LA DESIGNACIÓN DE UN RECTOR TITULAR EN LA UNIVERSIDAD DEL ATLÁNTICO.

Durante los últimos cinco años, la administración de la Universidad del Atlántico, como institución estatal, ha sido manejada de manera interina, comprometiéndose el desarrollo del centro de educación superior, donde están matriculados más de 22 mil jóvenes provenientes de casi todas las regiones del país.

 

Esa interinidad, que se traduce en desgobierno, tiene distintas causas que, a mi criterio, se pueden resumir en las siguientes: el interés de los miembros del Consejo Superior, órgano de dirección política, incluso los representantes del gobierno nacional, de manejar administrativamente a la Universidad, es decir controlar la rectoria; la ansiedad de dicho Consejo Superior, en pleno, de retirar a la exrectora Ana Sofia Mesa, bajo el sofisma de haber llegado, en el 2012, a la edad de retiro forzoso; la ineficiente y cuestionada gestión de los rectores encargados entre 2014 a 2017.

 

 

A esas causas, es menester agregar la existencia de un proceso judicial tramitado, en dos instancias, ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, mediante el medio de control de la acción pública de Simple Nulidad, contra una disposición del Estatuto General, referente a la función pública de los miembros del Consejo Superior, a postular candidatos para la designación de rector, cargo que es administrativo y no académico, de «libre nombramiento y remoción» y sin un período fijo de gestión evaluable.

 

Ese proceso contencioso, no dudo en decirlo, fue promovido, alimentado y sostenido, procesalmente, por miembros del Consejo Superior y de los rectores encargados, bajo polémica, por el mismo Superior, luego de la insubsistencia, polémica también, de la rectora «paisa», como fue bautizada por los «autarquicos» directivos universitarios. Paisa que duró en la rectoría  8 años ( del 2006 al 2014), el periodo más largo de rector alguno en los 75 años de historia de la Universidad, que ha tenido rectores de un solo día.

 

Terminado, al parecer, el proceso judicial, que suspendió, como medida provisional decretada, oficiosamente, por el Tribunal del Atlántico, la actuación administrativa que se adelantaba, para junio del 2015, con el objetivo de designar o elegir rector en propiedad, es lógico suponer que ha quedado superada dicha causa, exogena y judicial, y se puede proceder por parte del Consejo Superior a nombrar rector de los candidatos que quedaron flotando en la actuación suspendida, cuya medida fue revocada por el Consejo de Estado, en sentencia reciente, al desatar las apelaciones presentadas, contra el primer fallo favorable a la demanda, por miembros del Superior y la actual rectoria encargada.

 

Pero ha surgido una nueva polémica, me informan fuente de entero crédito, sobre la ejecución de la decisión judicial que denegó todas las pretensiones de la demanda, suscrita por un ilustre profesor y una alumna de la Facultad de Ciencias Jurídicas, pero cuya «autoria intelectual» se atribuyen abogados externos contratados, sin paga, por la rectoria encargada para los tiempos de dicha demanda. Y esa polémica es por el interés de desconocer a los tres candidatos sobrevivientes del proceso , que el Consejo de Estado, ordena reanudar y abrir un nuevo proceso para escoger rector titular. O sea comenzar mientras el desgobierno continúa.

 

 

La promotoria de esta nueva polémica se le atribuye, por mis fuentes, al actual Presidente del Consejo Superior y a miembros del equipo jurídico y de gobierno de la actual rectoria encargada. Las razones?.

1a. El gobernador actual no puede postular, porque el anterior postuló al actual jefe jurídico de la gobernación, quien fue descartado por no reunir, para entonces, los requisitos estatutarios para ejercer ese cargo. El gobernador, desde tiempo atrás, desea tener una rectoria de su «bolsillo»;

2a. La encargada de la rectoria desea, a sotto voce, reintegrarse a su docencia, pero sus asesoras, más cercanas, se lo impiden, pues una corre el riesgo de ser declarada insubsistente y la otra ser pensionada, ya que sobrepasa los 70 años de edad.

Ambas razones conlleva a torcerle el cuello al fallo judicial. Y mantener la interinidad contra los intereses institucionales.

Tan cierto es esto que un abogado de apellido de infante y un profesor partidario de «El hombre que amaba los perros», al parecer a instancia de la Encargada, presentaron en Bogotá un memorial solicitando aclaración de la sentencia. Desconozco los argumentos de estos «salvavidas», pero presumo que es para seguir «pelechando», con la complicidad del gobernador, de la contratación universitaria.

 

Frente esas posiciones que aún no han sido discutidas al interior del Consejo Superior, sino en los conciliabulos de la gobernación y en la Ciudadela Universitaria, como en las redes sociales, mi posición como egresado del Alma Mater, es que la decisión judicial, de última instancia, debe respetarse sin relativismo alguno, pues la misma ya se encuentra ejecutoriada, públicamente, y no se debe recurrir a formalismos torticeros. 

 

Esa posición la fundo en los siguientes aspectos procesales:

 

Primero.- No atender, con prontitud o dilatar, mediante argucias de tinterillos o politiqueros, el fallo del Consejo de Estado constituiría un delito, establecido en el Art. 454 del Código Penal vigente, que textualmente dice: «El que por cualquier medio se sustraiga al cumplimiento de obligación  impuesta en resolución judicial…,incurrirá en prisión de uno a cuatro y multa de 5 a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes».  Y en dicha conducta concurrirían todos los miembros del Consejo Superior, con voz y voto o sin voto, pues la ignorancia de la ley no es excusa para violarla. Tampoco se descartaría un presunto Concierto para delinquir y asesoría ilegal.

 

Segunda. Los tres candidatos sobrevivientes fueron sujetos del proceso judicial, tramitado y concluido en debida forma. Por tanto esas candidaturas no pueden ser desconocidas, so pretexto de ignorar, por intereses clientelistas, la decisión judicial, donde esta reseñada tanto la intervención procesal de estos tres señores, como de los miembros del Consejo Superior, incluyendo a la rectora encargada. Así las cosas ese fallo es ley para las partes.

 

Tercera. Abrir un nuevo proceso administrativo-electoral, para la escogencia del rector en propiedad para la Universidad, amen de constituir, presuntamente, un «concierto para delinquir»( no olvidar que el Superior tiene 11 miembros. Nueve con voto. Dos solo con voz), es atacar el futuro de dicha institución educativa que viene «naufragando» en cinco años de interinidad, tanto administrativa como académica. La mayoría de las Decanaturas están siendo ejercidas por encargados y otros académicos pensionables. 

Una nueva convocatoria para rector seria un salto al vació y premiar a la clientela «regionalista» de tomarse la Universidad para sus hermanos de logia y de rodilla. NO DEJEMOS QUE EL VERANO CONTINUÉ. ES HORA DE TRAER LA PRIMAVERA.

 

 

Soy pensionado del Estado, con una mesada que reconoce mis tres décadas de cotizaciones, mis salarios en los 10 últimos años como exdirectivo del Alma Mater y el máximo porcentaje que la ley de Seguridad Social establece. Y en esa condición he regresado, relajado, a mis actividades de abogado, asesor y litigante, de docente universitario y periodista libre. Manifiesto lo anterior porque no me guía ningún interés personal en relación a la Universidad, donde me forme intelectualmente. Pero si deseo que se respete su futuro y se priorice su institucionalidad, ante cualquier otro interés de partido político o de personalismos cáducos y corruptos.

En ese sentido me atrevo a exponer mi opinión sobre quien debería asumir la rectoria de tan importante institución de educación superior de la siguiente manera:

 

En la palestra están tres candidatos. Un economista, un licenciado en biología y química y un biólogo. Uno de ellos debe obtener 5 votos de los 9 posibles. Es improbable que haya unanimidad para el nombramiento del nuevo rector titular, ya que los sobrevivientes del controvertido proceso, provienes de cuatro sectores que concurren en el Consejo Superior.

 

Creo, salvo mejor criterio, que a la institución no le conviene, en estos momentos, una rectoria en manos del economista de «Simón Bolívar». Cuando se desempeño como encargado dejo, en solo 11 meses de cuestionada gestión, una estela de irregularidades que el Ministerio de Educación Nacional( con 2 votos en el Superior) y la opinión pública conocen; se enemistó con el Consejero de los gremios y desde sus redes insultó a «raimundo y todo el mundo», o sea es de una personalidad irascible cuando tiene poder y de «mendigo» cuando lo pretende.

En mi poder conservo documentos públicos que me permiten, periodisticamente, expresar y probar que mientras duro su encargo, ilegal, mantuvo un contrato de prestación de servicios profesionales como asesor en asuntos de tránsito y transporte del Departamento del Atlántico. Y recibía el salario de rector. Amen de contratar a un compadre, a quien le cedió el contrato de la gobernación, como auditor ante el Comité de Vigilancia de la Ley 550 de la Universidad.  Esa sola conducta me demuestra que no posee sino ambición personal.

 

Nombrarlo rector en propiedad sería entregarle un pollo a un gavilán. Testimonios conozco que prueban que no me equivoco. Mi piel también. 

 

 

Al microbiologo de la sabana cordobesa no lo conozco personalmente. He visto su foto y leído su hoja de vida. Es un científico. Es posible que por ese espíritu analítico este preparado a no contaminarse con el ambiente de pugnacidad que a diario se vive en la comunidad universitaria. Y pueda sobrevivir sin sedantes e infartos. Puede ser un rector de transición, pero creo que no conoce en carne propia los males de la única universidad estatal sometida al régimen de quiebra financiera probablemente más allá del 2020. Puede lograr los dos votos del MEN. Y en una doble ronda de votación conseguir los votos del exrector, estudiantes y docente. Y así sumar cinco.

 

 

El tercer candidato esta muy cerca del Ministerio de Educación por su ejecutoria reciente ante la Secretaria de Educación Departamental y el Instituto de Soledad. Esa gestión hace presumir que conoce el sector educativo.

 

 Es egresado y fue postulado por los egresados, cuyo representante es un declarado militante «olímpico», lo que me hace suponer que el senador , «Rey Arturo», puede ordenar a su gobernador que vote por el profesor. Y no dudo que el representante de la Intergremial no se arrodille también a esa orden. Así habría rector en las primeras de cambio. Con este colega de licenciatura he conversado más de una vez sobre la situación de la Universidad. Si no se cierran las grullas podría gobernar ese potro de miles de intereses. 

 

Esas son mis cabalas de Rey Mago. Sobre el voto del representante de los académicos de la Universidad no me atrevo a opinar, pues ha dicho que ahí lo eligió el economista. No creo que cambie, pues no tiene edad para ser infiel.

 

Deseo la primavera. Pero esta debe ser de cara nueva en la rectoria de la Universidad, donde estudie una licenciatura y un doctorado.  Sabiduría señores Consejeros. Y recuerden LA PREVALENCIA DEL INTERÉS GENERAL no es paja. Es un principio constitucional. Correo: gasparemilio0810@gmail.com