Por: JIBS
La Universidad del Atlántico atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. No por una crisis académica, ni por el colapso de sus finanzas, sino por la amenaza de una intervención que, más que técnica o jurídica, parece ser el desenlace de una disputa política mal gestionada desde el mismo corazón del Gobierno Nacional.
El concepto de autonomía universitaria no es un privilegio ni un slogan de coyuntura. Es una conquista histórica que garantiza que nuestras instituciones de educación superior puedan gobernarse por sí mismas, definir sus rumbos académicos y administrativos, y decidir sus liderazgos a través de procesos democráticos. Pero, cuando se convierte en terreno de pugnas ideológicas o en botín de facciones internas, se desdibuja su esencia.
Durante este gobierno, los grupos que se han presentado como sus representantes en el escenario universitario han tenido todas las condiciones para construir una propuesta seria, coherente y transformadora. Sin embargo, lo que hemos presenciado ha sido un desfile de improvisaciones, divisiones internas y una profunda incapacidad para interpretar los anhelos de una comunidad universitaria que exige respeto, inclusión y resultados.
Los delegados del Gobierno ante el Consejo Superior brillaron por su ausencia o, peor aún, por su inoperancia. No estuvieron a la altura de la dignidad del cargo ni de la responsabilidad histórica que implicaba representar a un gobierno que prometió el cambio. No lideraron, no mediaron, no construyeron consensos ni impulsaron transformaciones estructurales. Y ahora, cuando las urnas y los procesos democráticos internos no les son favorables, pretenden deslegitimar todo lo actuado con señalamientos infundados, denuncias sin pruebas y una narrativa que criminaliza al que piensa distinto.
La intervención que hoy se propone —o amenaza— no responde a criterios técnicos ni a un interés genuino por salvaguardar la calidad académica o administrativa de la Universidad del Atlántico. Responde, más bien, a la necesidad de controlar políticamente un espacio que no pudieron conquistar con argumentos ni con votos.
Y eso es lo más grave.
Porque cuando se utiliza el poder del Estado para imponer decisiones arbitrarias, desconociendo los mecanismos democráticos internos de una universidad, se abre un precedente peligroso que vulnera la autonomía y erosiona la confianza en las instituciones. Lo que no se gana en las aulas, en los claustros, en los debates o en las urnas, no se debe imponer desde los escritorios ministeriales ni con la complicidad de sectores que ven en la Universidad un botín, no una misión.
En este punto, es imposible no recordar el reciente pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación sobre el caso de la Universidad Nacional de Colombia, en el que defendió con claridad meridiana la autonomía universitaria frente a las decisiones caprichosas del Ministerio de Educación. El órgano de control advirtió que el Ejecutivo no puede invadir competencias que son exclusivas de las universidades, ni imponer medidas que desconozcan los procesos internos establecidos por sus estatutos y reglamentos. Ese precedente institucional, aún fresco, deja en evidencia que lo que se vive hoy en la Universidad del Atlántico no es un hecho aislado, sino parte de una preocupante tendencia autoritaria que debe ser frenada con contundencia.
En medio de este panorama complejo, hay que destacar el papel del profesor Danilo Hernández, actual rector de la universidad, quien ha encarnado con valentía y compromiso el espíritu de esa autonomía hoy amenazada. Su gestión ha estado marcada por la búsqueda de consensos, el respeto a la institucionalidad, y un liderazgo sereno pero firme que ha priorizado el bienestar de la comunidad universitaria por encima de intereses personales o mezquindades políticas. El profesor Hernández no solo ha ejercido el cargo con capacidad técnica, sino con una dignidad que debería ser ejemplo para quienes pretenden hoy deslegitimarlo.
La Universidad del Atlántico no necesita interventores, necesita líderes. No necesita salvadores de último minuto, sino servidores públicos comprometidos con la educación pública, la transparencia y el bienestar de su comunidad. Lo que se requiere es fortalecer la autonomía, blindarla de las mafias y del clientelismo, y devolverle a la comunidad universitaria su papel protagónico en la construcción de su futuro.
Entre la dignidad y la intromisión arbitraria, el país debe escoger. Y nosotros, como ciudadanos, como trabajadores, como estudiantes, como docentes, como defensores de la educación pública, debemos levantar la voz. Porque defender la autonomía no es defender a personas o cargos; es defender una idea de país donde el conocimiento se construye con libertad, con diversidad y con respeto por la democracia.
