Observatorio de la Universidad Colombiana
Mucho se habla de un cambio a la ley 30/92, que el ministro Gaviria califica de «reforma integral» pero que, en la práctica, todo indica que será un remiendo, sin contexto, de los artículo 86 y 87.
Este es, casi de forma unanime, el pensamiento de rectores, analistas y, en general, del sector.
Es claro, y casi un consenso, que el llamado sistema de educación superior colombiano está desarticulado; que no hay una real integración entre actores; que -incluso- ni siquiera es precisa la definición de cuál es su aporte al país; que la financiación es inequitativa (no sólo entre las IES públicas, sino también de la carente mirada del Estado hacia las privados); que hay múltiples actores e intereses no conciliados en torno de lo que es educación superior (o terciaria, o post-secundaria o como se le quiera llamar); que el concepto de formación técnica ha sido maltratado, in-definido e indebidamente usado para efectos de oferta y de mercado entre lo profesional y lo laboral; que el país se ha quedado corto en la organización, fomento y articulación de las ofertas no formales, virtuales y extranjeras; que el anhelado deseo de impulsar la calidad y definir organismos y procedimientos al respecto han caído en un río revuelto que hace de la gestión educativa un dolor de cabeza más preocupado por los formatos que por sus responsabilidades; que hay casos conocidos, no públicos, de corrupción a diversos niveles y estamentos del sector; y que el lucro disimulado y la inacción ministerial en temas de control complementan el panorama. Estos y otros muchos más son los síntomas ya identificados y diagnosticados y que demandan una acción.
No obstante, pese al impacto que causa todo esto en la calidad y en la contribución de la educación superior a un proyecto de país coherente y debidamente articulado con el mercado laboral y con las necesidades regionales, pareciera como si el problema de la educación superior (o por lo menos de la Ley 30) fuera la aparente necesidad de asegurar más recursos para las IES públicas (universidades y no universidades), y ello ha condicionado a que la agenda pública se haya enfocado especialmente a hablar de la reforma de los artículos 86 y 87. Falta ver si el Ministerio de Educación logra conciliar los intereses, egos y actores que deben participar del análisis financiero y si para cuando el tema llegue al Congreso realmente están asegurados los esperados nevos recursos, pues entre la crisis fiscal, la reforma tributaria, la inflación y las demandas de otros sectores, los nuevos recursos tampoco están fácilmente garantizados.
La negociación, diálogo y comprensión de culturas, son aspectos esenciales en un proceso de revisión estructural del sistema, más allá de lo financiero y de lo técnico, y eso parecer entenderlo bien el ministro. Al fin y al cabo, no se puede desconocer que ha sido este sector, y específicamente el movimiento estudiantil (con sus “n” actores, protagonistas y denominaciones -hasta el hoy polémico senador Alexánder Flórez cuestionado por sus conductas, fue líder estudiantil), los grupos profesorales y los rectores, los que han sabido ejercer presión sobre los respectivos gobiernos y ministros de turno para buscar más recursos, registros, acreditaciones y diversas prebendas.
Y lo han logrado. En los últimos años, acompañados del debate mundial sobre la universidad gratuita y la educación como un derecho, más que un servicio (por eso el deseo del ministro Alejando Gaviria (foto) de modificar la Ley 30 en este aspecto), los presupuestos públicos para las IES oficiales se han incrementado. ¿Lo suficiente?, para el SUE y la Red TTU parece que no. Y como no hay un mecanismo público y efectivo de control y rendición de cuentas que permita saber si lo que la sociedad colombiana entrega a sus IES públicas es lo correcto, el imaginario es que no es así.
No obstante, un análisis del crecimiento de la planta física de las universidades e IES públicas en la última década, los mega salarios de ciertos profesores (vacas sagradas) en algunas de estas instituciones, amparados legalmente con el Decreto 1279, y la supuesta deuda histórica del Estado con estas IES, que supuestamente va en 18 billones (sin que ningún gobierno seriamente haya confrontado la cifra y haya hecho una memoria de cálculo de cómo se obtiene y a la luz de qué fundamentos de proyecto de universidad de país se construyó), pareciera demostrar que el debate de fondo no está en el financiamiento sino en el modelo real de universidad (pública y privada) que requiere Colombia.
A partir de un análisis serio de lo anterior es más fácil responder, ¿o replantear?, porque la enorme diferencia en la asignación de recursos entre las mismas universidades públicas, por qué las IES oficiales son tan dura e injustamente tratadas en lo presupuestal versus las universidades públicas, por qué hay dos y hasta tres instituciones públicas en entornos geográficos muy cercanos, sin que en la práctica colaboren y compartan recursos, por qué a las IES privadas son privadas de participar de recursos públicos si contribuyen en la formación de cientos de miles de compatriotas de escasos recursos; por qué se hacen millonarias apuestas para modelos tradicionales ajenos a los beneficios de la virtualidad, y por qué el propio Estado co-participa o promueve muy variadas iniciativas de crear nuevas instituciones.
Estos son algunos de los muchos aspectos que el país debe enfrentar seriamente, sin dilatarlos más.
Pero pasan los días, y la cuerda política del gobierno Petro (que aún parece vivir un cuarto de hora entre la opinión pública) no parece que alcance para que el actual Ministerio de Educación demuestre el liderazgo, conocimiento y autoridad para “revolcar” positivamente el sistema de educación superior, a través de una “reforma integral”.
A la fecha, y después de escuchar los diversos diagnósticos y apuestas del Gobierno, así como del preocupante silencio de las asociaciones en torno a una reforma de la Ley 30, da a entender que la supuesta reforma integral, que el ministro Gaviria vende en su discurso y promete a rectores y estudiantes, difícilmente va a pasar de ser un retoque de los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, sobre el modelo de financiación, no tanto por la capacidad de responder a las preguntas anteriores, sino por la habilidad política de satisfacer las expectativas de un multivariado grupo de lobistas que, como fieras tras la presa, buscan la manera de convencer a un inocente, poco conocedor y políticamente jugado equipo técnico que manejaría el tema desde el Viceministerio de Educación Superior.
Seguramente por eso… por una agenda política confusa, por un Ministerio que no inspira (y ni siquiera parece preocupar) al sector, por un ministro que se riega en expresar reflexiones y preocupaciones, pero con problemas para aterrizarlas en hechos concretos, y porque la mayoría del sector parece conforme con el statu quo paralizante, no se ve con optimismo que Colombia pueda avanzar en una significativa revisión y reforma de su ley de educación superior.
El alcance de una reforma a la ley 30
La Ley 30 de 1992 ha tenido tantos ajustes (se estima que son más de 50), que es una colcha de retazos que básicamente los “viejos” en el sector la comprenden a cabalidad, pero es sólo una de las normas que determina el presente y futuro del sector.
El debate debe iniciar por el tamaño de su ajuste, pues hay algunos que consideran que en general cumple con su objetivo y que revisarla estructuralmente podría conducir a un caos.
Una reforma plena implicaría sentar en la mesa a todos los actores (incluidos los de educación no superior en todas sus distintas expresiones) y volver a barajar.
Eso no sale en pocos meses, y conlleva un desgaste técnico, y político, de un gobierno, y el actual no parece interesado y cada vez con menos tiempo y cartuchos suficientes para ello.
Pero, aunque el ministro Gaviria no logre aprobar toda una nueva reforma integral, sí puede cobrar protagonismo en el sistema de educación superior como el gestor y artífice de un nuevo sistema, así este se consolide en un próximo gobierno.
Si logra sentar en la misma mesa, y al tiempo, a los actores claves del sector (más allá de los consabidos CESU, CNA, Conaces, universidades Nacional, Andes, Eafit, Valle, UIS, asociaciones como ASCUN, Red TTU, ACIET, las comisiones sextas y los voceros de estudiantes y profesores, por citar a algunos) e incluye en el análisis a las instituciones de educación informal, las de formación para el trabajo y el desarrollo humano, a las extranjeras con presencia en Colombia, a las que ofertan formación en línea de todo nivel, a las cajas de compensación, a los centros de investigación, a las alcaldías, a los profesores y estudiantes de las privadas…. habrá dado un paso importante.
No sería mal visto si a 2026 no se reforma debidamente la Ley 30, y, en cambio, sí sería muy positivo si logra integrar y comprometer en un proceso de consenso sectorial y político en torno de unas apuestas de reforma a todos estos actores, se han definido las líneas esenciales de la misma, al igual que las apuestas que, como país, se deben hacer a su sistema de educación superior.
Ajustes no integrales, pero sí urgentes y necesarios
Eso sí, el ministro Gaviria, y de paso el sistema, no pueden perder tiempo, como ya ha pasado en gobiernos anteriores, con debates que distraen, entretienen y aplacan los ánimos en torno de temas no esenciales de reforma, que terminan convertidos en documentos Conpes que no se traducen en acciones concretas o en proyectos de ley que terminan archivados.
Paralelo a la reflexión y concreción de acciones de parte del Sistema, el propio Ministerio de Educación, aprovechando su incidencia-influencia sobre senadores y representantes a la Cámara de las comisiones sextas, puede avanzar en ajustes (vía proyectos de ley independientes) de algunos artículos de la Ley 30, por un lado, y de ajustes internos en procedimientos y decisiones del Ministerio que sólo dependen de la voluntad política, financiera y estructural del Ejecutivo.
Algunos de los temas de la actual Ley 30 que podrían ser intervenidos de forma relativamente fácil y rápida, y que no demandan la complejidad política de los ajustes a los artículos 86 y 87, son:
1) Replantear la integración del Consejo Nacional de Educación Superior CESU y sus campos de acción. Revisar la conveniencia de mantener como permanente la presencia indefinida de las universidades Nacional de Colombia y Cooperativa; incluir la representación de rectores voceros de las instituciones universitarias y técnicas privadas; y revisar, en el panorama sectorial, la posible participación de voceros de IES extranjeras, virtuales, del SENA u otras.
2) Definir el campo de acción de la oferta educativa, mercadeo, cobros, aspecto tributario y titulación de colombianos a través de IES extranjeras de carácter virtual.
3) Agilizar, destrabar y fomentar el aporte disciplinar al desarrollo del país de profesionales colombianos que se titulan en el extranjero y que sufren un completo drama en los procesos de convalidación.
4) Rediseñar la naturaleza y lógica de funcionamiento del CONACES.
5) Agilizar, explicar y articular a los diversos niveles de IES, de titulación y de actores del sector, la puesta en marcha, total, de un sistema de articulación, flexibilidad y movilidad entre instituciones y los saberes previos, certificaciones y cualificaciones de toda persona que considere que sus conocimientos deben ser homologados para avanzar en otros niveles.
6) Usar la confianza previa para agilizar los procesos de las IES, su aprobación de programas y la agilidad en los tiempos.
7) Acompañado de lo anterior, recurrir a las tecnologías, a las redes sociales y al gobierno en línea, entre otros, para hacer una inspección y vigilancia proactiva y anticipatoria y no reactiva. Acortar y acelerar las instancias judiciales y disciplinarias para las investigaciones y sanciones a las IES.
8) Desaparecer el concepto de IES de economía solidaria. En la práctica solo hay una, y opera con una lógica plenamente privada.
9) Replantear el alcance, “utilidad” y uso de información de las pruebas Saber Pro.
10) Unificar la autonomía para todas las IES, a cambio de una estricta rendición de cuentas. Eso debería llevar a unificar el modelo de asignación de recursos y la reconfiguración de organismos como el SUE.
11) Potenciar la perentoria necesidad de compartir recursos, sedes, programas, softwares, modelos de admisión y personal entre IES públicas.
12) Poner “techo” a los salarios docentes a la luz del decreto 1279, hasta tanto no se haga una revisión estructural del mismo.
PD: Ojalá este análisis tenga un enfoque erróneo y el ministro Gaviria demuestre todo lo contrario y logre impulsar una verdadera reforma integral del sistema de educación superior.
