Por Jaime Ivan Borrero Samper
En respuesta al editorial publicado por El Heraldo sobre la situación que atraviesa la Universidad del Atlántico, resulta necesario precisar algunos aspectos que no pueden pasarse por alto. Coincidimos plenamente en que la crisis institucional es el resultado de un proceso rectoral mal conducido, pero discrepamos en el enfoque que pretende reducir las movilizaciones universitarias a expresiones influenciadas o manipuladas políticamente. Nada más lejos de la realidad.
Lo que hoy vive la Universidad del Atlántico no es una efervescencia pasajera ni un movimiento artificial, sino la consecuencia de una acumulación de inconformidades frente a la opaca y cuestionada designación del señor Leyton Barrios como rector. Su elección, atravesada por denuncias de irregularidades, incongruencias en certificaciones y un evidente conflicto de intereses, fracturó la confianza de la comunidad académica en las instituciones universitarias. La respuesta de los estudiantes, profesores y trabajadores no es una reacción partidista, sino un acto de dignidad colectiva ante lo que se percibe como una imposición ajena a los valores de transparencia, mérito y autonomía universitaria.
Decir que detrás de las marchas hay intereses políticos nacionales o electorales es desconocer la esencia del movimiento. Por el contrario, ha sido el Gobierno Nacional, a través de sus órganos de inspección y vigilancia, el que ha cumplido con su función legal de velar por la correcta aplicación de las normas y la integridad institucional. Confundir esa función con injerencia política es tergiversar los límites de la autonomía universitaria, que jamás puede ser excusa para tolerar la arbitrariedad ni encubrir la ilegalidad.
Si de intereses políticos se trata, habría que mirar hacia las casas tradicionales del poder local, aquellas que durante décadas han intentado convertir la Universidad en un botín burocrático, moviendo fichas, pactos y silencios para sostener sus cuotas de influencia. Lo que hoy incomoda a esos sectores no es la protesta, sino la conciencia crítica de una comunidad universitaria que decidió despertar, organizarse y exigir respeto por sus derechos.
La Universidad del Atlántico no está dividida entre partidos, está unida en torno a un mismo reclamo: la defensa de la legitimidad, la ética y la verdad institucional. No hay vandalismo cuando se protesta con convicción, ni politización cuando lo que se exige es coherencia, legalidad y respeto por la comunidad universitaria.
Por eso, más que criminalizar o deslegitimar la movilización, es urgente que los medios de comunicación, en especial los de referencia regional, asuman su responsabilidad con equilibrio y profundidad, evitando reforzar narrativas que confunden opinión con manipulación y que terminan debilitando las causas justas. El deber del periodismo no es sostener el statu quo, sino dar voz a quienes defienden el bien común con argumentos y valentía.
Desde los sindicatos, desde las aulas y los pasillos, desde el sentir de miles de estudiantes, profesores y trabajadores, seguiremos apostándole a una Universidad del Atlántico libre de injerencias políticas, fuerte en su autonomía, y comprometida con la verdad y la justicia institucional.
