Por: JIBS
«La propuesta de formalización laboral en las universidades públicas es justa, pero inviable si no va acompañada de los recursos necesarios.»
El reciente documento del Sistema Universitario Estatal (SUE) sobre el proyecto de Decreto 0391 de 2025 plantea una serie de reflexiones que no solo son pertinentes, sino urgentes. Desde varias instituciones del país se alza una voz unificada: no se puede hablar de formalización laboral sin garantizar los recursos que la sustenten.
En el espíritu de dignificar el trabajo en la educación superior pública, la formalización de miles de docentes y trabajadores administrativos que hoy viven en la precariedad contractual es una deuda histórica. Sin embargo, como bien lo señala el SUE, el decreto, tal como está formulado, impone a las Instituciones de Educación Superior (IES) obligaciones sin respaldo presupuestal, lo cual vulnera el principio de sostenibilidad financiera.
El documento del SUE es contundente: los recursos asignados desde 2019 ya han sido ejecutados y los contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo no son ni suficientes ni garantizados en el tiempo. Esto pone en jaque la implementación real del plan. No se trata solo de voluntad política; se trata de que sin financiación estructural y recurrente, este decreto puede convertirse en un saludo a la bandera.
Además, el decreto incurre en vacíos jurídicos y desconoce la autonomía universitaria, regulando aspectos que deberían estar bajo competencia de cada institución. El principio de mérito, la legalidad de las vinculaciones y la transparencia de los concursos son pilares que no pueden ser erosionados por decretos apurados o incompletos.
Como sector universitario y como ciudadanía crítica, apoyamos la formalización. Pero exigimos que se haga bien. Que se acompañe de una reforma seria al financiamiento de la educación pública, comenzando por los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Cualquier otro camino es una trampa: promete derechos, pero condena a las universidades al colapso financiero.
