Por. GASPAR HERNÁNDEZ CAAMAÑO.
Estoy convencido, y por ello me atrevo a afirmarlo, públicamente, que el actual gobernador del Departamento del Atlántico, sus cercanos asesores, los miembros de fragmentado Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, donde se sienta, cómplicemente, un delegado del Ministerio de Educación Nacional y, evidentemente, el rector de las vacaciones innegociables del investigado por la Procuraduría General de la Nación, no han leído, ni estudiado y ni comprendido los alcances de la Ley 30 de l992, reglamentaria del principio de Autonomía Universitaria consagrado en el artículo 69 constitucional.
Para fundar, epistemológicamente, esta convicción mía, la cual admite prueba en contraria, me permito transcribir lo que la ley especial establece como objetivos de la Educación Superior en Colombia, país pre-moderno. La norma dice:
“La educación superior… DESPERTARÁ EN LOS EDUCANDOS UN ESPÍRITU REFLEXIVO, ORIENTADO AL LOGRO DE LA AUTONOMÍA PERSONAL, EN UN MARCO DE LIBERTAD DE PENSAMIENTO Y DE PLURALISMO IDEOLÓGICO QUE TENGA EN CUENTA LA UNIVERSALIDAD DE LOS SABERES Y LA PARTICULARIDAD DE LAS FORMAS CULTURALES EXISTENTES EN EL PAÍS.”
He recordado tales objetivos legales, todos apuntan a una formación universitaria de mayoría de edad, al leer y ver, en los medios de comunicación social, al rector vacacional y al exgobernador, convocar y reunirse con un grupo de, preocupados, padres de familia de jóvenes estudiantes matriculados en los 32 programas académicos de la Universidad, que hoy tiene 24 mil jóvenes soñando en ser profesionales universitarios.
Y, lo digo dolorosamente, me da grima conocer los argumentos de estos anunciados ex-directivos universitarios sobre la convocatorias a los sacrificados padres de familias para que medien, a favor o en contra, ante sus hijos rebeldes en paro para que les escuchen sus reclamaciones y para protestar por la vulgar y policiva violación de la Autonomía Universitaria, caro derecho de extirpe de una sociedad liberal.
Para el rector temporalizado, llamar a los padres de familia se debió a que el 30% de la población estudiantil no ha cumplido los 18 años de edad, limite constitucional e internacional, para ser reconocido como mayor de edad. Es decir, ese porcentaje de estudiantes son «niños». Y por tanto, necesitan tutores y los legitimados para ellos son sus padres. Tutores para que los entren en cordura. Haber visto semejante «infantilada». ¿Dónde queda la autonomía personal?
Y lo más grave, pues las inocentadas pueden ser admitidas, es que un ex-gobernador, por partida doble, que fue Constituyente del 91 y se auto-proclama liberal-masón, haya aceptado atender a unos padres de familia, en su Despacho (como si fuera autoridad universitaria individual), bajo la misma pretensión de disciplinar a sus díscolos hijos. Y entonces, ¿dónde queda la libertad de pensamiento y de ideologías?
Es decir, tanto el rector de días contado, como el gobernador del adiós y el mudo, sordo y ciego Consejo Superior han convertido, a su antojo, una Universidad Estatal, con 24 mil estudiantes de pregrados, en una vulgar «Escuelita de Doña Rita», donde los alumnos padecen «minoría de edad», no solo jurídica sino mental para regularse por sí mismo. Es, para estos personajes sin historia pedagógica, un Kindergarten donde los padres llevan a sus niños minusválidos. El colmo.
No hay derecho que estos «señores» pongan en ridículo a una Universidad fundada por un filósofo kantiano (Julio Enrique Blanco tradujo al profesor prusiano de Ética), que publicita una acreditación institucional y ofrece un programa de filosofía con algún prestigio intelectual en la Región Caribe.
Es hora que los «pedagogos históricos» del Alma Mater defienda la historia de la primera Universidad del Caribe colombiano. Y eviten que estos «Ex» sigan abusando de su mal llamado poder, burlándose de jóvenes, padres y de la misma misión de la Institución. » SAPERE AÚDE». Favor, más ilustración.
