Por: Jaime Ivan Borrero Samper.
En el proceso electoral para la rectoría de la Universidad del Atlántico, el nombre de Leyton Daniel Barrios Torres ha estado acompañado por un halo de dudas, contradicciones y sombras que golpean de frente la credibilidad institucional de la Corporación Universitaria Americana.
La controversia es tan clara como peligrosa: el 27 de agosto de 2025, la Coordinadora de Gestión Documental de la Universidad Americana, mediante respuesta oficial a un derecho de petición, certificó que el señor Barrios “no tiene ni ha tenido vinculación laboral con la institución”. ( Ver enlace al final del artículo).
Un pronunciamiento categórico, definitivo, sin lugar a interpretaciones.
Sin embargo, apenas un mes después, el 1° de septiembre de 2025, dos de las más altas funcionarias de la misma universidad —Stella Gutiérrez Consuegra, Secretaria General y Directora Jurídica, y Rosa María Bracho Aconcha, Directora Administrativa y de Recursos Humanos— firmaron un documento completamente opuesto: que el señor Barrios sí tuvo un vínculo contractual ininterrumpido durante cuatro años y que incluso dicha certificación había sido validada ante el Comité Electoral de la Universidad del Atlántico. (Ver enlace al final del artículo).
La pregunta es inevitable: ¿cómo puede una misma institución sostener dos verdades tan diametralmente opuestas?
«Un choque que compromete la reputación institucional.»
Lo que está en juego aquí no es un simple error administrativo. Hablamos de un choque frontal de versiones oficiales que pone en tela de juicio la seriedad de la Universidad Americana. ¿Se trató de un error, de una omisión, o de una maniobra deliberada para favorecer la aspiración de Barrios a la rectoría de la Universidad del Atlántico?
La comunidad universitaria y la opinión pública merecen una respuesta. Porque si se trató de un error, ¿quién responde institucionalmente? Y si no fue error, ¿qué motivaciones se esconden detrás de esta contradicción?
La credibilidad de una universidad no puede ser moneda de cambio en el ajedrez político-académico. Mucho menos cuando se habla de contratos superiores a los 7.000 millones de pesos suscritos entre la Secretaría de Educación del Atlántico —liderada por Barrios— y la misma Corporación Universitaria Americana. (Ver enlace al final del artículo ). El tufillo a conflicto de interés es evidente, y la sospecha resulta inevitable: ¿se está premiando a una universidad privada mientras la universidad pública, la del Atlántico, queda relegada?
«La sombra de los delitos.»
El problema ya no es solo ético o reputacional. De confirmarse irregularidades, podríamos estar ante la comisión de delitos graves: falsedad en documento, uso de documento falso, falsedad ideológica o incluso fraude procesal.
¿Quién firmó con dolo? ¿Quién certificó sin verificar? ¿Quién decidió cambiar la versión y por qué? La justicia, y no la universidad, deberá dar las respuestas si el silencio persiste.
«Una herida al corazón de la Universidad del Atlántico.»
Lo más paradójico es que Barrios, egresado y “hijo” académico de la Universidad del Atlántico, hoy prefiere amparar sus credenciales en una universidad privada. La pregunta retumba: ¿por qué no consolidar su experiencia en la casa que lo formó, sino en una institución externa, beneficiada además por multimillonarios contratos con la secretaría que él mismo dirige?
Esta situación golpea el corazón de la Universidad del Atlántico, su comunidad académica y su proceso electoral. Los estudiantes, docentes y trabajadores exigen transparencia, no juegos de poder.
«El tiempo de las explicaciones»
La Universidad Americana está ante una encrucijada. O aclara de manera contundente qué ocurrió con las certificaciones y asume la responsabilidad que corresponda, o se expone a perder el terreno ganado en prestigio académico, credibilidad y confianza pública.
El país, los entes de control y la comunidad universitaria observan con atención. Porque este no es solo un episodio administrativo, es un caso que puede marcar un antes y un después en la relación entre la política, la academia y la ética en la educación superior.
Aquí la pregunta que queda flotando y que nadie puede ignorar es simple pero demoledora: ¿Quién miente?
A continuación podrán observar las dos certificaciones mencionadas y los contratos suscritos entre la Secretaria de Educación del Atlántico y la Corporación Universitaria Americana.
