Por Jaime Ivan Borrero Samper
El 5 de noviembre de 2025, ante el Juzgado Tercero Administrativo de Barranquilla, la Corporación Universitaria Americana reveló lo que muchos temían y pocos se atrevían a reconocer: Leyton Daniel Barrios Torres nunca tuvo vínculo docente ni laboral con esa institución.
Su relación fue civil ad honorem, sin contrato, sin pago, sin horas de docencia directa.
Y pese a esa verdad irrefutable, documentada, firmada y remitida al juez, el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico, presidido por Eduardo Verano De la Rosa, decidió designarlo rector.
Una decisión tomada a sabiendas de las inconsistencias, ignorando la revocatoria directa en curso y burlando el debido proceso administrativo.
La historia universitaria recordará este episodio como la designación más cuestionada, más precipitada y más moralmente insostenible de los últimos tiempos.
⚖️ La confesión judicial que destruye la versión oficial
El documento firmado por la representante legal de la Americana, Alba Lucía Corredor Gómez, no deja resquicio para la duda:
“La naturaleza del vínculo es civil ad honorem, esto es, sin percibir contraprestación económica ni generar vínculo laboral con la Corporación.”
“Las actividades desarrolladas no implicaron la asignación de horas directas en aula.”
Es decir: no hubo docencia, ni contrato, ni remuneración, ni experiencia que pueda contabilizarse como requisito rectoral.
El soporte que permitió la inscripción de Leyton Barrios fue materialmente inexacto y, por tanto, carece de valor jurídico y ético.
Lo más grave es que esta verdad ya era conocida por los organismos de dirección universitaria antes de la sesión del 24 de octubre de 2025.
Pese a ello, el Consejo Superior corrió a votar, no para proteger la legalidad, sino para blindar un acuerdo político.
🧩 El Comité de Credenciales: la omisión que permitió el fraude
Nada de esto habría sido posible sin la negligencia o complacencia del Comité de Credenciales.
Ese comité, creado para garantizar la transparencia y la meritocracia, avaló sin verificar, certificó sin contrastar y guardó silencio ante las contradicciones más evidentes.
Tuvo en sus manos cuatro versiones distintas de una misma institución:
Una del 13 de agosto, que hablaba de contrato y docencia.
Otra del 27 de agosto, que negaba todo vínculo.
Una tercera del 1 de septiembre, que reafirmaba el error.
Y la definitiva, del 14 de octubre, que confesaba que todo fue ad honorem.
El Comité de Credenciales no pidió aclaraciones, no solicitó contratos, no cotejó fechas ni horas.
Optó por el camino fácil: dar por buena una mentira administrativa.
Y con ese error, voluntario o no, indujeron en error al Consejo Superior, contaminando el proceso rectoral desde su origen.
🧩 El Consejo Superior: la complicidad consciente
Pero la responsabilidad no termina ahí.
El Consejo Superior Universitario, con pleno conocimiento de la revocatoria directa presentada el 21 de octubre y de la evidencia aportada, decidió sesionar el 27 de octubre para elegir a Leyton Barrios como rector.
Lo hizo pese a estar advertido por oficio formal del riesgo jurídico y ético que implicaba designar a alguien cuya documentación había sido desmentida por la propia universidad que la expidió.
Y lo hizo sin esperar la decisión de fondo sobre la revocatoria, sin analizar las pruebas y, lo más reprochable, con la conciencia clara de que la verdad ya estaba escrita.
Esa conducta no puede calificarse de error administrativo: fue una decisión consciente, deliberada y políticamente calculada.
El Consejo Superior no actuó por desconocimiento, sino por conveniencia.
Eligió ignorar los hechos, traicionar la ética universitaria y comprometer la reputación de toda una institución pública.
Hoy, cada uno de sus miembros deberá responder no solo ante la historia, sino muy posiblemente, ante los órganos de control.
Porque quien vota sabiendo que la base de un acto es falsa se convierte en garante de la falsedad.
🧩 Entre la moral universitaria y la decadencia institucional
La Universidad del Atlántico vive una paradoja dolorosa: mientras acumula acreditaciones académicas, pierde credibilidad moral.
Lo que debió ser un proceso rectoral limpio, plural y legítimo, terminó convertido en una operación política para imponer un nombre a cualquier costo.
El daño no lo causa solo quien miente, sino quien sabiendo la verdad, la calla y la valida.
Por eso este caso ya no se trata de un documento falso, sino de una cultura institucional que prefirió la conveniencia sobre la verdad.
Y eso , en una universidad pública es una forma de corrupción.
🕊️ La verdad no prescribe
La verdad puede aplazarse, pero no desaparecer.
Hoy, esa verdad está firmada por la propia Universidad Americana, sellada en el expediente judicial y conocida por todo el país.
El vínculo de Leyton Barrios fue ad honorem, sin contrato, sin pago, sin docencia, sin mérito.
El Consejo Superior eligió sabiendo esto.
Y el Comité de Credenciales fue la pasarela que permitió que esa falsedad se convirtiera en un nombramiento.
La Universidad del Atlántico deberá decidir si corrige o si prefiere ser recordada como la institución que eligió la mentira como método de gobierno.
Porque la ética, aunque algunos la subestimen, sigue siendo el fundamento de la verdadera excelencia.
