{"id":3231,"date":"2017-01-17T12:39:19","date_gmt":"2017-01-17T17:39:19","guid":{"rendered":"http:\/\/www.sintradeua.org\/home\/?p=3231"},"modified":"2017-01-17T12:39:19","modified_gmt":"2017-01-17T17:39:19","slug":"a-proposito-de-garantias-laborales-contratos-realidad-en-la-administracion-publica","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/sintradeua.org\/co\/a-proposito-de-garantias-laborales-contratos-realidad-en-la-administracion-publica\/","title":{"rendered":"A PROP\u00d3SITO DE GARANT\u00cdAS LABORALES: CONTRATOS REALIDAD EN LA ADMINISTRACI\u00d3N P\u00daBLICA"},"content":{"rendered":"
\"A<\/div>\n
La administraci\u00f3n p\u00fablica en Colombia, a partir de la Constituci\u00f3n de 1991, est\u00e1 regida por varios principios, dentro de los cuales se encuentran la eficacia, la eficiencia, la celeridad, la moralidad, entre otros; siendo este \u00faltimo, uno de los principales fundamentos de toda la funci\u00f3n p\u00fablica, pues enmarca muy especialmente, valores inmersos en nuestro Pre\u00e1mbulo y en los fines esenciales del Estado, lo que, en palabras de la Corte Constitucional, significa que \u201c(\u2026) los servidores p\u00fablicos est\u00e1n obligados a hacer solo lo que les est\u00e1 permitido por la ley, de manera que cuando hay omisi\u00f3n o extralimitaci\u00f3n en el ejercicio de sus funciones est\u00e1n sobrepasando lo que por orden constitucional les est\u00e1 permitido ejecutar<\/em>\u201d.\u00a0<\/div>\n

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Tambi\u00e9n es cierto que \u00a0los servidores y funcionarios p\u00fablicos \u2013as\u00ed como los particulares que cumplen funciones p\u00fablicas de manera transitoria- deben ejercer sus funciones dentro del estricto marco que establecen los postulados superiores, la ley y el reglamento, dando cumplimiento tanto al art\u00edculo 1\u00b0 como al 2\u00b0 de la Constituci\u00f3n, que establecen el Estado est\u00e1 fundado en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que lo integran, y en la prevalencia del inter\u00e9s general; y que dentro de los fines esenciales se encuentra servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes, as\u00ed como mantener la vigencia de un orden justo. Orden justo que implica no desconocer los mismos par\u00e1metros que la Constituci\u00f3n establece, en ning\u00fan \u00e1mbito.\u00a0<\/div>\n
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La Corte Constitucional una de sus principales y m\u00e1s antiguas sentencias sobre el tema, \u00a0la C-154 de 1997, con ponencia del Dr. Hernando Herrera Vergara \u2013reiterada por la Secci\u00f3n Segunda del Consejo de Estado (1) -, analiz\u00f3 la diferencia entre el contrato de prestaci\u00f3n de servicios y el de car\u00e1cter laboral, con base en la demostraci\u00f3n del elemento m\u00e1s importante del v\u00ednculo laboral, que es la subordinaci\u00f3n o dependencia, de la siguiente manera: \u201c(\u2026) en caso de que se acredite la existencia de un trabajo subordinado o dependiente consistente en la actitud por parte de la administraci\u00f3n contratante de impartir \u00f3rdenes a quien presta el servicio con respecto a la ejecuci\u00f3n de la labor contratada, as\u00ed como la fijaci\u00f3n de horario de trabajo para la prestaci\u00f3n del servicio, se tipifica el contrato de trabajo con derecho al pago de prestaciones sociales, as\u00ed se le haya dado la denominaci\u00f3n de un contrato de prestaci\u00f3n de servicios independiente<\/em>\u201d. \u00a0<\/div>\n
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Igualmente, se estableci\u00f3 en la referida providencia, que dentro de la autonom\u00eda de la voluntad que tiene la administraci\u00f3n para contratar, con base en los principios que rigen la funci\u00f3n p\u00fablica y la contrataci\u00f3n estatal en particular \u2013tanto de origen constitucional como legal-, existen normas de aplicaci\u00f3n general, que no deben ser excluidas en ejercicio de dicha autonom\u00eda, pues toda la Administraci\u00f3n P\u00fablica est\u00e1 reglamentada de tal forma, que a los servidores p\u00fablicos no les est\u00e1 permitido apartarse de la normatividad aplicable a cada caso, y en presencia de vac\u00edos normativos tampoco les es dado eludir nuestra principal fuente normativa: la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica.\u00a0<\/div>\n
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Por ende, aspectos propios de la funci\u00f3n p\u00fablica, como la determinaci\u00f3n de contratar un determinado servicio, de acuerdo con el criterio de necesidad, o la escogencia de la persona que ejecutar\u00e1 la funci\u00f3n con base en la selecci\u00f3n objetiva \u2013para todas las modalidades de contrataci\u00f3n-, deben tenerse presentes a la hora de evaluar no s\u00f3lo la eficacia del funcionamiento de la administraci\u00f3n, sino tambi\u00e9n al momento de determinar la naturaleza de las relaciones o v\u00ednculos que para tales efectos, se tenga con particulares.\u00a0<\/div>\n
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Es en esta etapa, donde se evidencia el alto grado de corrupci\u00f3n de varios de los servidores y funcionarios p\u00fablicos, pues, abusando de las facultades que les otorga en materia de contrataci\u00f3n, por ejemplo, la Ley 80 de 1003 \u2013Estatuto de Contrataci\u00f3n P\u00fablica- y las dem\u00e1s leyes y decretos concordantes, distorsionan las modalidades establecidas en la ley para beneficio personal y en cumplimiento de \u2018favores pol\u00edticos\u2019, aumentando las deficiencias en el funcionamiento de las instituciones, y el desmejoramiento de las condiciones laborales de muchos servidores y funcionarios.<\/div>\n
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Y es as\u00ed, pues bajo la apariencia de contratos de prestaci\u00f3n de servicios, en la mayor\u00eda de los casos que se llevan a la jurisdicci\u00f3n, en realidad subsiste una relaci\u00f3n laboral con la administraci\u00f3n, pues se les exige el cumplimiento de un horario \u2013propio del v\u00ednculo laboral-, en ejercicio de una funci\u00f3n que seguramente hace parte de las que debe prestar directamente la entidad p\u00fablica, bajo la continuada subordinaci\u00f3n o dependencia. Es decir, subyace dentro de muchos contratos de prestaci\u00f3n de servicios un verdadero abuso del derecho y de las facultades que la ley les confiere a determinado servidores, lo que genera las millonarias condenas a la Naci\u00f3n por la declaratoria de los contratos realidad.\u00a0<\/div>\n
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Ante esta situaci\u00f3n, y en conocimiento del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho regulado en el art\u00edculo 138 de la Ley 1437 de 2011 \u2013C\u00f3digo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo-, la Secci\u00f3n Segunda del Consejo de Estado (2) , ha indicado que este es el medio id\u00f3neo para reconocer y declarar la existencia de un contrato realidad con la administraci\u00f3n; y que asimismo, esta acci\u00f3n dej\u00f3 de ser, como se entend\u00eda en el pasado, meramente indemnizatoria, pues \u201c(\u2026) la lesi\u00f3n que sufre el servidor irregularmente contratado puede ser resarcida a trav\u00e9s del restablecimiento del derecho, que implica restituir la situaci\u00f3n, devolverla al estado existente con anterioridad a la lesi\u00f3n inferida. \u00a0Ello tiene cabida a trav\u00e9s de la declaraci\u00f3n judicial de la existencia de la relaci\u00f3n laboral del orden legal y reglamentario, con todo aquello que le sea inherente<\/em>\u201d. Es decir, se reconocer\u00eda el conjunto de prestaciones generadas con ocasi\u00f3n de la prestaci\u00f3n del servicio, como derecho que tiene la persona indebidamente contratada, en aplicaci\u00f3n de los principios de igualdad y de irrenunciabilidad de derechos, en caso de que sea favorable, es decir constitutiva.\u00a0<\/div>\n
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Es preciso recordar que el t\u00e9rmino de prescripci\u00f3n en estos casos, se debe contar a partir de la sentencia constitutiva \u2013que reconoce o declara el derecho-, por cuanto a partir de ese momento nace a la vida jur\u00eddica el derecho reclamado, no desde el momento de la existencia de facto del v\u00ednculo laboral.\u00a0<\/div>\n
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La administraci\u00f3n p\u00fablica debe ser cada vez m\u00e1s exigente en su conformaci\u00f3n, pues la naturaleza de sus funciones demanda la mayor de las responsabilidades a la hora de ejercer o de prestar un servicio a la comunidad. La moralidad administrativa no debe ser burlada por servidores o funcionarios inescrupulosos, que encuentran en el sector p\u00fablico una forma de subsistencia basada en la corrupci\u00f3n.\u00a0<\/div>\n
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Johanna Giraldo G\u00f3mez<\/div>\n
Cofundadora del Observatorio de Derecho Constitucional de la Universidad Libre de Colombia- Seccional Pereira. \u00a0<\/div>\n
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1- Consejo de Estado, Secci\u00f3n Segunda- Subsecci\u00f3n A-, Sentencia del doce (12) de mayo de dos mil catorce (2014) Radicaci\u00f3n n\u00famero: 68001-23-31-000-2009-00588-01(2487-13)\u00a0<\/div>\n
2- Consejo de Estado, Secci\u00f3n Segunda- Subsecci\u00f3n A, Sentencia del 17 de abril de 2008, radicado interno \u00a02776-05.<\/div>\n

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