Por JIBS
En los últimos días, se ha agitado el debate en torno a la Universidad del Atlántico y su actual rector, el profesor Danilo Hernández. Lo paradójico –y profundamente preocupante– es que mientras una gran parte de la comunidad universitaria valora su gestión, defiende la institucionalidad y promueve una reforma estatutaria que permita su posible reelección, un pequeño sector, derrotado en los espacios democráticos y desprovisto de legitimidad interna, recurre a la vieja y peligrosa fórmula de la estigmatización.
Denuncias sin fundamento, acusaciones de presencias ilegales y narrativas alarmistas son utilizadas como herramientas para justificar la intervención del Estado. Y lo más desconcertante es que el propio presidente de la República, quien ha promovido mecanismos de consulta popular en defensa de la democracia participativa, amenaza con intervenir la universidad por escuchar solo a una minoría ruidosa.
¿No sería más coherente, entonces, promover una consulta interna que permita a la comunidad universitaria definir el rumbo de su institución? ¿Por qué sí a las consultas populares en el país y no a una deliberación democrática en el seno de nuestras universidades públicas? La autonomía universitaria no puede ser defendida a conveniencia. O se respeta siempre, o se pierde por completo.
El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia es claro: «Se garantiza la autonomía universitaria. Las universidades podrán darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, de acuerdo con la ley.» Esa garantía constitucional no es un saludo a la bandera; es un principio estructural del Estado Social de Derecho.
El Consejo de Estado y la Procuraduría General de la Nación han dejado sentado en recientes pronunciamientos –como el caso de la Universidad Nacional y la elección de José Ismael Peña– que la consulta interna en las universidades no tiene carácter vinculante, y que los consejos superiores gozan de plena autonomía para elegir a sus rectores, siempre que respeten sus reglamentos internos.
Tal como lo señaló la Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado, “la autonomía del Consejo Superior Universitario está garantizada de conformidad con las reglas que regulan el proceso electoral”, y no puede ser desconocida por ningún ente externo, incluyendo el Ministerio de Educación.
El profesor Danilo Hernández ha demostrado un liderazgo sereno pero firme, que ha priorizado el bienestar de la comunidad universitaria por encima de intereses personales o mezquindades políticas. Su gestión ha estado marcada por la transparencia, la capacidad técnica y el respeto por los procesos participativos. Lo que debería ser ejemplo nacional, hoy se pretende deslegitimar con rumores y presiones externas.
La Universidad del Atlántico no necesita interventores, necesita líderes. No necesita salvadores de último minuto, sino servidores públicos comprometidos con la educación pública, la transparencia y el bienestar de su comunidad. Lo que se requiere es fortalecer la autonomía, blindarla de las mafias y del clientelismo, y devolverle a la comunidad universitaria su papel protagónico en la construcción de su futuro.
La izquierda, en su crítica al autoritarismo de la derecha, ha exigido históricamente respeto por la autonomía, la deliberación democrática y la soberanía popular. Pero imponer visiones desde el poder del Estado, sin el más mínimo diálogo con los órganos colegiados de una universidad pública, equivale a reproducir los mismos vicios que tanto se han criticado.
La defensa de la autonomía universitaria no es patrimonio de una ideología. Es una obligación constitucional y un compromiso ético con la inteligencia colectiva, el pensamiento libre y la institucionalidad democrática. Si el gobierno nacional desea dialogar con la universidad, debe hacerlo desde el respeto a sus órganos legítimos, no desde la imposición ni la amenaza.
Lo contrario, además de incoherente, sería profundamente peligroso.
Entre la dignidad y la intromisión arbitraria, el país debe escoger. Y nosotros, como ciudadanos, como trabajadores, como estudiantes, como docentes, como defensores de la educación pública, debemos levantar la voz. Porque defender la autonomía no es defender a personas o cargos; es defender una idea de país donde el conocimiento se construye con libertad, con diversidad y con respeto por la democracia.
