Un año después de emitir una medida cautelar que frenó la elección a rector en propiedad de la Universidad del Atlántico (UA), el Tribunal Administrativo del Departamento sigue sin expedir un fallo que permita ponerle fin a la interinidad en el principal cargo de esta institución de educación superior pública.
Cumplido estos doce meses, la ministra de Educación Nacional, Gina Parody; el gobernador Eduardo Verano De la Rosa y los candidatos al cargo en mención expresaron a EL HERALDO sus inquietudes por la falta de un veredicto por parte del magistrado ponente Ángel Hernández, que, por fin, desenrede este proceso.
La medida cautelar del Tribunal Administrativo del Atlántico que ordenó suspender “de manera inmediata” la designación de rector fue expedida el 7 de julio del año pasado, dos días antes de la fecha programada para la sesión del Consejo Superior de la UA en la que escogerían a la persona que ocuparía este cargo, de entre una terna conformada por: Rafael Castillo, Carlos Prasca y Salim Mattar.
El profesor Juan Barrios y la estudiante Loly Luz de la Asunción fueron los actores de la acción de nulidad que frenó de elección de nuevo rector. En su tutela, jurídicamente el derecho constitucional de la igualdad de todos los candidatos. En su momento, Barrios dijo a este medio que solicitaron la adopción de decisiones administrativas y/o impartir órdenes de hacer o no hacer, tendientes a que el Comité Electoral de la UA programe la realización de consultas internas en los sectores productivos o gremios, exrectores y directivas académicas, los cuales tienen asiento y representación en el Consejo Superior.
Con esto, lo que buscan es que todos los postulados a la Rectoría de esta institución se sometan a consulta pública y que no sea sólo para dos sectores (estudiantes y docentes), como lo establecen actualmente los estatutos de la Uniatlántico.
Agilidad
Sin embargo, la ausencia de un pronunciamiento del magistrado Hernández no ha sido del agrado de la ministra Gina Parody, quien le hizo un llamado a este Tribunal a que “suelte a la Universidad del Atlántico”.
“El sueño que tenemos es que la esta institución comience a acreditarse. Es muy importante que el Tribunal ya, por favor, suelte a la Universidad del Atlántico y nos permita avanzar en el proceso de elección de rector en propiedad”, enfatizó Parody, quien en reiteradas ocasiones ha cuestionado la medida cautelar que para ella fue “un fallo exprés” y ha reclamado que “agilicen” la sentencia.
El gobernador Eduardo Verano, quien preside el Consejo Superior de la Uniatlántico, reconoce que el Ministerio de Educación les ha “solicitado reiterativamente” que busquen la manera de “resolver esta medida cautelar para darle normalidad y tranquilidad a la universidad”. Esto, al recordar que están buscando la acreditación institucional de este centro educativo y que para ello se requiere de una administración que tenga “toda la certeza de continuidad para poderse comprometer con procesos de largo aliento”. Desde agosto de 2015, Rafaela Vos Obeso fue nombrada rectora encargada de la Uniatlántico.
“Tengo entendido que la semana pasada se vencieron los términos. Por eso es que estamos a la expectativa de que en los próximos días haya un fallo”, puntualizó el mandatario.
Y es que este proceso judicial no ha estado distante de las polémicas, puesto que en marzo pasado el Tribunal Administrativo reconoció la pérdida del cuaderno principal del expediente que conservaba en su Secretaría General sobre esta demanda.
En consecuencia, y tras el extravío, el Tribunal tuvo que citar a las partes involucradas en el proceso legal para que asistieran a una nueva audiencia de reconstrucción del expediente, con el objeto de que aportaran “los documentos que posean”. Este fue un hecho cuestionado por consejeros como Cesar Lorduy, representante de los gremios, quien consideró que esto fue “algo gravísimo” para un despacho judicial.
Verano De la Rosa expresó que han estado a la expectativa de que el Tribunal del Atlántico pudiese reconstruir el proceso con la audiencia programada, aunque dice desconocer si esto habrá incidido para que hasta el momento no haya habido pronunciamiento alguno por parte del magistrado ponente.
Según el gobernador, el 25 de julio es la próxima sesión del Consejo Superior, en la cual estarán tratando este tema de la elección de rector en propiedad, además del asunto que tiene que ver con el reemplazo del representante de Presidencia (Francisco Cardona) ante este órgano de dirección universitario, dado que recientemente fue nombrado viceministro de Educación Superior.
Sobre el proceso
Este medio consultó la opinión del abogado Alfonso Camerano sobre el tiempo que debe tomarse este tipo de procesos. Respondió que la medida cautelar pueden mantenerse hasta tanto el Tribunal Administrativo no tenga una sentencia sobre el mismo. “Solo al final se debate si se mantiene o se revoca, en caso tal de que no prospere la demanda”.
Sin embargo, Camerano enfatizó en que el fallo sí tiene un plazo establecido de hasta un año, “al menos que suspendan términos”. “Ya estamos próximos a una sentencia porque ya agotaron la audiencia de pruebas”, enfatizó el jurista.
Voces
“No esperaba que fuese un menor tiempo”
Para el ex rector Rafael Castillo el tiempo que se ha tomado el Tribunal para fallar en este caso está “dentro de la dinámica que tienen normalmente”. “Va a buen paso. El magistrado lo ha surtido de forma expedita, de hecho no esperaba que fuese un menor tiempo. Me parece que ha sido el adecuado, aunque entiendo las angustias de varios estamentos de la universidad y de la ciudadanía de forma razonable, porque quieren ver resuelta pronta esta situación de interinidad en la Rectoría”.
Castillo recordó que hace poco hubo una audiencia de reconstrucción del proceso, aunque “no alcanzamos a entender qué sucedió, creo que lo que buscaba era dilatar el proceso”. “Finalmente el Tribunal resolvió prontamente esto, y se pudo reconstruir la documentación que se había extraviado”, agregó.
Habiéndose surtido estas estancias, él es “optimista y creo que pronto va a haber un fallo, que sea justo y razonable para todos los interesados y la comunidad del departamento”.
“Seguimos señalando que este proceso está embolatado”
El también candidato y ex secretario de Educación, Carlos Prasca, dice que la pérdida de los expedientes le generó “dudas de la voluntad” que existe para sacar adelante el proceso.
“La llegada de un nuevo gobierno, por ejemplo a nivel departamental (cambio de gobernador José A. Segebre por Eduardo Verano), ha cambiado las fuerzas a nivel del Consejo. Seguimos señalando que ese proceso (de elección) está bastante embolatado. No se ve pronto una solución para designar un rector en propiedad, que permita no sólo la estabilidad y el fortalecimiento de la institucionalidad sino que se adelante toda una serie de tareas imprescindible, como la acreditación”, comentó Prasca.
Sin embargo, el tiempo que se ha tomado el Tribunal Administrativo del Atlántico no le sorprende a Carlos Prasca. “Cuando salió la medida todos sabíamos que eso no sería una solución de menos de un año. Y con todo lo que se vivió (el expediente perdido) en el Tribunal podría extenderse un poco más”, puntualizó.
“Un año era tiempo suficiente para fallar este caso”
El profesor Salim Mattar cree que es “exagerado” el tiempo de análisis que se ha tomado el magistrado para tomar una decisión en este caso. “Se supone que conoce (el magistrado) de derecho constitucional, sobretodo en este caso que se trata de una demanda sobre un proceso electoral en el cual está contemplado la autonomía universitaria, que está explicita en la Ley 30”.
“En un año era suficiente para fallar. Es más, creo que en unos cuatro meses lo hubiera podido hacer, para no mantener a la universidad en una interinidad que le hace daño a la Región. El tiempo es exagerado. No sé cuánto tiempo más le costará analizar algo que ya debió hacerlo. Pero en este país suceden cosas extrañas, como que se pierda el expediente y a pesar de haberse cumplido el tiempo no ha fallado”, dijo Mattar.
El candidato a la Rectoría considera que este proceso ha sido “un tema esotérico” dentro de la justicia. Para él, “ha debido ventilarse de una forma más amplia, con mayor participación”.
