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<\/p>\nPor:\u00a0Alex\u00e1nder Mar\u00edn Correa \/ Juan Camilo Vega<\/p>\n
Admiten acci\u00f3n popular, que busca regularlos en el Distrito, para que dejen de ser una forma de explotaci\u00f3n laboral y pol\u00edtica. La administraci\u00f3n dice que es un problema nacional, aunque reconoce que se debe revisar el tema.<\/p>\n
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Aunque no hay datos precisos, se estima que en el Distrito por cada empleado de planta hay cinco contratistas. \/ El Espectador.<\/p>\n
Raquel* es profesional y lleva cinco a\u00f1os como contratista de una entidad p\u00fablica en Bogot\u00e1.<\/strong>\u00a0Aunque es eficiente, tiene experiencia y conocimiento, s\u00f3lo pudo acceder a su cargo por recomendaci\u00f3n de un pol\u00edtico. La meritocracia es un mito donde labora.\u00a0Su sueldo es de $2 millones, que no ser\u00eda malo si fuera empleada de planta. Sin embargo, est\u00e1 vinculada por prestaci\u00f3n de servicios.<\/strong>\u00a0Mientras sus compa\u00f1eros reciben 15 salarios al a\u00f1o (primas y cesant\u00edas), tienen vacaciones y les descuentan 8,3 % por salud y pensi\u00f3n, ella recibe 10 sueldos y una larga lista de descuentos.<\/p>\n No le pagan seguridad social, primas, cesant\u00edas, festivos, incapacidades… nada.\u00a0Eso s\u00ed, no puede colgarse con el pago de salud y pensi\u00f3n, porque eso retrasar\u00eda su sueldo. Como ante la ley es considerada independiente, debe pagar el 28,5 % de lo que gana por seguridad social<\/strong>, pero para no ver mermado su sueldo (ya que pagar\u00eda $570.000 al mes), cotiza como si ganara $800.000, para pagar s\u00f3lo $228.000. En su din\u00e1mica sabe que trabaja gratis los dos primeros meses del a\u00f1o, mientras firma un nuevo contrato.\u00a0Y cuando llega ese momento, debe conseguir prestados $1,4 millones para las estampillas, $90.000 para una p\u00f3liza y $200.000<\/strong>\u00a0para comprarle al pol\u00edtico que la recomend\u00f3 unas boletas (que nadie se gana), para apoyar a su partido.\u00a0<\/p>\n Al final,\u00a0en promedio, recibe $1,3 millones netos, que est\u00e1n acompa\u00f1ados de la zozobra de saber que en cualquier momento podr\u00eda quedar desempleada.\u00a0<\/strong>El temor incrementa en \u00e9poca electoral, cuando la obligan a asistir a reuniones, a recoger firmas u organizar encuentros en su casa, que debe financiar con su salario. Su historia es la de miles de contratistas no s\u00f3lo del Distrito, sino de todo el pa\u00eds. Lo grave es que el contrato de prestaci\u00f3n de servicios se ha vuelto tan frecuente que, incluso hoy, por cada empleado de planta hay hasta cinco contratistas en esta situaci\u00f3n.<\/p>\n De acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), al menos el 62 % de los trabajadores que laboran en entidades p\u00fablicas son contratistas.<\/strong>\u00a0Lo que sustenta el reciente llamado de atenci\u00f3n de la Corte Constitucional: \u201cEl uso indiscriminado de contratos de prestaci\u00f3n de servicios constituye una violaci\u00f3n sistem\u00e1tica de la Constituci\u00f3n\u201d, indic\u00f3 hace menos de un mes el alto tribunal.<\/p>\n La Corte agreg\u00f3 que\u00a0\u201clos poderes p\u00fablicos han usado de forma abierta y amplia la figura del contrato de prestaci\u00f3n de servicios para enmascarar relaciones laborales y evadir el pago de prestaciones sociales<\/strong>, desconociendo as\u00ed las garant\u00edas especiales de la relaci\u00f3n laboral que la Constituci\u00f3n consagra, dejando de lado, adem\u00e1s, la excepcionalidad de este tipo de contrataci\u00f3n\u201d.<\/p>\n No es la primera vez que la Corte Constitucional se pronuncia frente al tema. En 2009, por medio de la Sentencia C-614, el alto tribunal prohibi\u00f3 los contratos de prestaci\u00f3n de servicios para los trabajadores que tengan funciones de car\u00e1cter permanente. De esta manera\u00a0\u201cse impide que se oculten verdaderas relaciones laborales y se evita que se desnaturalice la contrataci\u00f3n estatal<\/strong>, pues el contrato de prestaci\u00f3n de servicios es una modalidad de trabajo con el Estado de tipo excepcional, concebido como un instrumento para atender funciones ocasionales\u201d.<\/p>\n La acci\u00f3n popular<\/strong><\/p>\n Para tratar de cambiar esta situaci\u00f3n,\u00a0Jorge Enrique Buitrago, vicepresidente de la organizaci\u00f3n sindical Asom\u00e9ritos (defensores del m\u00e9rito del Estado colombiano)<\/strong>, radic\u00f3 una acci\u00f3n popular que fue admitida el 10 de julio por un juzgado administrativo de Bogot\u00e1. Su meta es que no se abuse de este tipo de contratos, y menos en detrimento de los ciudadanos. Para el accionante, este tipo de contrataci\u00f3n se ha convertido en una forma de \u201cexplotaci\u00f3n laboral y pol\u00edtica\u201d.<\/p>\n Antes de la acci\u00f3n popular,\u00a0Buitrago le hab\u00eda solicitado al Distrito que ampliara su planta de personal, que se publicaran las vacantes de carrera administrativa y las de contrataci\u00f3n mediante prestaci\u00f3n de servicios,<\/strong>\u00a0y que se creara un banco de elegibles para contratistas, producto de mecanismos de selecci\u00f3n transparentes, para que cada entidad elija en caso de vacancia. A la petici\u00f3n, la Alcald\u00eda le respondi\u00f3 exponiendo las leyes que explicaban los cargos de planta, los tr\u00e1mites para ampliarla y las normas que justificaban los contratos de prestaci\u00f3n de servicios. Dijeron que la administraci\u00f3n cumpl\u00eda todos los requisitos formales.<\/p>\n Como no hubo acciones ni compromisos concretos,\u00a0Buitrago present\u00f3 la acci\u00f3n popular que est\u00e1 en tr\u00e1mite e hizo solicitudes puntuales: formalizar a los contratistas que llevan m\u00e1s de tres a\u00f1os vinculados a trav\u00e9s de esta figura<\/strong>\u00a0y que se reglamente la forma de vinculaci\u00f3n de contratistas con meritocracia, \u201cpara garantizar la igualdad de oportunidades para los ciudadanos y que \u00e9stos puedan acceder a los cargos p\u00fablicos\u201d sin empe\u00f1ar su dignidad, tranquilidad e independencia a un pol\u00edtico.<\/p>\n La ley<\/strong><\/p>\n Seg\u00fan la ley,\u00a0el contrato de prestaci\u00f3n de servicios se debe celebrar con personas naturales, siempre y cuando la tarea no pueda realizarse con personal de planta<\/strong>\u00a0o se requiera a un especialista. La vigencia debe ser breve y excepcional, por la cual \u201cno generan relaci\u00f3n laboral ni prestaciones sociales, y se celebren por el t\u00e9rmino estrictamente indispensable\u201d.<\/p>\n El Consejo de Estado ha dicho que estos contratos \u201cson un instrumento especial de colaboraci\u00f3n y no est\u00e1n previstos para ejercer funciones ordinarias de naturaleza p\u00fablica<\/strong>\u00a0ni para sustituir la planta de personal\u201d. El Departamento Administrativo de la Funci\u00f3n P\u00fablica (DAFP) ha explicado que, si las funciones que desarrollar\u00e1 el personal a contratar son de car\u00e1cter permanente,\u00a0\u201cla entidad debe adelantar los estudios t\u00e9cnicos para modificar la planta de personal y crear los empleos<\/strong>\u00a0que se necesitan para cumplir su objetivo.<\/p>\n Sin embargo, esto no se cumple.\u00a0Muchos de los contratistas en el Distrito tienen horario, son subordinados y cumplen funciones similares a los empleados de planta. Seg\u00fan pronunciamientos de las altas cortes, esas son caracter\u00edsticas de un contrato laboral y esos contratistas,<\/strong>\u00a0que llevan a\u00f1os en el mismo cargo, tendr\u00edan derecho a recibir seguridad social y prestaciones sociales. Seg\u00fan la Corte Constitucional, no pagarles ser\u00eda \u201cinconstitucional e ilegal\u201d y, en palabras del DAFP, \u201cel manejo inadecuado del contrato de prestaci\u00f3n de servicios podr\u00eda configurar una relaci\u00f3n laboral, generando costos adicionales a aquellas entidades que continuamente recurren a esta figura\u201d. Los costos adicionales son los pagos que debe hacer cada entidad cada vez que pierde una ante la justicia ordinaria y en la que debe pagarle al contratista.<\/p>\n Armado con estos argumentos,\u00a0el promotor de la acci\u00f3n popular pidi\u00f3 regular el contrato de prestaci\u00f3n de servicios, ya que esto se presta para que los contratistas terminen siendo v\u00edctimas de explotaci\u00f3n laboral y pol\u00edtica.<\/strong>\u00a0\u201cLaboral, porque no tienen derechos a prestaciones laborales ni salariales y no tienen derecho a los mismos beneficios de los empleados de planta. Y pol\u00edtica, porque sus contratos est\u00e1n mediados por un apoyo electoral, con lo que hipotecan su pensamiento y su derecho a elegir libremente\u201d.<\/p>\n Y agrega: \u201cEs una especie de semiesclavitud lo que viven estos contratistas, pues no s\u00f3lo son explotados, sino que sus ingresos son menguados por los aportes a la seguridad social que deben hacer por su cuenta<\/strong>. A pesar de que este tipo de contrataci\u00f3n tiene su prohibici\u00f3n constitucional y legal, esta figura ha sido el com\u00fan denominador en las entidades p\u00fablicas para labores permanentes, constituyendo en la pr\u00e1ctica el contrato realidad, desconociendo la necesidad de la ampliaci\u00f3n de la planta y ejerciendo la subexplotaci\u00f3n de este personal\u201d, agrega el accionante.<\/p>\n Le pregunta al juez:\u00a0si son tan necesarios estos contratistas, que llevan a\u00f1os bajo esta modalidad, \u00bfpor qu\u00e9 no se han creado nuevos cargos de carrera administrativa? Esta ha sido una lucha hasta la fecha perdida,<\/strong>\u00a0y en cierta forma aceptada t\u00e1citamente por las organizaciones sindicales. La figura de la prestaci\u00f3n de servicios no es mala\u00a0per se<\/em>, si fuera usada para lo que realmente se cre\u00f3, pero lo que es la excepci\u00f3n se ha convertido en regla y los contratistas son el mayor componente del talento humano de las entidades p\u00fablicas del pa\u00eds\u201d.<\/p>\n Hay que revisar<\/strong><\/p>\n Ante la acci\u00f3n popular,\u00a0Nidia Roc\u00edo Vargas, directora de la Unidad Distrital de Servicio Civil, indic\u00f3 que la Secretar\u00eda Jur\u00eddica estudia el caso para responderle al juzgado.<\/strong>\u00a0Sin embargo, resalt\u00f3 que si bien la actual administraci\u00f3n ha tratado de formalizar el empleo, no se puede perder de vista que esto es un asunto que se vive en todo el pa\u00eds.<\/p>\n Actualmente la\u00a0Alcald\u00eda de Bogot\u00e1 cuenta con 22.000 trabajadores de planta, 1.233 empleados temporales, 4.789 trabajadores oficiales y casi 38.000 contratistas mediante prestaci\u00f3n de servicios<\/strong>. \u201cCuando llegamos la situaci\u00f3n era m\u00e1s compleja, porque hab\u00eda casi 51.000 contratistas. Lo que hicimos fue analizar y ajustar poco a poco, logrando una reducci\u00f3n cercana al 40 % en este tipo de vinculaci\u00f3n y le hemos apostado a una formalizaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n Vale aclarar que no todos los contratistas\u00a0por prestaci\u00f3n de servicios tienen las mismas caracter\u00edsticas. \u201cSeguro hay contratos de prestaci\u00f3n de servicios para cosas puntuales y que son cortos<\/strong>. Puede que existan algunos que podr\u00edan tener vocaci\u00f3n de permanencia, que podr\u00edan ser incluidos en la planta. Incluso, hemos creado alrededor de 1.500 empleos permanentes\u201d.<\/p>\n Ampliar la planta, seg\u00fan la funcionaria, no es una tarea f\u00e1cil.\u00a0\u201cAs\u00ed queramos vincular a todos los contratistas, hay unas restricciones que imponen leyes nacionales, con unos topes para gastos de funcionamiento<\/strong>. Esos topes se crearon para tener una disciplina fiscal y unas finanzas sanas. Y para aumentar la planta, seguramente se debe hacer un trabajo legal desde el Congreso para levantar el tope que tenemos\u201d.<\/p>\n Aunque hay un nivel de contrataci\u00f3n alta, lo venimos reduciendo y hemos contratado donde realmente se necesita.<\/strong>\u00a0Adem\u00e1s, normalmente los contratos por prestaci\u00f3n de servicios se pagan con recursos de inversi\u00f3n, con lo que no se afecta el gasto de funcionamiento. Reconoce que para saber realmente cu\u00e1l deber\u00eda ser el tama\u00f1o de la n\u00f3mina de cada secretar\u00eda o dependencia distrital, se requerir\u00eda un estudio.<\/p>\n \u201cCada entidad deber\u00eda revisar los productos que tienen que ofrecer a la ciudadan\u00eda y establecer cu\u00e1l es la carga real de trabajo y definir los perfiles del personal\u00a0<\/strong>que se requiere. Con sus jur\u00eddicos debe establecer cu\u00e1les contratistas ejercen labores con vocaci\u00f3n de permanencia\u201d, explica y agrega: \u201cSi aprueban la acci\u00f3n popular, lo que tendr\u00edamos que hacer es\u00a0mirar cu\u00e1les de los contratistas tienen empleos con funciones permanentes y hacer un an\u00e1lisis t\u00e9cnico<\/strong>\u00a0para la creaci\u00f3n de empleo que pasar\u00edan a ser empleados fijos, con la responsabilidad gigante que esto conlleva\u201d.<\/p>\n Por su parte, y luego del m\u00e1s reciente llamado de atenci\u00f3n de la Corte Constitucional, la ministra de Trabajo,\u00a0Griselda Restrepo, admiti\u00f3 que el Gobierno siempre ha tenido una problem\u00e1tica en materia de contrataci\u00f3n de personal. La funcionaria explic\u00f3 que se han creado 23.000 empleos formales para tratar de solucionar el problema<\/strong>, y atribuy\u00f3 el incremento de contratistas al crecimiento \u201cexponencial\u201d que ha tenido el Estado durante los \u00faltimos cuatro a\u00f1os debido al proceso de paz.<\/p>\n Para el investigador del observatorio laboral de la Universidad del Rosario, Iv\u00e1n Daniel Jaramillo, \u201cpese a que en 2009 la Corte prohibi\u00f3 vincular como contratistas a empleados estatales que desempe\u00f1en labores permanentes y misionales<\/strong>, ocho a\u00f1os despu\u00e9s el problema sigue. De hecho, la cifra exacta de cu\u00e1ntos trabajadores por prestaci\u00f3n de servicios hay en el sector s\u00f3lo la conoce el Gobierno, y nunca la revela para no tener consecuencias\u201d.<\/p>\n Por su parte,\u00a0Alejandro Pedraza, presidente de la CUT, afirm\u00f3 que \u201clos dos \u00faltimos ministros de Trabajo (Lucho y Clara) se comprometieron en hacer algo para solucionar el tema del gran n\u00famero de contratistas p\u00fablicos y estatales<\/strong>, pero no hicieron nada. Y pues la nueva ministra (Griselda) acaba de llegar, por lo que todav\u00eda no se vislumbra ning\u00fan cambio visible. Esta situaci\u00f3n la hemos denunciado ante la Organizaci\u00f3n Mundial del Trabajo\u201d.<\/p>\n Por ahora,\u00a0la acci\u00f3n popular que avanza en un juzgado de Bogot\u00e1 ser\u00e1 una nueva batalla por la formalizaci\u00f3n laboral<\/strong>. Una vez llegue la respuesta del Distrito, el juez tendr\u00e1 30 d\u00edas para hacer un pronunciamiento en medio de una lucha de a\u00f1os, en la que contratistas como Raquel esperan que esta vez s\u00ed le pueda cambiar su vida.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por:\u00a0Alex\u00e1nder Mar\u00edn Correa \/ Juan Camilo Vega Admiten acci\u00f3n popular, que busca regularlos en el Distrito, para que dejen de ser una forma de explotaci\u00f3n laboral y pol\u00edtica. La administraci\u00f3n dice que es un problema nacional, aunque reconoce que se debe revisar el tema. 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