La Universidad del Atlántico se encuentra en un momento clave para su futuro. La reforma al Estatuto General, que permitiría la reelección inmediata del rector, es una medida necesaria para garantizar la estabilidad y el fortalecimiento institucional. Sin embargo, sectores opositores, con motivaciones políticas y ajenos al bienestar de la comunidad universitaria, han iniciado una ofensiva judicial para frenar este avance y sumir a la universidad en una crisis de gobernabilidad.
«La reforma estatutaria: una necesidad para la universidad»
La propuesta de modificación del artículo 29 del Estatuto General no es un capricho ni una imposición arbitraria. Es una decisión estratégica que busca dar continuidad a un modelo de gestión exitoso, que ha demostrado resultados positivos en el fortalecimiento académico, administrativo y financiero de la universidad.
El actual rector, Danilo Hernández Rodríguez, ha liderado una administración comprometida con la excelencia académica y el bienestar de la comunidad universitaria. Limitar su derecho a la reelección inmediata solo beneficia a sectores que buscan desestabilizar la institución para imponer sus propios intereses.
«El Consejo Superior actuó conforme a la ley»
Ante la recusación de sus miembros, el Consejo Superior Universitario (CSU) actuó con total transparencia, remitiendo el caso a la Procuraduría Regional de Instrucción del Atlántico para que esta decidiera.
La Procuraduría, tras revisar la situación, determinó que el CSU era el órgano competente para resolver las recusaciones y devolvió el proceso para su trámite correspondiente.
Este hecho desmonta por completo la narrativa de la oposición, que insiste en que el CSU no puede decidir sobre su propia recusación. No solo puede, sino que es su deber, según lo ratificó la Procuraduría Regional.
«Un precedente claro del Consejo de Estado»
El Consejo de Estado también ha sido contundente sobre este tema. En la sentencia del 10 de agosto de 2012, radicación 11001-03-28-000-2011-00052-00, la Sección Quinta del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Susana Buitrago Valencia, dejó claro que cuando se presentan recusaciones contra miembros de un consejo superior universitario, el mismo cuerpo colegiado es el encargado de decidirlas, sin necesidad de remitirlas a la Procuraduría.
Este fallo refuerza la posición de la Procuraduría Regional, que ya resolvió el tema y devolvió el caso al CSU, dejando en evidencia que la acción de tutela interpuesta para frenar la reforma estatutaria no tiene fundamento jurídico.
«Defender la autonomía universitaria es permitir el avance»
La universidad no puede quedar paralizada por intereses políticos ajenos a su desarrollo. La autonomía universitaria no se defiende con maniobras dilatorias ni con tutelas diseñadas para frenar el progreso. Se defiende garantizando la continuidad de los proyectos que han demostrado ser beneficiosos para la comunidad educativa.
«Nuestra posición: respaldo a la reforma y a la gobernabilidad»
Desde SINTRADEUA, respaldamos plenamente la reforma estatutaria y la posibilidad de reelección inmediata del rector. No podemos permitir que la universidad caiga en la inestabilidad por intereses personales de quienes no representan el sentir de la comunidad universitaria.
Hacemos un llamado a todos los sectores comprometidos con el futuro de la Universidad del Atlántico para que se unan en la defensa de esta reforma. La estabilidad y el progreso de nuestra alma mater dependen de ello.
