«Mientras algunos intentan frenar los cambios necesarios en la Universidad del Atlántico, la Procuraduría actúa con firmeza, legalidad y respeto a los fallos judiciales.»
El caso de la recusación presentada por el ciudadano Bairon de Jesús Orozco Ramírez contra el Procurador Regional de Instrucción del Atlántico, Dr. Javier Enrique Bolaño Higgins, ha tomado un nuevo rumbo. La Procuraduría Regional, en estricto cumplimiento del fallo de tutela proferido por el Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla, ha dejado sin efecto los autos del 13 y 28 de febrero de 2025, en los que se tramitó inicialmente el incidente de recusación contra el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico.
Como corresponde en un Estado de Derecho, el Procurador Regional acató en su integridad lo ordenado por el juez constitucional y avocó conocimiento del incidente. No obstante, de manera paralela, el recusante presentó una nueva recusación, esta vez contra el mismo Procurador Bolaño Higgins, señalando supuestos vínculos personales con actores institucionales, sin aportar pruebas sólidas ni fundamentos jurídicos convincentes.
Lejos de apartarse del deber legal, el Procurador respondió con celeridad y legalidad, rechazando la recusación infundada mediante auto del 7 de abril de 2025, dejando claro que ni él ni sus familiares tienen interés alguno en las decisiones del Consejo Superior. Además, aclaró que el uso de fotografías familiares y vínculos sociales sin relevancia jurídica no configuran causales de impedimento ni de recusación.
Con esta decisión, no solo se desmonta una estrategia que pretendía dilatar el proceso de análisis y decisión del incidente de recusación inicial, sino que se reafirma la autonomía e imparcialidad de la Procuraduría Regional. Cabe recordar que este incidente surge en medio del debate legítimo y democrático sobre la posible reforma al artículo 29 del Estatuto General de la Universidad del Atlántico, que permitiría la reelección del actual rector, Danilo Hernández Rodríguez, quien cuenta con amplio respaldo dentro de la comunidad universitaria.
Lo que está en juego no es solo una figura jurídica. Se trata del respeto a los procedimientos, al debido proceso, y a la voluntad de una comunidad académica que exige avances, continuidad institucional y transparencia. Quienes buscan entrampar la discusión con maniobras legales infundadas lo hacen con fines políticos, y no en defensa de la universidad.
La Procuraduría, al cumplir el fallo judicial y rechazar la recusación sin sustento, envía un mensaje claro: la legalidad no se negocia, y los intereses colectivos no pueden ser sacrificados por agendas personales.
Pero más allá de los debates jurídicos y administrativos, hay un principio que debe prevalecer por encima de todo: la autonomía universitaria.
Hoy, de la mano del gobernador Verano, el Atlántico avanza en la búsqueda de una autonomía regional real y sólida, que nos permita decidir nuestro propio rumbo y construir desarrollo desde nuestras propias capacidades. Esa misma lógica debe aplicarse con firmeza a nuestra universidad: respetar su autonomía no es solo un derecho, es una necesidad histórica.
El centralismo jugó un papel en otro tiempo. Pero este es el momento de la región. Este es el momento de la Universidad del Atlántico. Es tiempo de autonomía regional y de defender con orgullo nuestra autonomía universitaria.
¡Vamos pa’ lante!
