POR: JIBS
La Universidad del Atlántico ha vuelto al centro del debate público. Esta vez, no por escándalos, sino por un proceso legítimo, deliberativo y profundamente democrático: la discusión sobre la modificación del Estatuto General para habilitar la reelección inmediata del rector. Un debate natural en cualquier institución viva, pero que algunos han querido silenciar por vía de la recusación.
El 7 de mayo, un ciudadano presentó una recusación masiva contra la totalidad del Consejo Superior, argumentando supuestos conflictos de interés. Su objetivo: frenar el debate sobre la reforma, deslegitimar a los consejeros y, en la práctica, impedir que la Universidad delibere sobre su propio futuro.
Pero la Procuraduría Regional del Atlántico ha hablado claro y sin rodeos. En resolución del 17 de junio de 2025, este órgano de control declara infundada y no probada la recusación. Y lo hace con argumentos jurídicos contundentes que desmontan, uno por uno, los pilares de esa estrategia.
La Procuraduría fue categórica:
> «No se encuentra probado que los señores integrantes del Consejo Superior hayan estado vinculados a grupo alguno con interés directo en la modificación de los estatutos.»
«El solo hecho de pertenecer al Consejo Superior no configura, en sí mismo, un conflicto de interés.»
«No se acreditó interés patrimonial, moral ni ventaja directa alguna.»
«Las causales de recusación son taxativas y deben interpretarse de forma restrictiva.»
En otras palabras: la recusación fue jurídicamente débil, probatoriamente vacía y políticamente interesada.
Este pronunciamiento no solo libera al Consejo Superior para deliberar, sino que reivindica la autonomía universitaria. Porque la Universidad del Atlántico —como lo establece el artículo 69 de la Constitución— tiene derecho a gobernarse por sus propios estatutos, sin presiones externas ni bloqueos calculados.
Quienes adversan la reforma buscan sembrar dudas donde hay legitimidad. Lo que no pueden frenar con ideas, lo intentan frenar con maniobras. Pero la justicia no está para eso. La Procuraduría no se dejó utilizar. Y dejó en claro que este Consejo Superior tiene toda la autoridad para debatir y decidir.
Ahora, el camino está despejado. La Universidad debe continuar su deliberación con altura. La reelección inmediata no es un cheque en blanco; es una posibilidad democrática. Si hay un rector con resultados, con respaldo y con visión, debe poder volver a aspirar. No por capricho, sino por respeto a la voluntad institucional y al derecho de elegir.
Este no es un triunfo personal ni de un sector. Es un triunfo de la legalidad, de la institucionalidad y de quienes creemos que las decisiones de la Universidad deben tomarse adentro, no desde los tribunales ni desde los rumores.
La autonomía universitaria no se recusa. Se ejerce.
