Por: Laura Dulce Romero
La desconexión de los programas con la realidad de la región, una deserción del 50 % y la mano de la política obligan a estas instituciones a replantearse.
Según datos del Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (Snies), en la Región Caribe hay 1.117 programas de pregrado activos, 400 son ofertados por instituciones oficiales y sólo el 13,5 % cuenta con registro de alta calidad. En el caso de los posgrados, ninguno tiene este reconocimiento. Hasta el momento, sólo una de las universidades de esta región del país cuenta con la certificación institucional de calidad.
De acuerdo con información de Colciencias, las universidades de los ocho departamentos de la región acogen a 492 de los 3.473 grupos de investigación reconocidos, es decir, el 12,4 % a nivel nacional. Y el 50 % de los estudiantes no terminan sus estudios.
No hace mucho, la calidad se convirtió en una exigencia en el sistema educativo. Si bien existen instituciones que desde un comienzo se preocuparon por demostrar su excelencia, hubo otras que tuvieron un tardío despertar. Eso ocurrió con las universidades públicas de la Región Caribe, que hoy muestran un panorama con serias deficiencias estructurales que, si no mejora, repercutirá en el futuro de esta zona de Colombia.
O así lo cree Ricardo Chica, docente e investigador de la Universidad de Cartagena, para quien las instituciones oficiales, desde el punto de vista social, son imprescindibles porque son la única oportunidad que tiene la gran mayoría de la población del Caribe, que es muy pobre, para cambiar su vida. Una posibilidad que se ve más truncada por un sinfín de problemas sin resolver a fondo.
El principal de ellos, según este doctor en Educación, es la estrategia del Gobierno de aumentar considerablemente el número de estudiantes con los mismos recursos. Por eso se atreve decir que se necesita con urgencia un fortalecimiento institucional, en el que se priorice la formación de los docentes y la inversión en la investigación dirigida a solventar las necesidades de este territorio.
Reconoce que ha habido mejoras en la infraestructura universitaria con la construcción de edificios más completos e inteligentes, estudios de medios o laboratorios para los estudiantes. Sin embargo, critica la falta de mantenimiento en la inversión. Muchos de los aparatos y edificios no tienen una revisión constante.
Y aunque estos aspectos son importantes, hay un asunto que el investigador cree que es crucial: la reformulación de programas. Se deben redefinir o crear carreras pensadas desde la visión de país o región que se quiere construir. De esta forma se podría eliminar esa bifurcación de que la universidad va por un lado y la realidad por otra.
En este punto está de acuerdo Rafaela Vos Obeso, rectora (e) de la Universidad del Atlántico, para quien es urgente la conexión de los programas con lo que vive hoy el mundo o, por lo menos, con sus territorios y los planes de desarrollo departamentales; una unión que podría potenciar el desarrollo de todos los sectores.
Además de este problema, la rectora considera que hay una dificultad en la cobertura: “Cuando se abren convocatorias, en la Universidad del Atlántico, por ejemplo, se presentan 17.000 jóvenes. De ellos solo pasan 3.000. Eso nos indica que las oportunidades no son para todo el mundo”. Y no lo son porque el presupuesto no es tan amplio y eso se debe, en gran medida, a que la educación en Colombia ha sido muy centralizada, señala la académica. No en vano, las mejores instituciones se encuentran en lo que denomina el Triángulo de Oro: Medellín, Cali y Bogotá.
Vos Obeso insiste en buscar oportunidades en medio de la falta de recursos, que ayuden a alcanzar el certificado de calidad que en estos momentos está tramitando esta institución. Por un lado, asegura que la universidad pública no puede estancarse en esperar dinero del Ministerio, sino que debe buscar alianzas con organismos del Estado y la empresa privada.
“Actualmente hay una estrategia importante que hemos implementado y es utilizar las regalías para el desarrollo de macroproyectos en conjunto con diferentes universidades, que nos han ayudado a realizar más investigaciones”, explica. También ve como una salida a la carencia de recursos la tecnología (mejorar los programas en línea) y las alianzas con otras universidades públicas para aunar esfuerzos con el fin de mejorar la calidad. En vista de que hay una desventaja, en el caso del Atlántico, hay múltiples convenios con instituciones del interior, como la Universidad Nacional, que benefician la formación de los alumnos.
José Alfredo Aparicio, decano del Instituto de Estudios en Educación de la Universidad del Norte, reconoce todos estos argumentos y afirma que aún queda mucho camino por recorrer. Se preocupa, puntualmente, por las universidades de La Guajira y la Popular del Cesar, que hasta ahora no cuentan con registro de alta calidad.
Le intranquiliza que haya una alta tasa de deserción, que debe ser atendida cuanto antes por el Estado. Para Aparicio, eso está muy ligado a la necesidad de mejorar los indicadores de desempeño académico de los estudiantes. Pero para lograrlo falta una revisión juiciosa de los perfiles de los docentes, que en su mayoría deberían ser investigadores con título de doctorado.
Está seguro de que para corregir hay que buscar ejemplos y la mejor forma de hacerlo es apostando por los programas de internacionalización de las universidades.
El Espectador buscó al Ministerio de Educación para contrastar la información, pero no obtuvo respuesta. Aparicio y Chica advierten que la presencia de intereses políticos en algunas instituciones podría ser la madre de todos los males, pues consideran que ha generado trastornos en el liderazgo y programas cortoplacistas, que producen lentos procesos de cambio y que dejan como resultado un paisaje nada alentador en la calidad de la educación superior en el Caribe.
