El Consejo Superior de la Universidad del Atlántico aplazó el debate sobre la modificación del Estatuto General, específicamente en lo referente a la posibilidad de reelección de quien ocupe la Rectoría. La noticia fue presentada por algunos medios con un énfasis en la supuesta intención de garantizar la reelección inmediata del actual rector, cuando en realidad lo que se busca es modificar el estatuto para que el rector en funciones, sin importar quien sea, tenga la posibilidad de ser reelegido.
Además, el aplazamiento del debate no se debió a la falta de argumentos o consenso sobre la necesidad de la reforma, sino a la presentación de recusaciones contra cuatro consejeros. Un detalle que no es menor, pues pone en evidencia que las recusaciones han sido utilizadas en el pasado como una herramienta para frenar decisiones estratégicas dentro de la universidad.
«Recusaciones: ¿garantía de transparencia o maniobra dilatoria?»
El aplazamiento del debate sobre la reforma estatutaria se produjo debido a la presentación de recusaciones contra cuatro consejeros. Sin embargo, este no es un hecho aislado en la historia de la Universidad del Atlántico. En 2015, una situación similar ocurrió cuando se presentaron recusaciones dentro del Consejo Superior, y estas fueron enviadas a la Procuraduría Regional del Atlántico para su resolución. La respuesta de la Procuraduría fue clara: se abstuvo de decidir y devolvió el caso al mismo Consejo Superior, argumentando que era esa instancia la responsable de resolverlas.
Este antecedente demuestra que el uso de recusaciones en el Consejo Superior no es un fenómeno nuevo y plantea la posibilidad de que, más que un mecanismo para garantizar imparcialidad, estas se utilicen como una estrategia de bloqueo y dilación de decisiones clave para la universidad. En la práctica, cuando se presentan recusaciones en medio de un debate trascendental, se genera un freno institucional que puede beneficiar a quienes desean mantener el statu quo o evitar cambios en la gobernanza universitaria.
Dado el precedente de 2015, es probable que en esta ocasión el resultado sea el mismo: que las recusaciones terminen siendo resueltas dentro del propio Consejo Superior. Si esto sucede, se confirmaría que el aplazamiento del debate fue una medida innecesaria que solo sirvió para posponer una discusión legítima y urgente sobre el futuro de la universidad.
«La postura de la representante del Gobierno y la ironía histórica»
Uno de los puntos más llamativos en este debate ha sido la postura de Melissa Obregón, representante de la Presidencia en el Consejo Superior, quien afirmó que su posición sería la de mantener la prohibición de reelección inmediata, supuestamente en coherencia con la postura de la comunidad universitaria en la construcción del Estatuto General. Sin embargo, esta declaración resulta paradójica, ya que el actual estatuto no fue construido con participación de la comunidad universitaria, sino impuesto durante el gobierno de Iván Duque, con el representante José Penso del Centro Democrático en el Consejo Superior.
Este desconocimiento de la historia reciente por parte de la representante del Gobierno levanta preguntas sobre cuán informadas están realmente las decisiones que se toman en estos espacios y si, más allá del discurso, se está defendiendo una postura basada en hechos o en conveniencias políticas.
«Más allá del debate: la consolidación de la Universidad del Atlántico»
Independientemente de las recusaciones, las posturas ideológicas y las estrategias de bloqueo, lo cierto es que la Universidad del Atlántico ha logrado avances significativos en los últimos años en términos de consolidación académica, reconocimiento regional e internacional, e impacto en la formación de profesionales.
El debate sobre la modificación del Estatuto General no debería centrarse en una persona en particular, sino en garantizar que la universidad pueda seguir avanzando con criterios de estabilidad institucional y continuidad en sus procesos. Abrir la posibilidad de reelección para cualquier rector no es una imposición ni un capricho, sino una medida que permitiría que la institución no esté sujeta a cambios abruptos en su dirección cada cuatro años, siempre que los resultados de gestión respalden la continuidad.
El verdadero debate que la comunidad universitaria debería estar dando es si la Universidad del Atlántico necesita un modelo de administración que garantice mayor estabilidad y proyección a largo plazo, o si se prefiere seguir con un esquema donde cada rector tiene un margen de acción limitado por un periodo único e inmodificable.
Mientras tanto, el Consejo Superior tiene la responsabilidad de resolver las recusaciones y permitir que el debate avance, sin dilaciones innecesarias ni intereses ocultos. La comunidad universitaria merece un debate serio y con altura, basado en argumentos y no en tácticas dilatorias.
