Por: Jairo Eduardo Soto Molina
Docente investigador 1279
Doctorante del Doctorado en Ciencias Humanas de la Universidad del Zulia.
Ganamos justicia más rápidamente si hacemos justicia a la parte contraria. (Mahatma Gandhi)
La universidad del Atlántico se debate en un desgobierno y la culpa ha sido la irresponsabilidad de hacer trampa para afianzarse en el poder por parte de “la anterior dirección universitaria”. Pensando más en lo político que en lo académico, se le dio participación a sectores que tradicionalmente han depredado a la universidad con un discurso mesiánico y populista. Se han manejado criterios de tipo clientelar, familista, tribal o sectario. En donde no prevaleció las normas morales interiorizadas y se aprovecharon de un sistema judicial ineficaz. Arguyeron el estribillo de la autonomía universitaria Se responde ahora con el pánico y el abuso de las normas externas, en una clara contradicción a las principios que defendían y haciendo uso de las falacias argumentales de quienes ven amenazada su permanencia en el poder.
Dos fenómenos han castigado a la universidad históricamente: las políticas grupistas en la definición de los concursos docentes, y la corrupción. Ambas han dañado seriamente a la institución, destruido la fe en la clase dirigente, y abandonado a los estamentos en manos del populismo y la demagogia. No es la asignatura de la democracia la que tienen que aprobar por el momento los que retomaron la universidad por once meses, sino la de la eficacia y la transparencia.
La autonomía universitaria es la independencia política, jurídica y administrativa de una universidad pública respecto de factores externos. El principio de autonomía universitaria sostiene que la universidad debe ser autónoma y auto-gobernada, y que debe elegir sus propias autoridades como lo señala la Ley 30. Éste está fundado en la necesidad de evitar que los vaivenes del poder político se traduzcan en cambios arbitrarios de las autoridades universitarias.
De este modo, la Autonomía Universitaria pretende preservar a la universidad de las luchas partidistas del poder político. Sin embargo, las autoridades académicas y los miembros de los órganos de gobierno pueden llegar a defender los intereses de su colectivo (profesores, estudiantes, trabajadores), cuando no correspondan a intereses personales, que prevalezcan ante los de la institución o la sociedad.
La autonomía en las universidades debe desarrollarse para que el derecho social a la educación, a que obliga la Constitución política, sea impartido libremente sin ninguna influencia, ideología, dogma o injerencia externa. Es preciso, que la actividad universitaria no sea contaminada por cuestiones extraacadémicas. Este riesgo de dar cabida a esquemas de pensamiento distintos a los estrictamente académico-científicos hace que se aparte de la búsqueda de la verdad, que es indispensable para el quehacer académico, y para la solución a los problemas imperiosos de la región, con lo cual se disgrega el compromiso social de la Universidad como institución pública del estado.
La región Caribe tiene necesidades de formación para adquirir conocimientos para pensar y actuar como personas con autonomía, para construir una política que fundamente sus argumentos a partir de nuestras necesidades no resueltas, y en la búsqueda de una formación sólida que nos permita construir un mundo de vida más equitativo y mucho mejor en la transformación del espacio de nuestra existencia. En donde la Universidad del Atlántico sea el bastión del desarrollo científico, educativo y cultural de nuestra ciudad y de nuestra región Caribe.
Esta es la lógica de lo público, su objetivo es la satisfacción de necesidades sociales y éstas son universales, nos afectan a todos a lo largo de nuestra vida. A través de lo público se busca la protección social en situaciones de necesidad en la redistribución de la riqueza que entre todas las personas aportamos, para que de esta manera los sectores más necesitados tengan acceso a derechos esenciales para una vida digna, de manera igualitaria.
En lo público solo existe el interés colectivo porque todas las personas tenemos las mismas necesidades y, nadie debe lucrarse o apropiarse de manera egoísta de lo que es de toda la ciudadanía. Las funciones públicas de las instituciones del estado son cubiertas con los recursos que producimos quienes trabajamos, con los impuestos y las rentas. Todas tenemos que contribuir, quien más gana más aporta. La sociedad ejercita a través de las funciones sociales del estado la solidaridad. La gestión de estos servicios públicos debe regirse por principios de reparto necesario y suficiente, para cubrir las necesidades sociales.
Pero ya esta nueva administración a nuestro entender ya ha comenzado a compensar el amiguismo y a devolver favores, por lo menos en el 50% y 50% de los nombramientos de vice rectores; ojalá que no siga equivocándose a medias y acertando a medias; no estoy de acuerdo con dos nombramientos el de Clara Fay y el de Martha Ospino. Creo que en el caso de la primera, el hecho de haber salido del Consejo Superior hace apenas unos días es decir el martes al perder su elección. No es de presentación ética asumir un cargo de ejecutiva cuando era parte del legislativo apenas unas horas antes. Sí fuimos críticos frente a lo de Cristóbal Colón yo creo que la regla debe ser para todos los miembros del superior y no solo para el estudiante en cuanto que tienen que pasar dos años para poder ser nombrados en la Universidad en cargos administrativos. Lo ético no distingue estamentos.
Sobre el nombramiento de la Profesora Ospino creo que hay docentes con muchos más méritos caso el Profesor Jaime Alfonso Colpas Gutiérrez y el profesor Ricardo Cera Martínez, que ambos lucharon por que se hiciese transparente el proceso de designación y de nombramiento en propiedad del rector de UniAtlántico, Los otros dos nombramientos los veo bien y muy merecidos.
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p style=»text-align: justify;»>Es necesario reconceptualizar los conceptos de poder al interior de la universidad misma, el de democracia, de consenso cívico, de opinión pública y cultura política, ya que es a partir de éstos como los procesos democráticos se convierten en una efectiva praxis ciudadana para la compartición política, según mi gran maestro Álvaro Márquez. Es la ética y la defensa de lo público el camino para la construcción de la solidaridad y la responsabilidad colectiva y la consolidación de la universidad como formadora de región al generar escuelas de pensamiento a su interior.
