Por Fernando Cabarcas Charris
Docente de Economía
Una terrible noticia para la educación superior pública del departamento del Atlántico pasó, literalmente, desapercibida en medio de los titulares efímeros y del ruido en las redes sobre las fotos de la revista Soho. Ni siquiera al interior del claustro universitario los iluminados se han referido a ella, muy a pesar de lo que dice: Uniatlantico presenta patrimonio negativo. Aunque, debió decir, no ha salido de esa condición que arrastra de los años 90. Como quien dice, una nueva insolvencia financiera asfixia a esta institución. ¿Una vez más? Si, otra vez, regresa la burra al trigo.
La noticia se dijo aquí y lo que dice el Observatorio de la Universidad Colombiana es que entre las 29 universidades oficiales del país, solo 3 presentan pasivos superiores a sus activos y por lo tanto patrimonios negativos. Y lo peor, entre esas tres se encuentra la Universidad del Atlántico. Las cuentas son claras y el chocolate muy espeso, veamos. Según el Observatorio de la Universidad Colombiana con datos reportados por la IES, al cierre contable de 2018, los activos de la Universidad del Atlántico alcanzaron la suma de $ 625 mil millones, que es lo que valen los recursos, bienes y derechos que tiene la institución. Por su parte, los pasivos llegaron a $ 914 mil millones, representados en las obligaciones de pagos a terceros o deudas adquiridas, aclarando que en este valor se encuentra incluido el pasivo pensional y su cálculo actuarial que la Universidad tiene con los aprox 800 pensionados propios y por los cuales cancela, una cifra cercana a, $16 mil millones anuales. El patrimonio, o la diferencia entre el activo y el pasivo, se ubica en $ -289 mil millones, que es el valor total de la institución descontando las deudas, que como ya habréis visto, es negativo.
Arriesgaré una explicación un tanto intuitiva del estado financiero de la institución de la siguiente manera: si la Universidad del Atlántico pagara hoy sus deudas, (incluido lo que le corresponde del convenio de concurrencia del cálculo actuarial el cual, como es sabido no se encuentra fondeado) tendría que vender sus bienes (edificios, terrenos, laboratorios, patentes y equipos) y aun así quedaría debiendo. Cuando lo anterior lo padece una organización privada, la Superintendencia de Sociedades la interviene y la declara en quiebra, remata sus bienes y con lo obtenido, les cancela a los acreedores. Pero aclaremos, la universidad es un ente de naturaleza pública y la Superintendencia no hará lo anterior, lo cual significa que no vendrán, como en los cuentos de hadas, días muy oscuros y difíciles para la institución. Quiero decir, que tan pronto la Universidad salga del acuerdo de pasivos en 2020, y el blindaje de inembargabilidad del que gozan los recursos de la institución incluidos en el acuerdo de pasivo, la Universidad quedará expuesta a los embargos de los nuevos acreedores y, cuando eso sobrevenga, la Universidad nuevamente paralizará su función misional como sucedió entre los años 2000 y 2006.
Como explicar que la Universidad, nuevamente, se encuentre abocada a un estado de insolvencia, si es que aún no sale de la anterior quiebra declarada en el 2006, año en que se acogió la Ley 550 y celebró un acuerdo de reestructuración de pasivos para superar las dificultades, atender las obligaciones pecuniarias y seguir prestando el servicio público educativo de formar los jóvenes del Departamento. En ese entonces, el interés que concitó la suscripción del acuerdo, fue el de aplicar una política de salvamento de una institución que en ese entonces recibía menos de los que gastaba y funcionaba a media marcha debiéndole los sueldos y salarios a sus docentes y trabajadores y mesadas a sus pensionados y en un ambiente de desinstitucionalidad e ingobernabilidad en el cual los giros de la Nación para atender los gastos de los servicios personales y funcionamiento eran capturados y embargados, por empresas dedicadas a ese negocio (de internos y externos) lo que provocaban que lo misional – como la docencia, investigación y extensión – se paralizara por física insolvencia ya que no se contaba con caja para cubrir los gastos operativos.
EN QUE VA LA 550.
En el 2006, la Universidad se acogió al acuerdo de reestructuración de pasivos, valoró su deuda en $ 136 mil millones, que posteriormente depuró hasta ubicarla en $ 121 mil millones, propuso un escenario financiero basado en unos ingresos que se obtendrían con la venta de unos activos ( Pestalozzi, 51 hectáreas de terrenos vía al mar, terreno de Salgar y la sede de la 43) las cuales al final no se pudieron vender, un crédito con una institución financiera de tercer piso, recursos por $30 mil millones que el MEN entregó condicionados al plan de mejoramiento del acuerdo, y en una reducción del gasto interno e incremento de los ingresos, para así poder honrar la deuda en un plazo de 10 años, el que posteriormente fue ampliado por 7 años más. Según datos del portal de la Universidad del Atlántico, mediante el acuerdo de pasivos, se han cancelado $ 95 mil millones 78,5% del total y se adeudan $ 26 mil millones a Colpensiones, sobre esta cifra ultima no hay acuerdo entre la Universidad y Colpensiones,13 años después de haberse pactado.
En 2014 el acuerdo inicial fue modificado y ampliado por 6 años, la modificación incluyó reconocimiento de nuevos pagos por sentencias laborales por $ 8 mil millones y reconocer contingencias de procesos laborables nuevos por $ 27 mil millones según cálculos de Leguizamón, (2014) con la modificación del acuerdo inicial de 2006, la deuda ascendió a $ 62 mil millones.
Es importante señalar que parte de los ingresos que ayudaron al cumplimiento del acuerdo llegaron de la mano de la acción popular interpuesta por la asociación de pensionados de la Universidad y que obligó al Ministerio de hacienda a devolver los recursos no girados por la Nación a la Universidad incluidos en el acuerdo de concurrencia y que Hacienda había decidido no girar unilateralmente y sin que mediara una sentencia sobre el particular. Mediante la acción popular mencionada, la Universidad recibió del Ministerio de Hacienda $127 mil millones de los cuales quedaron $ 64 mil millones en bancos, posteriormente Hacienda adicionó $12 mil millones más para un total de $ 76 mil millones. A la fecha y lo reportado en la propuesta de presupuesto de 2020, solo aparecen registrados $ 56 mil millones en las cuentas de la Universidad. Con la información disponible, no es posible inferir como fueron aplicados estos recursos y en qué.
SEGÚN BALANCE
De acuerdo con el estado financiero de la Universidad, en diciembre de 2018, publicado por la institución aquí, en la cuenta del pasivo no corriente denominada ´Beneficio pos empleo pensiones´ se aprecia un monto aprox de $ 788 mil millones, que es el valor presente de todo el convenio de concurrencia hasta cuando la universidad termine de pagar las mesadas pensionales. A su vez por el lado del activo no corriente aparece una cuenta denominada ´plan activo beneficio pos empleo´ por un monto aprox de $ 299 mil millones, que es lo que le corresponde aportar de la cantidad anterior, a la Nación y al Departamento en el convenio de concurrencia hasta cuando la Universidad cancele mesadas pensionales. La diferencia entre estos montos arroja un valor aprox de $ 489 mil millones que es la deuda, a valor presente, que corresponde a la Universidad del convenio de concurrencia pensional, el cual como se mencionó aquí, no se encuentra fondeado por lo tanto la Universidad termina cancelado las pensiones con los ingresos corrientes (giros que hace la Nación de los artículos 86 y 87 de Ley 30) que son girados para atender el funcionamiento misional. El monto que la Universidad toma de las transferencias nacionales destinadas a gastos de funcionamiento son aproximadamente $ 15 mil millones anuales y con esos recursos paga sus compromisos pensionales en el convenio de concurrencia. Así mismo, aparece en el balance, dentro del rubro de ´cuentas acreedoras´ un rubro en el que se incluyen el cálculo de las contingencias por valor de $ 7 mil millones a 2018, pero realmente el valor es mucho muy superior por cuanto allí no están incluidas, la deuda que tiene la Universidad con la Unidad de Salud, las deudas por demandas de profesores del régimen anterior y Pestalozzi, las demandas en curso de las nóminas judiciales que son todos los empleados administrativos que han sido reintegrados a sus cargos pero al no existir una planta de cargos, están recibiendo sueldos de la planta anterior, lo cual significa que al aprobar la nueva planta se les deberán pagar las diferencias y retroactivos en todo este periodo mediante demandas, así como las demandas laborales de reintegro y otras razones que la universidad ha perdido y que se encuentran ejecutoriadas y que no han sido cancelado lo cual por moratorios, ha incrementado su monto.
Según el estudio de Leguizamón, ver aqui, se estimó, de manera técnica, la deuda por pasivos judiciales de la Universidad en $ 40 mil millones en 2014 . Lo anterior significa que la deuda exigible hoy superaría a la del 2006 y expone a la institución a una nueva crisis financiera e insolvencia para atender el servicio en el momento en que el blindaje contra embargos deje de existir. En ese momento vendrán, nuevamente, las del cal.
SEGÚN EL PRESUPUESTO
De acuerdo con el presupuesto y según lo expresado en la propuesta del mismo para la vigencia fiscal de 2020, la Universidad presupuesta recibir ingresos totales por $ 364 mil millones aproximadamente, pero de estos nos enfocaremos en los montos que corresponden a la cuenta transferencias y aporte´ presupuestado en $ 236 millones aproximadamente, de estos la Nación aporta, de acuerdo con el artículo 86 de la Ley 30, $ 162 mil millones aproximadamente y el Departamento con $ 11 mil millones aproximadamente, lo cual sumando estos rubros la Universidad cuenta realmente con $ 174 mil millones aproximados para funcionamiento1. Por el lado del gasto, la Universidad presenta un gasto total de igual valor de $ 364 mil millones, de estos al calcular el gasto de funcionamiento, incluyendo lo que hace la Universidad que es tomar de ´transferencias y aportes´ para pagar lo que le corresponde por pensiones propias en la concurrencia, observamos que la nómina de docentes de carrera y no carrera es de $ 111 mil millones, los gastos del personal administrativo suman $33 mil millones y $ 21 mil millones que utiliza para cancelar pensiones en la concurrencia; todo lo anterior sumado arroja un total de $167 mil millones más $ 10 mil millones que, siempre, terminan adicionando a los gastos en OPS, los $ 33 mil millones de administrativos se convierten realmente en $ 43 mil millones para un total de $177 mil millones. Si esta cifre se compara con los ingresos reales señalada arriba de $ 174 mil millones, arroja un faltante de $ 3 mil millones anuales solamente para el funcionamiento.
Quiere esto decir, que la Universidad gasta en servicios personales (nóminas y pensionados) un poco más de lo que recibe, desfinanciando los gastos generales, mantenimiento, inversiones en equipos, tecnologías, suscripciones a bases de datos y otros gastos. El resto de los recursos que recibe en montos menores como los ingresos propios ´cursos libres´ matrículas y derechos, consultorías y otros se utilizan para sufragar los gastos adicionales de OPS, viajes y viáticos, etc. Esto coloca a la Universidad en el plan de mantener el servicio educativo bajo el vetusto sistema TLT: tiza, lengua y tablero. Cualquier gasto nuevo y recurrente, coloca la caja para el funcionamiento, a andar en el borde de un filo peligroso para la sostenibilidad financiera.
¿POR QUE OTRA VEZ EN CRISIS FINANCIERA?
Primero, la deuda exigible, sin incluir los pasivos pensionales de la concurrencia, que tendría la universidad con terceros y que ha sido causada principalmente por sentencias judiciales ejecutoriadas contra la Universidad de procesos laborales que la institución de manera sistemática pierde una tras otro, las que al no cancelarse de manera oportuna se acumulan con el agravante de que los moratorios pueden en muchos casos superar el valor inicial fallado hasta por 6 o 7 veces. Esta deuda es superior al de 2006 cuando la Universidad se vio abocada a ingresar en ley de quiebra y formular un acurdo de pasivo, lo que indica hoy estamos en condiciones financieras similares, cuando no peores, que la de 2006.
Segundo, el acompañamiento y seguimiento al acuerdo por parte del promotor, así como el del Comité de Vigilancia y de Acreedores de la 550, no ha sido el acertado, por cuanto le ha permitido a las diferentes administraciones de la Universidad el incumplimiento de lo pactado de reducir el gasto y mejorar los ingresos, pues en muchos cosos terminaron haciendo todo lo contrario. De igual forma, permitieron que se aprobaran los presupuestos anuales de la Universidad sin objetar que los ingresos, y por consiguiente los gastos, los cuales estaban determinados en el acuerdo y su modificación, se encontraban por encima de lo acordado, así como la sobre estimación presupuestal cuando se incluyen los recursos del balance ya presupuestados en vigencias anteriores que es lo que hace la Universidad. No se le exigió a la Institución que con los recursos adicionales (comprometidos) que se obtuvieron con la acción de cumplimiento de los pensionados se cancelaran oportunamente las deudas incorporadas en el escenario del acuerdo de pasivos.
Tercero, ningunos de los gobiernos de la Universidad llámese Consejo Superior, Académico, ha advertido y las diferentes administraciones del peligro inminente que significa para la sostenibilidad financiera institucional el gestionar, dirigir y atender de manera eficiente, transparente y eficaz los procesos administrativos, financieros y judiciales, así como el pago oportuno de las sentencias para evitar el taxímetro aniquilador de los moratorios.
Cuarto, la no existencia, en todo este periodo del acuerdo, de una gestión financiera y administrativa de la Universidad en consonancia con una institución que se encuentra en un acuerdo de reestructuración de pasivos, en la cual la principal iniciativa incorporada en el acuerdo era la austeridad expresada en la reducción del gasto y mejorar los ingresos. Por citar solo un ejemplo, la creación del programa de medicina (aun cuando este sea socialmente deseable) en estos momentos en el que la Universidad aún no ha salido del acuerdo de pasivos de 2006 y que además de eso se ha creado un nuevo pasivo mucho mayor al de esa fecha el que gravita sobre la sostenibilidad institucional, permitir la creación de un programa que posee unos costos elevados, dado su nivel de complejidad, no deja de ser un acto de irresponsabilidad tanto el Consejo Académico como el Superior, haberlo autorizado. Sin mencionar que hoy se encuentran en estudio para su creación, otros 10 nuevos programas académicos, que para su formulación se han contratado (gastos) a particulares Súmele a eso, los gastos recurrentes que significan para una institución con la crisis financiera señalada, la construcción, dotación y funcionamiento de dos nuevas sedes una en Suan y otra en Sabanalarga, los crecientes gastos en servicios personales a través vez de la figura de órdenes de prestación de servicios OPS, las cuales han llegado a la nada despreciable suma de $18 mil millones anuales, la carencia de una planta de cargos administrativos que arrastra desde 2006 y su impresentable razón de no poseerla en una institución acreditada.
Quinto. Para que la universidad no retorne nuevamente a una situación similar en materia de pasivos y de parálisis del servicio como la vivida en 2006 y además, pueda salir adelante y nunca más regresar a tal condición, la Universidad debe combinar la ejecución del acuerdo de pasivos y su cumplimiento con una profunda transformación institucional mejorando el gobierno universitario, con una mejor y más eficiente la administración de los recursos entregados y un mejor servicio prestado. Lo segundo aún hoy sigue aplazando.
POR LO PRONTO
Menciono, finalmente, que nada de lo que ha sucedido y que tiene hoy a la Universidad abocada a una crisis financiera tal vez mayor a la del 2006, se ha hecho a espaldas del Consejo Superior, en el que tienen asiento con voz y voto el Ministerio de Educación Nacional y la gobernación del Departamento. No hay razón para justificar el estado financiero actual de la Universidad en estos momentos, porque los 27 restantes universidades públicas del país, a pesar de tener dificultades económicas, hoy no presentan el abultado pasivo y el patrimonio negativo que pesa sobre la sostenibilidad futura de la Universidad del Atlántico.
