{"id":7552,"date":"2025-12-17T14:32:44","date_gmt":"2025-12-17T19:32:44","guid":{"rendered":"https:\/\/sintradeua.org\/co\/?p=7552"},"modified":"2025-12-17T14:32:44","modified_gmt":"2025-12-17T19:32:44","slug":"notificacion-conocimiento-del-acto-y-buena-fe-procesal-precisiones-juridicas-necesarias-en-el-caso-uniatlantico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sintradeua.org\/co\/notificacion-conocimiento-del-acto-y-buena-fe-procesal-precisiones-juridicas-necesarias-en-el-caso-uniatlantico\/","title":{"rendered":"Notificaci\u00f3n, conocimiento del acto y buena fe procesal: precisiones jur\u00eddicas necesarias en el caso UniAtl\u00e1ntico"},"content":{"rendered":"

Por Jaime Ivan Borrero Samper\u00a0<\/strong><\/p>\n

En el d\u00eda de hoy, a ra\u00edz de la controversia suscitada por la actuaci\u00f3n del Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional en relaci\u00f3n con la rector\u00eda de la Universidad del Atl\u00e1ntico, el debate p\u00fablico se ha concentrado en un punto espec\u00edfico: la validez de la notificaci\u00f3n de la resoluci\u00f3n expedida por dicha cartera y las consecuencias jur\u00eddicas derivadas de una irregularidad formal reconocida por el propio Ministerio.<\/p>\n

Sin embargo, m\u00e1s all\u00e1 del impacto medi\u00e1tico, resulta indispensable realizar algunas precisiones jur\u00eddicas elementales<\/strong>, necesarias para comprender el alcance real del asunto y evitar interpretaciones simplificadas o equivocadas.<\/p>\n

1. La notificaci\u00f3n no crea ni valida el acto administrativo<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n

En el derecho administrativo colombiano, la notificaci\u00f3n no crea ni valida el acto administrativo; su finalidad es ponerlo en conocimiento del destinatario y habilitar el ejercicio del derecho de defensa<\/strong>.<\/p>\n

La existencia y validez del acto se predican de su expedici\u00f3n por autoridad competente, conforme a las reglas de competencia, forma y contenido previstas en la ley. Por ello, un defecto en la notificaci\u00f3n no elimina el acto ni lo vuelve inexistente,<\/strong> especialmente cuando se encuentra acreditado que el destinatario tuvo conocimiento cierto, expreso e inequ\u00edvoco de su contenido<\/strong>.<\/p>\n

2. El conocimiento del acto como hecho jur\u00eddico relevante<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n

En el caso concreto, resulta jur\u00eddicamente innegable que el se\u00f1or Leyton Barrios conoc\u00eda la resoluci\u00f3n del Ministerio de Educaci\u00f3n<\/strong>, toda vez que:<\/p>\n

-interpuso una acci\u00f3n de tutela contra dicha decisi\u00f3n,<\/p>\n

-solicit\u00f3 la suspensi\u00f3n de sus efectos,<\/p>\n

-y estructur\u00f3 su argumentaci\u00f3n constitucional a partir del contenido mismo del acto administrativo.<\/p>\n

Estas actuaciones no constituyen presunciones ni inferencias subjetivas, sino hechos procesales verificables<\/strong>, que demuestran un conocimiento real y directo del acto cuestionado.<\/p>\n

3. Buena fe y coherencia procesal<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n

El ordenamiento jur\u00eddico colombiano se funda en el principio de buena fe<\/strong> (art\u00edculo 83 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), el cual exige coherencia entre los actos y las posiciones jur\u00eddicas asumidas por las partes.<\/p>\n

Desde esta perspectiva, no resulta jur\u00eddicamente<\/strong> admisible que una persona:<\/p>\n

-por un lado, active la jurisdicci\u00f3n constitucional para controvertir un acto administrativo espec\u00edfico,<\/p>\n

–<\/strong>y por otro, alegue desconocimiento formal del mismo con el fin de sustentar una supuesta indefensi\u00f3n.<\/p>\n

Este tipo de comportamientos se encuentra limitado por un principio ampliamente reconocido en el derecho p\u00fablico: nadie puede alegar en su favor las consecuencias de una contradicci\u00f3n derivada de su propia conducta<\/strong> (venire contra factum proprium).<\/p>\n

4. La conducta concluyente como criterio procesal<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n

Si bien el art\u00edculo 301 del C\u00f3digo General del Proceso regula la notificaci\u00f3n por conducta concluyente en el \u00e1mbito judicial, su contenido refleja un principio general del derecho procesal<\/strong>: cuando una parte manifiesta de manera expresa e inequ\u00edvoca que conoce una providencia o decisi\u00f3n, la ausencia de una notificaci\u00f3n formal pierde relevancia materia<\/strong>l, siempre que no exista una afectaci\u00f3n real del derecho de defensa.<\/p>\n

Este principio ha sido reconocido por la jurisprudencia constitucional y contencioso-administrativa<\/strong> como un criterio v\u00e1lido para valorar el conocimiento efectivo del acto y la inexistencia de indefensi\u00f3n material, aun cuando subsistan irregularidades formales en el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n.<\/p>\n

5. El alcance real del error reconocido por el Ministerio<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n

El Ministerio de Educaci\u00f3n Nacional ha reconocido una irregularidad formal en la notificaci\u00f3n electr\u00f3nica<\/strong>, derivada de la ausencia de autorizaci\u00f3n previa. Dicho reconocimiento tiene efectos procedimentales espec\u00edficos, pero no puede interpretarse como una negaci\u00f3n del conocimiento del acto por parte de su destinatario<\/strong>, ni como una prueba autom\u00e1tica de vulneraci\u00f3n del derecho de defensa.<\/p>\n

Por el contrario, las actuaciones judiciales posteriores demuestran que el acto administrativo fue conocido, debatido y controvertido de manera directa.<\/p>\n

6. Conclusi\u00f3n necesaria<\/strong><\/em><\/span><\/p>\n

En un Estado de Derecho, las formas procesales cumplen una funci\u00f3n esencial, pero no pueden convertirse en instrumentos para desconocer realidades jur\u00eddicas evidentes<\/strong>.<\/p>\n

Cuando un acto administrativo es conocido, impugnado y sometido al control de un juez constitucional por su propio destinatario, el argumento de la falta de notificaci\u00f3n formal debe ser analizado con rigor,<\/strong> a la luz de los principios de buena fe, coherencia procesal y de la finalidad material del derecho de defensa.<\/p>\n

El debate jur\u00eddico alrededor de la Universidad del Atl\u00e1ntico exige seriedad, precisi\u00f3n y responsabilidad institucional. El derecho no protege contradicciones ni formalismos vac\u00edos, sino garant\u00edas reales y comportamientos coherentes con el orden constitucional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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