El deber de la renuncia

«La crisis de la rectoría de la Universidad del Atlántico tiene unos componentes jurídicos pero sus problemas son más bien de carácter político y ético. A ello se suman los académicos, financieros, entre otros.
Lo ético debe primar por tratarse de un establecimiento que, fundado por uno de los más reconocido humanistas de la región, Julio Enrique Blanco, está llamada a ser estandarte en la recuperación de la educación terciaria o superior pública como imperativo frente a la globalización y el arrastre tecnológico que caracteriza las nuevas épocas.
Pero las señales que emite la rectoría, en este caso el doctor Rafael Castillo, distan mucho de lo que se requiere. Por ejemplo, si una mayoría de miembros del Consejo Superior de la institución vota y los resultados son que debe ser separado del cargo, los argumentos de que el debate es legal porque proviene de la decisión de un Tribunal son elusivos y no apropiados. Ahí es claro el deber de la renuncia.
Ciertamente, y como lo señala el profesor Jairo Parada, así como la renunciante consejera Marcela Blanco, pareciera que estamos frente a un callejón sin salida, atribuible algunas culpas al gobernador Segebre por su carácter excesivamente conciliador. Esto no puede seguir así. Castillo no debería anteponer sus derechos, aceptando que los conserva, a las necesidades de la universidad pública de enrutarse, al fin, por los senderos de la academia y la predecibilidad. Deben primar los derechos de los estudiantes, quienes necesitan un alma mater que los eduque no solo en lo científico tecnológico sino en valores.
Una renuncia del rector, conservando su derecho a aspirar a serlo en propiedad, si esa es la voluntad posterior del Consejo Superior, contribuye a crear un clima amable en la vida universitaria, necesarísimo para continuar o acometer las tareas propias de la academia, la investigación y la contribución al bienestar de la sociedad en el entorno.
El deber de renunciar casa perfectamente cuando las adversidades para el ejercicio del cargo superan las capacidades para gobernar las instituciones sobre las cuales se ejerce.»