Por Jaime Iván Borrero Samper
El anuncio del aumento salarial para empleados públicos en Colombia, fruto del acuerdo entre sindicatos y el Gobierno Nacional, llega con aplausos oficiales y alivio para muchos trabajadores. Sin embargo, la pregunta que deberíamos hacernos no es si hubo un aumento, sino si este responde realmente a las condiciones socioeconómicas que enfrenta el país y a las necesidades históricamente postergadas del sector público.
El gobierno, representado por el ministro de Hacienda, Germán Ávila, celebró la concertación como un logro del diálogo social. Pero tras esa imagen de armonía institucional, persisten dudas legítimas: ¿fue este un aumento digno o simplemente una cifra maquillada para frenar la presión sindical? ¿Cuánto impacta realmente en el bolsillo de un docente, un funcionario judicial o un trabajador de planta, si lo contrastamos con la inflación proyectada, el costo de vida y el rezago salarial acumulado?
Más aún, ¿por qué seguimos negociando año tras año con una lógica reactiva, cuando lo que urge es una reforma estructural al sistema salarial del sector público? No se trata solo de subir porcentajes, sino de redefinir la relación entre el Estado y sus trabajadores, reconocer el valor estratégico del empleo público y superar el enfoque asistencialista que a menudo tiñe estas negociaciones.
Este aumento, aunque representa un alivio temporal, no debe distraernos del debate de fondo: Colombia necesita una política salarial pública coherente, progresiva, y anclada a la dignificación real del trabajo estatal. De lo contrario, seguiremos celebrando victorias simbólicas en un tablero que se niega a cambiar las reglas del juego.
