Por: Jaime Iván Borrero Samper.
El editorial de El Heraldo titulado “La Universidad del Atlántico no puede ser rehén de la politiquería” acierta en algo esencial: la comunidad universitaria no puede ni debe permitir que intereses políticos ajenos a la academia se adueñen del alma mater más importante del Caribe.
Pero también omite una verdad que vale la pena recordar: no todos los actores en este proceso son iguales, ni todos han actuado bajo las mismas motivaciones.
«La reforma y la legalidad»
El editorial insinúa que la actual administración habría impulsado un proceso “cuestionado” de reforma estatutaria. !Eso no es cierto.!
La reforma de los estatutos fue una decisión adoptada por el Consejo Superior, dentro de sus facultades constitucionales, legales y estatutarias, con la participación de los estamentos y la debida publicación de los acuerdos. No hubo improvisación ni imposición.
El proceso fue transparente, debatido y orientado a modernizar las normas internas para garantizar mayor estabilidad administrativa y mejores condiciones para la comunidad universitaria.
Reducirlo a un simple “movimiento político” es desconocer la autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución.
«Una gestión con resultados»
Tampoco puede pasarse por alto que la actual administración ha logrado algo que durante años parecía imposible: estabilidad institucional y equilibrio financiero.
En tiempos en los que muchas universidades públicas enfrentan crisis presupuestales, la Universidad del Atlántico ha fortalecido su infraestructura, ha ampliado la oferta académica, ha apoyado la investigación y ha mejorado la calidad de vida de docentes, estudiantes y trabajadores. Ese no es un logro menor.
Es el resultado de una gestión que, con errores y aciertos, ha priorizado el trabajo académico sobre el ruido político.
«Lo que sí debe preocuparnos»
Coincidimos con El Heraldo en que el proceso de consulta universitaria estuvo marcado por prácticas que deben ser revisadas y sancionadas: propaganda indebida, presuntas compras de votos, apoyos externos y certificaciones laborales que han despertado dudas legítimas.
Esas denuncias no nacen del capricho ni de la polarización; son hechos conocidos y documentados por la comunidad universitaria.
Por eso, antes de hablar de politiquería, hay que preguntarse quiénes realmente la ejercieron.
Defender la transparencia implica señalar, con respeto pero con claridad, a quienes intentan llegar a la rectoría no por mérito, sino por acuerdos y favores políticos.
«El papel del Consejo Superior»
El próximo 10 de octubre, el Consejo Superior Universitario tiene la enorme responsabilidad de decidir quién conducirá el destino de la institución.
Esa decisión no puede basarse en cuotas ni en presiones externas, sino en la evaluación objetiva de las hojas de vida, la legalidad de las certificaciones y, sobre todo, el respeto a la voluntad expresada por estudiantes y docentes en las urnas.
La comunidad universitaria ya se pronunció con contundencia.
El reto ahora es que el Consejo escuche ese mensaje y actúe con coherencia.
Solo así la Universidad podrá seguir avanzando en el camino de la consolidación y el prestigio académico.
«La Universidad que queremos»
La Universidad del Atlántico no está llamada a repetir los vicios de la política tradicional.
Está llamada a ser ejemplo de ética, de mérito y de excelencia pública.
Ese es el desafío que tenemos todos: cuidar lo que se ha logrado y no retroceder en nombre de ambiciones personales o de alianzas circunstanciales.
El editorial de El Heraldo pone sobre la mesa un debate necesario.
Pero ese debate debe partir de la verdad, no de la generalización.
Hoy más que nunca, defender la Universidad es defender la transparencia, la autonomía y los resultados de una gestión que ha sabido mantenerla en pie cuando muchos apostaban al caos.
