Por Jaime Ivan Borrero Samper
En un documento radicado ante el Ministerio de Educación Nacional el 19 de noviembre de 2025, estudiantes de la Universidad del Atlántico denunciaron un hecho de enorme gravedad para la calidad y legalidad del servicio educativo: el cambio unilateral de la modalidad de los programas presenciales hacia clases virtuales, ordenado desde la rectoría y ejecutado por decanos y docentes bajo presión administrativa.
El documento no es una opinión ni un rumor.
Contiene más de 40 pruebas , capturas de pantalla, enlaces, correos y registros de Google Meet, que muestran cómo distintos programas académicos empezaron a impartirse virtualmente, sin autorización del Ministerio de Educación, pese a que sus registros calificados son estrictamente presenciales.
1. Una orden administrativa que no tiene sustento legal
Según el escrito presentado al MEN, el rector habría instruido a los decanos a continuar las clases en modalidad virtual “hasta nueva orden”.
La denuncia relata que, a partir de esa instrucción, se multiplicaron: Convocatorias de clases por Google Meet, exposiciones virtuales, evaluaciones remotas, y actividades académicas impartidas íntegramente en línea.
Si bien la universidad puede adoptar medidas académicas y organizativas, lo que no puede hacer es alterar la modalidad aprobada en el registro calificado, que es un acto administrativo del MEN, no un acuerdo interno.
Esta es la esencia del problema:
Un rector , autoridad pública, ordenó cambiar una condición esencial del programa académico sin competencia legal para hacerlo.
2. ¿Por qué es ilegal cambiar la modalidad de presencial a virtual?
Porque ninguna universidad, especialmente una pública, puede modificar por sí misma la modalidad de un programa académico.
Esa facultad es EXCLUSIVA del Ministerio de Educación Nacional.
El registro calificado define: Modalidad, infraestructura, condiciones de calidad, planta docente, interacción presencial, recursos físicos y tecnológicos.
Modificar la modalidad , aunque sea temporalmente, requiere:
Solicitud formal de modificación del registro, evaluación del MEN, visita de verificación y resolución aprobatoria.
Nada de eso ocurrió.
Por eso la denuncia señala:
“No es jurídicamente posible que las autoridades administrativas de la Universidad modifiquen la modalidad PRESENCIAL (…) sin autorización previa y expresa del MEN”.
3. ¿A quién afecta este cambio irregular?
Afecta a todos.
A los estudiantes:
Sus créditos pueden quedar en riesgo.
Los contenidos impartidos virtualmente pueden ser considerados inválidos.
Sus expectativas de formación presencial se ven vulneradas.
Podrían enfrentar problemas en convalidaciones futuras.
A los docentes:
Son obligados a impartir clases fuera del marco normativo.
Pueden quedar expuestos a responsabilidades internas.
A la Universidad:
Se expone a sanciones administrativas según la Ley 1740 de 2014
Podría ser obligada a repetir actividades académicas.
Compromete la calidad institucional y los procesos de acreditación.
Y sobre todo:
Se vulnera el derecho a recibir educación en las condiciones legalmente ofrecidas y autorizadas.
4. Lo que esta denuncia abre: un frente administrativo inevitable
Al estar sustentada en pruebas verificables, esta denuncia obliga al Ministerio a:
Requerir información, verificar la alteración de la modalidad, evaluar afectación del servicio educativo, y, de ser el caso, abrir proceso sancionatorio.
No se trata de política.
No se trata del paro.
No se trata de ideologías.
Se trata de legalidad, calidad educativa y el respeto por el servicio público que presta una institución estatal.
Conforme a lo anterior podemos concluir que, el cambio de modalidad no es un asunto interno ni discrecional.
Es una decisión de alta sensibilidad jurídica que solo puede adoptar y aprobar el Ministerio de Educación Nacional.
Si la denuncia estudiantil demuestra, como parece hacerlo, que en la Universidad del Atlántico se impartieron programas presenciales en modalidad virtual sin autorización, entonces estamos ante una vulneración seria del servicio público educativo.
La comunidad estudiantil hizo lo correcto: denunciar, documentar y exigir la intervención de la autoridad competente.
Hoy, la educación en la Universidad del Atlántico necesita menos improvisación y más legalidad.
Menos órdenes administrativas irregulares y más respeto por el derecho fundamental a la educación.
