POR REVISTA SEMANA
Desde el 2005 ha habido cuatro rectores interinos y dos ex rectores condenados. El ministerio de Educación traslada sus investigaciones a la justicia.
En la Universidad del Atlántico la excepción es la regla. En la última década ha habido cuatro rectores interinos, tres mujeres, una de ellas fue Ana Sofía Mesa quien ejerció la rectoría durante cuatro años en esa condición y al año de haber sido nombrada en propiedad por el Consejo Superior cumplió 65 años, y aunque esta es la edad de retiro forzoso para los servidores públicos, ella se mantuvo en el cargo durante dos años más hasta 2014.
A la exrectora Ana Sofía Mesa la remplazó el economista Rafael Castillo, quien permaneció en el cargo entre septiembre de 2014 y agosto de 2015, sustituido a su vez en medio de un proceso de elección de rector que fue suspendido por el Tribunal Contencioso del Atlántico. Le sucedió la actual rectora la socióloga Rafaela Vos Obeso, quien completó el pasado mes de agosto un año de interinidad y ya lleva ocho meses de haber cumplido la edad de retiro forzoso.
También era excepcional en esta universidad hasta hace un año el sistema de elección, pues al Consejo Superior podían ser nominados como candidatos a rector aspirantes que no hubieran pasado por el mecanismo de la consulta. Es decir, que mientras unos candidatos se someten a unas elecciones en la que votan estudiantes y profesores, al final del proceso los miembros del Consejo Superior podían postular candidatos.
El 6 de julio de 2015 cuando faltaban dos días para elegir al rector que debía remplazar a Ana Sofía Mesa, el Tribunal Administrativo del Atlántico suspendió el proceso ante una demanda presentada por el profesor Juan Barrios y la alumna de la facultad de derecho Loly de la Asunción, quienes pidieron suspender provisionalmente la elección con el fin de que todos los candidatos pasaran el mismo proceso de selección.
Hace un mes el Tribunal le dio la razón al profesor y a la alumna acogiendo la petición de decretar la nulidad de un literal del artículo que permitía postular a última hora candidatos ‘paracaidistas’, como los calificó el exrector Rafael Castillo a Semana. En la sentencia del Tribunal se establece también que los representantes de los egresados, de los gremios de la producción y de los exrectores con asiento en el Consejo Superior si tienen candidatos deben someterlos a consulta, pero el fallo fue apelado ante el Consejo de Estado.
Esta delicada situación de gobierno en la UDEA es sólo la manifestación de una crisis más profunda. Actualmente es la única universidad pública que se encuentra en proceso de ley 550 con acreedores a los que se debe cerca de 30.000 millones de pesos, cuyo origen se remonta a los primeros años de 2000 cuando se presentaron una avalancha de condenas vía tutela por parte de un denominado ‘cartel del embargo’ (una presunta alianza entre abogados, funcionarios de la rama judicial y administrativos de la universidad), que la llevaron a una situación económica que terminó en una cesación de pagos. Dos de los rectores que pagaron tutelas reconociendo derechos salariales por 136 mil millones de pesos, fueron condenados a ocho años de cárcel pero ese fallo se encuentra en apelación. En la universidad hay otra excepción que es más bien un privilegio, los pensionados por convención tienen derecho a que les paguen el 100 por ciento del último salario devengado, mientras los demás reclaman sus pensiones sobre el 75% de lo devengado.
Durante la rectoría de Ana Sofía Mesa se realizó una reestructuración administrativa que redujo la planta a 180 funcionarios, lo que implicó el despido de más de 400 personas, quienes demandaron y a medida que se han producido los fallos la UDEA los ha tenido que reintegrar con pagos millonarios por salarios dejados de pagar. Hoy en día existen tres nóminas. La de la planta, una nómina de contratistas por prestación de servicios que mal sumados son 550 funcionarios y otros 83 a los que llaman la ‘nómina judicial’. Y en curso hay centenares de demandas.
La universidad esta viviendo en estos días una de sus últimas y recurrentes crisis. En el último año ha habido seis paros y en las dos semanas anteriores se vivieron los momentos más críticos por cuenta de unas denuncias del vicerrector administrativo Gaspar Hernández Caamaño quien dijo ante los medios que había sido víctima de amenazas por parte de la jefe de la oficina jurídica Fanny Bayona, quien habría ido a su casa a reclamarle porque Hernández objetó unos contratos para suministro y mantenimiento de aires acondicionados con una sociedad cuya matrícula mercantil se encuentra cancelada y el representante legal es un guajiro, paisano de la señora Bayona.
El destituido exvicerrector Gaspar Hernández Caamaño sostiene que la ‘universidad es un simulacro académico’, afirmación que sostiene se funda en el hecho que siendo la universidad pública regional con el mayor presupuesto (400 mil millones de pesos), 75 años de existencia, con 24.000 estudiantes, sólo 8 de los 36 programas están acreditados, mientras que universidades como las de Cartagena tienen el doble de programas acreditados y la del Magdalena está acreditada institucionalmente.
Aunque no se ha fijado fecha para la reunión mensual del próximo Consejo Superior, se dice entre estudiantes y profesores que habrá un debate por unos contratos que han generado malestar en la universidad como lo es el hecho de que aproximadamente 80 alumnos tengan contratos con la universidad, y además hacen parte de una especie de ‘guardia pretoriana’ que agrede a los contradictores de la rectora, como le ocurrió al representante de los estudiantes Jonathan Camargo, a quien prácticamente lincharon hace pocos días.
Hay otros contratos que reflejarían un favorecimiento de personas y empresas que no cumplen los requisitos, como lo fue la contratación para el suministro de aires acondicionados para 80 aulas.
Contra la jefa de suministros también han presentado acusaciones graves porque realiza planes de compra desconociendo a otras instancias, como ocurrió con el contrato de vigilancia, en el cual ella misma convoca, califica, subsana errores, verificó los requisitos y es la encargada de supervisar la ejecución del contrato, desconociendo el estatuto de contratación, motivo por el cual el asesor de seguridad de la universidad, Marcos Guzmán Bettín, denunció el contrato ante la Fiscalía y la Procuraduría, pues hizo unas advertencias que fueron desconocidas.
Un último contrato al que se presentaron 14 firmas, es el de dotación del edificio de laboratorio, del cual fueron excluidos 10 proponentes y existe la convicción entre algunos miembros del Consejo Superior que será otorgado a una firma que no cumple con los requisitos de normas de calidad ISO exigidas, incluso habrían tratado de negociar con quienes sí cumplen pero al parecer no se pusieron de acuerdo e intentaron que la firma alemana que proveería los equipos se los vendiera pasando por encima de los representantes comerciales, pero la casa principal rechazó el negocio.
Las contrataciones bajo sospecha, la interminable interinidad y las crisis permanentes se reflejan en otra situación también excepcional. Mientras las universidades públicas del Magdalena y Cartagena manejan directamente los recursos estampilla pro ciudadela universitaria, en la Universidad del Atlántico la estampilla es manejada por un comité presidido por una secretaría departamental que -de acuerdo con denuncias de los delegados de los profesores y de los estudiantes ante el Consejo Superior-, se lo gastan en una burocracia que cuesta mil millones de pesos anualmente, no la invierten en capacitación o laboratorios que hacen falta y una de las pocas obras construidas en los últimos años fue desocupada hace tres semanas porque los estudiantes y profesores detectaron continuos temblores a pesar de haber sido construida hace cinco años.
Estudiantes y profesores no confían en el informe preliminar de una comisión que recomendó el regreso a clases de tres mil estudiantes en un edificio en el que funcionan los programas de derecho, ingenierías y posgrados. Por el contrario exigen que se contrate un estudio de las estructuras con la facultad de ingeniería de la Universidad de los Andes que fueron los que hicieron el estudio del edificio Space de Medellín.
El exrector encargado Rafael Castillo dijo a Semana que la crisis de la universidad se debe al control que los grupos políticos dominantes en el departamento ejercen sobre el Consejo Superior y en torno a ciertos resultados se incuban coaliciones que le permiten controlar administrativamente a la universidad. Por ello, afirma, las discusiones en la universidad se reducen a la elección de rector, a los procesos judiciales y al manejo del presupuesto, pero rara vez al mejoramiento académico, porque el presupuesto y la burocracia es disputada por las clientelas políticas que terminan negociando la gobernabilidad con una parte del estamento universitario en una extraña convivencia de clientelas tradicionales y una envilecida dirigencia sindical y de izquierda.
Las preguntas formuladas por Semana fueron contestadas por la oficina de comunicaciones en la que dicen que sobre la interinidad y la edad de retiro forzoso debe responder el Consejo Superior, que en el caso de la declaratoria de insubsistencia del exvicerrector hay unas demandas en curso por tanto no se pronunciará y sobre la acreditación de la universidad se encuentra en curso una visita de pares que vendrían a comprobar el estado de los programas y procesos.
La interinidad de los últimos cuatro rectores, las edades de retiro forzoso de dos sus últimas rectoras, la condena contra dos exrectores, la falta de certificación académica de la mayoría de los programas, las pujas intestinas y la presión político burocrática que se ha posado sobre la universidad del Atlántico en los últimos 25 años, son un lastre sombrío para la universidad pública más importante del Caribe colombiano.
