Por Jaime Ivan Borrero Samper
El recuerdo que no debe repetirse.
En 2019, durante la rectoría de Carlos Prasca, la Universidad del Atlántico vivió una de las heridas más profundas de su historia.
La fuerza pública ingresó al campus para reprimir la protesta estudiantil, violando el principio más sagrado de toda institución universitaria: la autonomía. Aquella vez, la comunidad universitaria estudiantes, profesores y trabajadores, respondió con coraje.
Defendió el alma mater como se defienden los espacios sagrados: con dignidad, con memoria y con conciencia colectiva.
Esa resistencia obligó a replantear el rumbo institucional y dejó claro que el pensamiento no se doblega con escudos.
Hoy, seis años después, la historia amenaza con repetirse.
Otra vez, la Policía intenta ingresar al campus; otra vez, el poder político se entromete en los asuntos de la academia; otra vez, los estudiantes se ven obligados a levantar su voz para defender lo que les pertenece: una universidad libre, crítica y autónoma.
«La razón de la protesta»
La actual movilización universitaria no surgió del caos, sino de la conciencia.
Los estudiantes protestan porque sienten traicionada la voluntad de la comunidad, luego de que fuera designado un rector bajo un proceso cuestionado, sin transparencia, y con señales claras de interferencia política.
No se trata de un capricho ni de un desacuerdo personal: se trata de una defensa moral.
La defensa del principio que sostiene a toda universidad pública: que quien la dirija lo haga con legitimidad ética, no con el respaldo de estructuras de poder ni de compromisos ajenos a la academia.
La comunidad estudiantil no se moviliza por odio, sino por dignidad; no por desorden, sino por justicia.
Y su voz, lejos de ser un ruido, es el eco de una historia que no quiere repetirse.
La fuerza no puede reemplazar la razón
La universidad no puede ser tratada como un problema de orden público.
Cada intento de ingresar la fuerza pública al campus es una violación directa de la autonomía universitaria, consagrada en el artículo 69 de la Constitución y en la Ley 30 de 1992.
El pensamiento no se controla ni se intimida. El conocimiento florece en libertad, no bajo vigilancia.
La Universidad del Atlántico pertenece a su comunidad académica, no a los intereses del poder político de turno.
«El doble discurso del gobernador Verano».
El gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, votó a favor de la designación del nuevo rector.
Hoy intenta mostrarse conciliador, afirmando que “defiende el derecho a la protesta pacífica y el pensamiento crítico”, pero su propio mensaje en redes revela la contradicción:
“Las autoridades actuarán para identificar y judicializar a quienes buscan el caos. No lo vamos a permitir.”
Esa frase encierra el verdadero mensaje: mientras aparenta defender la protesta, anuncia persecución.
Habla de diálogo mientras prepara la represión.
Habla de pensamiento crítico mientras amenaza con judicializar a quienes lo ejercen.
La comunidad universitaria sabe leer entre líneas: ese discurso no busca proteger la universidad, sino disciplinarla.
«La posición firme del Gobierno Nacional».
Frente a este escenario, el presidente Gustavo Petro fue categórico:
“No se pueden violentar manifestaciones pacíficas de estudiantes. El derecho a reunión es un derecho fundamental. El caso del Atlántico debe ser investigado a fondo.”
El mandatario recordó que la protesta social no es un delito, sino una forma legítima de participación democrática.
Y el ministro del Interior, Armando Benedetti, reforzó ese mensaje con una advertencia clara:
“Tomaron la decisión de elegir un mal rector y, ante las protestas, quieren echarle la Policía a los muchachos. Llamo la atención de la Procuraduría y la Fiscalía ante cualquier abuso de poder.”
El Gobierno Nacional ha marcado una línea ética: no se puede responder con fuerza a lo que exige diálogo; no se puede imponer autoridad donde falta legitimidad.
Mientras algunos gobiernos locales apelan al garrote, el Gobierno Nacional defiende el principio.
«La comunidad universitaria dice basta»
La Universidad del Atlántico no soporta más imposiciones ni experimentos de poder.
No quiere volver a ver a la fuerza pública entrando a su campus, violando la autonomía universitaria, ni a sus estudiantes siendo tratados como enemigos del orden.
La comunidad universitaria ha decidido no repetir la historia de Prasca, porque aprendió que cada acto de represión deja una cicatriz, pero también una lección: que cuando la fuerza entra, la academia muere.
Hoy, los estudiantes, profesores y trabajadores han dicho basta.
Y ese basta es un grito de esperanza: el alma mater del Caribe colombiano no se rinde.
Defender la autonomía universitaria no es una consigna romántica, es una obligación ética.
La universidad pública es el espacio donde el país aprende a pensar, y un país que persigue a sus estudiantes por protestar renuncia a su propio futuro.
La historia está mirando a la Universidad del Atlántico.
Y esta vez, la comunidad está decidida a que el eco de Prasca no se repita.
Porque la fuerza nunca podrá reemplazar la razón,
y la autonomía universitaria no se suplica: se ejerce, se defiende y se honra.
