Por Jaime Ivan Borrero Samper
Por estos días, una decisión judicial volvió a poner sobre la mesa una realidad incómoda: cuando la administración pierde el norte, es un juez quien termina corrigiendo el timón.
El Juzgado Primero Promiscuo del Circuito de Puerto Colombia, en sentencia reciente, revocó el fallo inicial y tuteló los derechos fundamentales del funcionario Álvaro González Aguilar, ordenando su reintegro inmediato al cargo que venía desempeñando, esto es, el de Vicerrector de Bienestar Universitario, o, en su defecto, a uno de igual jerarquía, y la suspensión provisional de los actos administrativos que lo separaron del servicio.
No se trata de un simple reintegro laboral.
La jueza fue clara: aquí estaban comprometidos el derecho al trabajo, al debido proceso, al mínimo vital y a la estabilidad laboral reforzada, además de los derechos de niños, adultos mayores y del núcleo familiar del accionante.
En términos sencillos: la Universidad actuó sin observar los estándares constitucionales mínimos.
Y por eso la justicia intervino.
