Desde la Secretaría de Transparencia apuntaron a un posible peculado por apropiación en favor de terceros.
Andrés Idárraga, secretario de Transparencia del Gobierno, dialogó con La W sobre las presuntas irregularidades y la polémica en el caso de la venta de acciones de la Triple A.
La venta, anunciada el pasado mes de diciembre de 2021, se pactó por un total de $565 mil millones de pesos, en un acto en el que participó el entonces presidente de la República, Iván Duque.
Pese a que, según registros de los accionistas, el Distrito ha sido el presidente de la junta directiva de la empresa durante los últimos 4 periodos de alcaldías, la venta se anunció como una manera de que “la Triple A volviera a Barranquilla para convertirse en un tesoro”, que además tendría “total independencia fiduciaria de cualquier injerencia de carácter político”.
Sobre esto, el secretario de Transparencia del Gobierno afirmó que hubo omisiones en el comité técnico y que a través de “un mico” en la modificación del código de extinción de dominio legalizaron que un tercero privado se involucrara en la negociación.
“Lo grave no solamente es el valor inferior, estamos hablando de que haber embargado las acciones de Inassa. Esto conlleva a un detrimento patrimonial y la continuidad del modelo de privatizar a los barranquilleros de su derecho al agua”, dijo.
Asimismo, les pidió a las autoridades correspondientes investigar “un posible peculado por apropiación a favor de terceros”.
Instó a la Fiscalía y a la Procuraduría “pronunciarse”. Además, pidió a la ciudadanía barranquillera organizarse para defender su derecho al agua.
Por su parte, aseguró que desde la Alcaldía de Barranquilla “entre marzo y diciembre de 2021, nunca mencionaron que ese contrato no era para ellos, sino para una empresa”.
De igual forma, explicó cuánto perdería Barranquilla con el polémico negocio de la Triple A.
“Por lo menos 400.000 millones de pesos. En la ficha de enajenación se calculó más de 800.000 millones de pesos. La empresa venía funcionando bien, no había razón para desprenderse de esa importante empresa barranquillera”, mencionó.
Detalló que ese contrato no debió haberse vendido de manera directa porque “eso establece una presunta ilegalidad. Al secretario general de la triple A le pido que suspenda la asamblea a las 9:00 de la mañana”.
Insistió de que se estaba vendiendo de manera ilegal acciones de forma directa y no como subasta.
Por otro lado, sobre quién fue el autor de esta polémica venta, respondió que fue el Ministerio de Hacienda del gobierno Duque.
“Es el Ministerio de Hacienda. Fue iniciativa del Gobierno Nacional. En ese momento el de Hacienda era José Manuel Restrepo (del gobierno Duque)”, comentó.
Finalmente, se refirió a si es o no posible echarle reversa al contrato: “lo que establece es la posibilidad de que se cancele. Si cualquier autoridad se pronuncia sobre irregularidades, la Procuraduría tendría la posibilidad de cancelar el contrato”.
Sobre la Asamblea que realizará la junta directiva de la empresa, así como la cláusula de confidencialidad que había mantenido los detalles del contrato sin conocerse, la Alcaldía de Barranquilla aseguró que no pueden responder a “algo de lo cual no tenemos conocimiento, ni quién la hizo, ni detalles”. De la misma manera, aseguraron que responderán cuando se hagan las denuncias ante organismos judiciales.
Por su parte, en un documento, el grupo de accionistas minoritarios de la Triple A denunció que la entidad será la “caja menor de la campaña política de los candidatos a la Alcaldía, Gobernación, diputados, concejos y ediles que apadrine la actual administración”.
