![](\"https:\/\/i0.wp.com\/www.ambitojuridico.com\/BancoMedios\/Imagenes\/corrupcion-soborno-chantaje%28shut%29.jpg?w=640&ssl=1\")
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POR: Claudia Patricia Romero Romero<\/strong><\/p>\n Adem\u00e1s del conflicto interno y el tr\u00e1fico de estupefacientes, la corrupci\u00f3n es uno de los flagelos constantes que azota al pa\u00eds y de cuyas noticias se ocupan permanentemente los medios de comunicaci\u00f3n. Casos como los de Saludcoop, Caprecom, Reficar, Agro Ingreso Seguro, Coomeva, Transmilenio de la calle 26, la recolecci\u00f3n de basuras, Interbolsa, Estraval y, el m\u00e1s reciente, Odebrecht, son algunos de los tantos sucesos en los cuales se han visto involucradas las m\u00e1s altas esferas del poder.<\/p>\n Este mal, que no discrimina a nadie, ya que afecta a todos los estratos sociales, deja huella en los sectores de la salud, la educaci\u00f3n, las v\u00edas, la movilidad, los servicios p\u00fablicos, la alimentaci\u00f3n, los recursos naturales y la recolecci\u00f3n de residuos, entre otros, y desdibuja la correcta administraci\u00f3n de los recursos p\u00fablicos.<\/p>\n Todo ello ha servido de motivo para despertar grandes iniciativas y proyectos de diferentes entidades en aras de combatirla. Sin embargo, es poco el avance que se ha logrado, teniendo en cuenta las dimensiones del problema y de las exorbitantes cifras que se ventilan a diario.<\/p>\n \u00c1MBITO JUR\u00cdDICO consult\u00f3 a varios expertos, con el fin de precisar si el Estatuto Anticorrupci\u00f3n (L. 1474\/11) se ajusta a esta problem\u00e1tica, el papel de la \u00e9tica profesional y las posibles soluciones frente al tema.<\/p>\n Derecho versus corrupci\u00f3n<\/strong><\/p>\n A juicio de Marcela Restrepo Hung, codirectora ejecutiva de la corporaci\u00f3n Transparencia por Colombia, el ordenamiento jur\u00eddico, por m\u00e1s que represente un avance en la regulaci\u00f3n de las relaciones sociales, econ\u00f3micas y pol\u00edticas, no logra imponerse en modelos sociales cuando existen d\u00e9ficits de legitimidad e ineficacia de las instituciones. Por ello, la contribuci\u00f3n del Derecho est\u00e1 representada en su aporte a la construcci\u00f3n de nuevos imaginarios sociales e institucionales sobre lo que la sociedad considera, o debe considerar, como correcto o no, como delito o no, asegura.<\/p>\n Por su parte, \u00d3scar Ortiz Gonz\u00e1lez, exzar Anticorrupci\u00f3n, explica que es necesario superar dos puntos comunes: el que afirma que todo se resuelve con nuevas normas jur\u00eddicas y el que sostiene que estas no sirven para nada en la lucha contra la corrupci\u00f3n. En tal sentido, el Derecho s\u00ed puede combatir la corrupci\u00f3n, en la medida en que haga parte de una estrategia integral que comprenda la cultura y lo \u00e9tico como variables que inciden en el comportamiento humano y social.<\/p>\n Tambi\u00e9n, precisa, lo jur\u00eddico debe evolucionar para prevenir, detectar y sancionar, de manera efectiva, las conductas corruptas que son renovadas de manera permanente por los tramposos, por lo que, si estos act\u00faan bajo la l\u00f3gica de \u201checha la ley, hecha la trampa\u201d, los dem\u00f3cratas y el Derecho deben trabajar con \u201checha la trampa, hecha la ley\u201d.<\/p>\n Sobre este punto, el exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura y exauditor general de la Naci\u00f3n, Iv\u00e1n Dar\u00edo G\u00f3mez Lee, advierte que, si el Derecho es visto como un conjunto de leyes, ser\u00e1 incapaz de combatir la corrupci\u00f3n. Pero s\u00ed, por el contrario, se aprecia como una ciencia social con efecto transformador, puede erradicarla.<\/p>\n Estatuto Anticorrupci\u00f3n<\/strong><\/p>\n En criterio de G\u00f3mez Lee, el Estatuto Anticorrupci\u00f3n se qued\u00f3 corto, porqu\u00e9, erradamente, se crey\u00f3 que con leyes se resuelven problemas sociales que tienen origen en la dirigencia, la educaci\u00f3n, la \u00e9tica de los profesionales y los valores de la ciudadan\u00eda. En consecuencia, asegura que necesita una reforma.<\/p>\n Una postura similar plantea Ortiz, quien afirma que, as\u00ed como los corruptos innovan, el Estado debe actualizar su estrategia. Igualmente, agrega que la Ley 1474 no es una panacea, ni un placebo contra la corrupci\u00f3n, por lo que esta se debe analizar de manera integral, para no atender apenas algunas aristas que la componen.<\/p>\n Marcela Restrepo, a su vez, asegura que la complejidad de la corrupci\u00f3n hace que se requieran instrumentos de pol\u00edtica, de gesti\u00f3n y normativos que apunten a la transformaci\u00f3n de las causas m\u00e1s cr\u00edticas del problema, tales como la ilegitimidad de las instituciones, la precariedad de las reglas democr\u00e1ticas del sistema pol\u00edtico y la supremac\u00eda de los intereses particulares sobre el inter\u00e9s general. Del mismo modo, el aporte que realiza el Estatuto es parcial en relaci\u00f3n con la complejidad descrita. No obstante, no basta con concentrarse en una reforma, sino que se requiere avanzar en transformaciones sociales e institucionales.<\/p>\n \u00c9tica profesional<\/strong><\/p>\n En relaci\u00f3n con este tema, Ortiz indica que el compromiso \u00e9tico, jur\u00eddico y pol\u00edtico de los abogados debe ser con la verdad y la justicia. En consecuencia, el verdadero profesional debe ser constructor de probidad e impugnador de la corrupci\u00f3n, cualquiera que sea el \u00e1mbito de su desempe\u00f1o profesional. A la par, asevera que la \u00e9tica profesional debe ser trabajada por todas las profesiones, para que comporte restricciones reales para quienes las transgredan.<\/p>\n Ahora bien, Marcela Restrepo manifiesta que, tanto en la profesi\u00f3n de abogado como en cualquier otra, el ejercicio de la misma debe basarse en valores y pr\u00e1cticas a favor de la convivencia, la integridad y la no corrupci\u00f3n. De otro lado, teniendo en cuenta que la corrupci\u00f3n en Colombia es un fen\u00f3meno estructural, precisa que la manipulaci\u00f3n de la normativa y de las instituciones hace de los abogados un instrumento para el delito o la investigaci\u00f3n y la sanci\u00f3n, y esto es lo que, especialmente, debe ser considerado en el proceso de formaci\u00f3n y auditor\u00eda a la labor de los abogados.<\/p>\n G\u00f3mez Lee, por su parte, se\u00f1ala que la \u00e9tica profesional, en este momento, influye en poco o en nada. Por ejemplo, en los colegios de abogados ese tema no existe y los medios no comunican centenares de sanciones ejemplarizantes que se les imponen a tales profesionales. Tambi\u00e9n, explica que los abogados promotores de la corrupci\u00f3n y la ilegalidad deber\u00edan ser retirados y ser declaradas personas no gratas en las universidades, es decir, ser implacables contra los corruptos con un fen\u00f3meno social universitario que los estigmatice.<\/p>\n Acciones para combatirla\u00a0<\/strong><\/p>\n Para enfrentar y prevenir futuros actos de corrupci\u00f3n, la codirectora de Transparencia por Colombia advierte que es necesario ser m\u00e1s asertivo en el an\u00e1lisis del problema, se debe controlar, investigar y sancionar desde un enfoque integral y reformar de manera urgente el sistema pol\u00edtico colombiano.<\/p>\n Gracias a la tesis de doctorado de G\u00f3mez Lee, que analiza la soluci\u00f3n de los desfalcos al erario en un horizonte multidimensional, este experto considera que se requieren correctivos a pol\u00edticas p\u00fablicas que han enriquecido buscadores de renta corruptos, que retomen lo fundamental de un Estado neutral y transparente, e instituciones t\u00e9cnicas con un enfoque hacia un comportamiento \u00e9tico y de seguridad jur\u00eddica para el respeto por los bienes p\u00fablicos.<\/p>\n Volver a respetar y cumplir el t\u00e9rmino ordenado por la Constituci\u00f3n para decidir las acciones de p\u00e9rdida de investidura es una de las acciones planteadas por Ortiz. As\u00ed mismo, explica que asegurar la eficacia de la participaci\u00f3n ciudadana no solo respecto de mecanismos como el plebiscito, sino de las acciones que protegen la vigencia del Estado y los derechos colectivos, de las denuncias y del control social, ayudar\u00e1 a combatir la corrupci\u00f3n.<\/p>\n Tambi\u00e9n, asegura Ortiz, es necesario recuperar los dineros p\u00fablicos que est\u00e1n en los bolsillos de los protagonistas del latrocinio, para lo cual son determinantes la Unidad de Investigaci\u00f3n y An\u00e1lisis Financiero, la independencia de los \u00f3rganos de control, la separaci\u00f3n de poderes y la cooperaci\u00f3n internacional.<\/p>\n Con todo, es indiscutible que, desde 1824, a\u00f1o en el que Sim\u00f3n Bol\u00edvar decret\u00f3 la pena de muerte para los corruptos y los malversadores de dineros\u00a0p\u00fablicos, hasta la actualidad, la corrupci\u00f3n es un problema de nunca acabar.<\/p>\n \u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" POR: Claudia Patricia Romero Romero Adem\u00e1s del conflicto interno y el tr\u00e1fico de estupefacientes, la corrupci\u00f3n es uno de los flagelos constantes que azota al pa\u00eds y de cuyas noticias se ocupan permanentemente los medios de comunicaci\u00f3n. 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