Por: Jaime Iván Borrero Samper
Cada tanto aparece un nombre que pretende irrumpir en la vida universitaria sin haberla vivido, sin haberla pensado, sin haberla construido. Esta vez se trata de Leyton Daniel Barrios Torres, abogado, exconcejal de Barranquilla y actual Secretario de Educación del Atlántico. Hoy, con ambiciones declaradas, quiere convertirse en rector de la Universidad del Atlántico.
El problema no es que aspire. Todos los ciudadanos tienen derecho a postularse a cargos públicos. El problema es cómo lo hace, desde dónde lo hace y con qué hoja de vida académica pretende hacerlo.
Leyton no tiene experiencia en docencia universitaria, ni en investigación, ni en gestión dentro de una institución de educación superior. No ha dirigido un programa académico, una facultad, ni una unidad académica. No se le conoce una sola publicación en el ámbito científico o pedagógico. Su recorrido ha sido estrictamente político, y su postulación responde a una lógica de poder, no a una vocación universitaria.
A ello se suma un detalle no menor: ocupa actualmente el cargo de Secretario de Educación del Departamento del Atlántico, nombrado por el gobernador Eduardo Verano de la Rosa, quien es además presidente del Consejo Superior Universitario. ¿Cómo garantizar independencia cuando el superior político del candidato preside el órgano que elige al rector? ¿Cómo hablar de meritocracia si lo que se impone es el patrocinio político?
Lo más preocupante, sin embargo, no es su falta de experiencia universitaria. Es la peligrosa idea que representa: la de que un título profesional y una carrera política bastan para dirigir una universidad pública. Esa visión tecnocrática y reduccionista es la misma que ha minado durante décadas la autonomía universitaria en Colombia. No podemos permitir que el Atlántico repita esa historia.
La Universidad del Atlántico no necesita un político sin trayectoria académica. Necesita continuidad institucional, capacidad de gestión, legitimidad ante la comunidad, y visión universitaria. Lo ha venido logrando con una rectoría que ha priorizado la estabilidad, el diálogo y los resultados concretos. Cambiar ese rumbo para entregar el timón a la improvisación política sería un error histórico.
Esta entrega no pretende ser un ataque personal. Es una alerta. Una defensa firme de lo que la universidad ha construido y un llamado a la sensatez colectiva. No se trata de nombres. Se trata de principios.
La Universidad del Atlántico no está en venta, ni en alquiler para intereses políticos.
La rectoría no puede ser un experimento ni un trampolín electoral.
Hoy más que nunca, profesores, estudiantes, trabajadores y egresados debemos cerrar filas en defensa de nuestra autonomía.
El futuro de la universidad no se negocia: se defiende con carácter, con argumentos y con unidad.
El poder político pasa; la universidad queda. Y quienes hoy pretenden usarla como peldaño deben saber que aquí no tendrán cabida.
