Por JIBS
En medio del ruido de las maniobras jurídicas, las recusaciones sin fundamento y el letargo institucional al que fue sometido el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico durante meses, ha hablado la justicia. Y lo ha hecho con claridad, sin rodeos ni ambigüedades. El reciente fallo de tutela T2025‑00454, proferido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de Oralidad de Barranquilla, constituye mucho más que una decisión judicial: es un pronunciamiento ético, un acto reparador frente a una cadena de obstrucciones deliberadas.
El caso lo lideró la representante estudiantil Angely Loraine Díaz Cordero, quien con firmeza y valentía promovió una reforma estatutaria para permitir la reelección inmediata del rector, una posibilidad democrática que, más allá de nombres propios, responde al principio de legitimidad institucional y continuidad administrativa. La propuesta —lejos de ser caprichosa o personalista— busca actualizar un estatuto que hoy limita injustificadamente la voluntad de los cuerpos colegiados de decidir sobre la permanencia de sus autoridades.
Pero lo que vino después fue un libreto ya conocido en los corredores del poder: recusaciones artificiales, aplazamientos estratégicos, bloqueos sistemáticos al debate, todo bajo el pretexto de preservar la «autonomía universitaria». Sin embargo, ¿de qué autonomía hablamos cuando los órganos de gobierno se ven secuestrados por formalismos y procedimientos que se usan como trincheras para impedir deliberar?
La sentencia no solo protege los derechos fundamentales de la accionante —al debido proceso, a la participación, a la igualdad— sino que le recuerda al Consejo Superior que la autonomía universitaria no puede convertirse en sinónimo de inacción, de silencio cómplice o de miedo a decidir. La autonomía no es una coraza para la omisión: es una herramienta para ejercer el gobierno universitario con responsabilidad.
Por eso, el fallo ordena convocar sesión en 48 horas, continuar con el trámite y votar la reforma. Sin más dilaciones, sin más excusas. Y aunque algunos lo vean como una «intromisión» externa, lo cierto es que es la justicia quien ha tenido que intervenir para garantizar que el gobierno universitario funcione, no que se lo impongan desde afuera.
Este no es un fallo a favor de una persona. Es un fallo a favor del derecho a debatir, del principio democrático, de la transparencia en la toma de decisiones. Es un freno al uso perverso de la legalidad como táctica para que nada cambie.
Hoy más que nunca, la Universidad del Atlántico necesita decisiones valientes. Necesita mirar hacia adelante, sin temores y sin ataduras. Este fallo le abre la puerta a ese camino. Ahora, que no la vuelvan a cerrar.
«Defender la autonomía universitaria es precisamente garantizar que sus órganos de gobierno puedan deliberar y decidir sin trabas externas ni internas. Y eso es lo que este fallo permite.»
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