Lorduy y su ataque a la autonomía universitaria: el verdadero trasfondo de sus palabras

 

Por: Jaime Ivan Borrero Samper

El reciente pronunciamiento de César Lorduy, exsenador ampliamente cuestionado y hoy aspirante a mantenerse en la arena política, no puede leerse como un simple análisis jurídico. Su escrito, disfrazado de interpretación legalista, tiene un claro destinatario: respaldar la candidatura de Leyton Barrios, otro personaje cuestionado que pretende llegar a la rectoría de la Universidad del Atlántico.

Lorduy intenta reducir la consulta universitaria a un trámite decorativo, cuando en realidad es la expresión más legítima de la comunidad académica. Desconoce que el mandato que surge de las urnas es el que confiere verdadera legitimidad al futuro rector. Pretender que el Consejo Superior ignore esa voluntad es abrirle la puerta al clientelismo y a las componendas políticas que tanto daño le han hecho a nuestra Alma Mater.

No es casualidad que este exsenador, con un largo historial de cuestionamientos, aparezca ahora como “intérprete” de la norma. Su verdadero interés es garantizar la llegada de un candidato sin credenciales académicas suficientes, pero con los padrinazgos políticos de siempre. Lo que Lorduy omite es que la autonomía universitaria no se reduce a un formalismo jurídico, sino que implica respeto por las decisiones de estudiantes, docentes y egresados.

La Constitución Política, en su artículo 69, consagra la autonomía universitaria como principio rector, estableciendo que son las universidades las que determinan sus estatutos y formas de gobierno. Esa autonomía se expresa precisamente en la consulta previa, que no es un adorno sino un mecanismo de participación que materializa la soberanía de la comunidad académica.

El propio Consejo de Estado ha señalado que, si bien la consulta no sustituye la decisión formal del Consejo Superior, sí constituye un mandato de orientación obligatoria. Ignorarla equivaldría a vaciar de contenido el principio democrático y desconocer la confianza legítima que los estudiantes, docentes y egresados depositan en este proceso. Atender el mandato de la consulta no es un favor: es un deber institucional.

Por eso, sostener, como lo hace Lorduy, que el CSU puede pasar por alto el resultado de la consulta es jurídicamente débil y políticamente perverso. Sería un fraude a la voluntad universitaria, un acto de mala fe institucional y una afrenta contra el principio democrático.

La pregunta que queda en el aire es: ¿a quién le teme Lorduy? Tal vez a que, por primera vez en mucho tiempo, sea la comunidad universitaria la que imponga su voz por encima de los politiqueros que han pretendido decidir en nombre de todos. La UA no está para experimentos ni para negociados. Está para que la lidere quien tenga el mayor respaldo académico, social y democrático.

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