sin esos soportes, la “transparencia” es apenas una palabra útil para entrevistas, pero inútil para la legalidad.
El problema de fondo: la normalidad institucional no se decreta
El rector temporal insiste en que está cumpliendo una tarea asignada por el Ministerio. Pero la Universidad del Atlántico no puede acostumbrarse a una idea peligrosa: que la excepcionalidad se vuelva regla.
La vigilancia especial es una medida temporal. Si se prolonga indefinidamente y, peor aún, si alrededor de ella reaparecen prácticas de reparto, influencias, presiones y operadores informales, entonces deja de ser solución y pasa a ser parte del problema.
Mientras la Universidad continúe intervenida por el Gobierno Nacional a través del Ministerio, y mientras su dirección se mantenga por fuera de los mecanismos estatutarios ordinarios, la normalidad institucional no es un relato: es un pendiente.
Descalificar al sindicalismo no responde nada
Resulta aún más preocupante que, en lugar de ofrecer documentos y explicaciones verificables, se pretenda convertir una alerta institucional en un ataque personal contra el sindicalismo, hablando de “privilegios”, “favorecimientos” o insinuando incumplimientos laborales.
Eso no es una respuesta. Es un desvío.
El sindicalismo no existe para aplaudir administraciones; existe para exigir legalidad, proteger derechos y evitar que la Universidad sea tratada como botín de poder. Y si alguien afirma que “integrantes” de una organización han sido “favorecidos”, lo responsable no es lanzar frases al aire: lo responsable es mostrar hechos concretos y soportes. Lo demás es ruido.
Lo que exigimos es simple y democrático: claridad y legalidad
Por eso reiteramos, de manera pública y formal, lo que ya se puso en conocimiento de las autoridades:
1- que se ejerza control preventivo sobre decisiones contractuales y directivas;
2- que se acredite documentalmente quién decide y con qué competencia;
3- que se certifique si existen o no terceros interviniendo sin investidura formal;
4- y que se garantice que la Universidad no será usada como plataforma electoral ni como maquinaria de captación política.
La Universidad del Atlántico merece algo más que discursos defensivos. Merece reglas claras. Merece trazabilidad. Merece verdad verificable.
La recuperación institucional no puede terminar en una entrevista.
Tiene que terminar en normalidad, legalidad y autonomía real.
