Desde SINTRADEUA respaldamos las declaraciones del rector Danilo Hernández sobre la grave situación de inseguridad que vive la comunidad universitaria en sus alrededores. Valoramos que se haya hecho pública una denuncia que durante años se ha sentido en la piel de estudiantes, profesores, trabajadores y vecinos: robo constante, amenazas, intimidación y una creciente sensación de abandono.
Reconocemos, además, los esfuerzos que desde el Departamento de Infraestructura Física y Servicios Generales se han hecho para mejorar la iluminación, instalar cámaras y adecuar espacios. Sabemos que hay voluntad. Pero también sabemos que la magnitud del problema supera la capacidad institucional de la universidad. Y en ese punto queremos ser enfáticos:
La seguridad ciudadana es responsabilidad del Estado. No es aceptable que el rector y la institución carguen solos con una problemática que exige presencia del Gobierno Nacional, la Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, la Policía Nacional y los entes de control.
Por eso, como sindicato con voz y compromiso, planteamos:
1. Acompañamos al rector en su denuncia, pero exigimos que no lo dejen solo. El Presidente de la República, el Ministro del Interior, el Gobernador y la Alcaldía deben actuar.
2. Proponemos la creación inmediata de una Mesa Interinstitucional por la Seguridad Universitaria, con participación de todos los actores: comunidad, autoridades, entes de control y Gobierno Nacional.
3. Solicitamos acciones urgentes en los horarios nocturnos, rutas seguras, patrullaje conjunto y mecanismos eficaces de respuesta ante emergencias.
4. Pedimos que se evalúe públicamente el impacto de las medidas adoptadas hasta ahora, para saber qué ha funcionado y dónde seguimos fallando.
La educación no puede florecer bajo el miedo. No se puede investigar ni trabajar si salir de la universidad es un riesgo. Desde SINTRADEUA decimos: la seguridad de nuestra comunidad no es una petición, es un derecho.
Apoyamos al rector. Pero, sobre todo, defendemos a nuestra comunidad y exigimos respuestas reales de quienes tienen la obligación constitucional de garantizarlas.
